En Francia, el 40% de las residencias de mayores son, en su mayoría, sospechosas de engaño. Este es el resultado de una encuesta realizada por la Dirección General de Competencia, Consumo y Prevención del Fraude (DGCCRF) que evaluó 256 viviendas. Unos cientos de establecimientos están por tanto en infracción, según este informe desvelado por el diario dominical y que se publicará el lunes.
Entre la docena de abusos identificados, un ejemplo surge con mucha frecuencia: el engaño en los servicios facturados a los ancianos. En términos concretos, las residencias no informaron adecuadamente a los consumidores sobre los servicios ofrecidos. Así, los investigadores constataron, en sitios web o medios de comunicación, que ciertas estructuras se presentaban, erróneamente, como establecimientos médicos. Además, las residencias han mentido sobre la calidad del servicio mencionando, por ejemplo, la presencia 24 horas de un vigilante, una zona de balneoterapia o un gimnasio. Servicios inexistentes que fueron facturados por la gerencia del establecimiento, según la DGCCRF.
Otro ejemplo son los términos ilegales o abusivos en los contratos. Así, se cobran cuotas si las personas mayores utilizan un cheque de empleo de servicio universal que sirve, entre otras cosas, para declarar y pagar su posible ayuda a domicilio. Finalmente, existe la promesa de un crédito fiscal para los inquilinos residentes sobre la prestación de servicios personales. Problema: La gerencia no siempre especificaba las características de los servicios ofrecidos. Por tanto, los vecinos no sabían si los servicios a los que se suscribían eran individuales o colectivos. Consecuencia: los precios reclamados, que incluían la deducción fiscal prometida por el establecimiento, eran susceptibles de ser inflados por un suplemento, denuncia la DGCCRF. “Los precios mostrados pueden influir y sesgar la elección del residencial si hay engaño sobre los servicios”, subraya la Represión del Fraude.
La buena noticia: parece que tras las auditorías de las autoridades fiscales, «una gran mayoría» de los establecimientos afectados se han puesto rápidamente en conformidad. Como recordatorio, una empresa reconocida por engaño contra un individuo se arriesga a dos años de prisión y una multa de 300.000 euros, según el Código del Consumo (artículo L132-2).
