Lucha una y otra vez contra los efectos de la inflación. Si bien el nivel de precios se mantuvo bastante alto en mayo (5,1%, según el INSEE), a pesar de la estabilización, los sindicatos de funcionarios se movilizaron y unieron durante varios meses para exigir un aumento salarial. Esfuerzos que han dado sus frutos para los 5,7 millones de empleados del Estado, municipios y hospitales. Tras recibir este lunes a las organizaciones, el Gobierno anunció un aumento de 1,5% en el punto índice de los servidores públicos, que entrará en vigor el 1 de julio. El primer sindicato de los servicios públicos, la CGT, que exigía un aumento del 10% en el punto índice, vilipendió una medida «en gran medida insuficiente» al estimar en un 16% la pérdida de poder adquisitivo desde 2010.
Todos los agentes también obtendrán 5 puntos, correspondientes a una ayuda a tanto alzado de 25 euros adicionales al mes. Algunos de los funcionarios -aquellos cuyo salario bruto mensual asciende a 3.250 euros- obtendrán también, antes de finales de 2023, una bonificación de poder adquisitivo decreciente que oscila entre los 800 y los 300 euros. Esta medida afecta al 50% de los agentes del Estado y al 70% de los agentes de los hospitales públicos. Una recepcionista al inicio de su carrera ganaría un total de 182 euros al mes más, y un maestro de escuela con siete años de antigüedad 102 euros más, según el ministerio.
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Los funcionarios públicos también obtuvieron la renovación para 2023 de la garantía de poder adquisitivo individual, un aumento en los gastos de misión, una mejor cobertura de los abonos de transporte público y un aumento en la escala de monetización de las cuentas de ahorro de tiempo. Tras la subida del 3,5% del punto índice el pasado verano por un coste de 7.500 millones de euros, estas nuevas medidas ascienden a 3.500 millones de euros.
