La llegada del invierno nos trae de nuevo el espectro de un apagón eléctrico. El año pasado, el gobierno tuvo que decidirse a reactivar la central eléctrica de carbón de Saint-Avold (Mosela), al tiempo que hacía sonar una “movilización general” en favor de la sobriedad. Si bien los próximos inviernos prometen ser igual de tensos, estos retoques de último momento tendrán que dar paso a soluciones más duraderas. Es en este contexto que el Estado y el gestor de la red, RTE, apoyaron el lanzamiento de una convocatoria de proyectos (Eff’actee) en diciembre de 2022 para animar a las comunidades a realizar deslastre de carga.
Este aplazamiento (pagado) del consumo de electricidad podría constituir una poderosa herramienta para RTE, al permitir organizar la reducción temporal de la demanda cuando se avecina un sobrecalentamiento. “Actualmente, el borrado afecta principalmente a los grandes industriales, a los que se les paga para que apaguen sus máquinas”, explica Adam Soussana, piloto de Eff’actee en el seno de la FNCCR (Federación Nacional de Comunidades de Concesión y Gestión).
Pero mientras la industria representa apenas más del 10% del consumo eléctrico, “los edificios residenciales y terciarios consumen la mayor parte de la energía durante las horas punta”, subraya. De hecho, sólo la calefacción de los edificios representa el 40% del pico invernal y es muy fácil posponerla sin comprometer el confort de los usuarios, a diferencia de las paradas de máquinas que afectan al funcionamiento de las empresas.
En mayo, Eff’actee seleccionó una veintena de comunidades pioneras, entre ellas la metrópoli de Lyon, la ciudad de Lille y la comunidad urbana de La Rochelle. Para empezar, se favoreció a los mayores consumidores: “aquellos que tienen un gran edificio administrativo, un gran ayuntamiento o un gran grupo escolar”, ilustra Adam Soussana.
De aquí a finales de año, el programa, dotado con 1,5 millones de euros, financiará auditorías para identificar el potencial de borrado de más de 700 edificios públicos. También ayudará a las comunidades a ponerse en contacto con agregadores de respuesta a la demanda, cuyo trabajo es equipar los edificios con sistemas de automatización y luego gestionarlos de acuerdo con las necesidades de RTE. El tecnicismo no es un obstáculo porque muy a menudo los sistemas de automatización en cuestión adoptan la forma de un termostato conectado, que el agregador puede controlar cuando la red es estrecha. Por cierto, las comunidades también podrán ahorrar energía programando mejor su calefacción o ventilación.
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Las comunidades seleccionadas podrán empezar a borrar a principios de 2024. De media, “RTE ofrece una remuneración anual de 60.000 euros por megavatio borrable en los días de alta tensión”, indica Adam Soussana. En teoría, un edificio con un contador de 36 kVA podría generar entre 500 y 600 euros de ingresos al año. En última instancia, la FNCCR estima que las comunidades podrían eliminar de 5 a 6 gigavatios de energía, el equivalente a otras tantas centrales nucleares.
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