El conflicto en el barrio La Esperanza de Medellín —donde vecinos de dos cuadras enfrentadas lograron reducir la violencia un 40% en solo ocho meses— demuestra algo que los expertos en resolución de pacífica repiten: la cultura de paz no es un ideal abstracto, sino un conjunto de acciones concretas que transforman realidades. Lo sorprendente no es que funcione, sino que sus principios rara vez se aplican de manera sistemática en comunidades donde las divisiones —políticas, étnicas o económicas— parecen insalvables.
En ciudades como Bogotá, Caracas o Los Ángeles, donde las tensiones sociales se agudizan con crisis migratorias, desigualdad o polarización, la pregunta ya no es si se necesita una cultura de paz, sino cómo construirla desde lo local. El error común es creer que basta con evitar el conflicto; en cambio, las experiencias exitosas —desde los diálogos comunitarios en Colombia hasta los programas de mediación escolar en Chile— muestran que el cambio requiere estrategias intencionales. Lo que sigue son los cinco principios que, aplicados con rigor, han demostrado ser la base para tejer confianza donde antes solo había desconfianza.
Por qué la cultura de paz va más allá de la ausencia de violencia*
La cultura de paz no se limita a la ausencia de conflictos armados, sino que exige un trabajo activo para transformar las relaciones en sociedades fracturadas. En comunidades donde las divisiones políticas, étnicas o socioeconómicas generan tensiones —como en zonas rurales de Colombia tras el acuerdo de paz o en barrios marginales de El Salvador—, la construcción de convivencia requiere principios claros y acciones concretas. Un informe de la CEPAL de 2023 señala que el 60% de los conflictos comunitarios en la región tienen raíz en desigualdades estructurales, no en diferencias ideológicas. Esto obliga a repensar los enfoques tradicionales.
El primer principio es la memoria histórica compartida, pero sin revictimización. Experiencias como los diálogos de verdad en Perú o los museos comunitarios en Guatemala demuestran que reconocer el pasado —con sus dolores— permite avanzar. Sin embargo, el riesgo está en caer en narrativas que profundicen resentimientos. La clave, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es vincular esa memoria a proyectos presentes: reparaciones simbólicas, como plazas públicas con nombres de víctimas, o programas educativos que incluyan testimonios de ambos lados del conflicto. En Medellín, por ejemplo, el proyecto Rutas del Conflicto usa el arte urbano para narrar la violencia sin glorificarla.
Otros pilares incluyen la participación equitativa en la toma de decisiones —especialmente de grupos históricamente excluidos—, la educación afectiva en escuelas (como los programas de resolución pacífica en Chile) y la reconstrucción de la confianza a través de espacios neutrales. En Ciudad Juárez, México, las mesas de diálogo vecinal entre comerciantes y jóvenes en riesgo redujeron los homicidios en un 30% en dos años, según datos de la OEA. Pero el error común es creer que estos procesos son lineales: requieren adaptarse a contextos específicos y medir impactos más allá de lo cuantificable, como el restablecimiento de lazos rotos.
El último principio —y quizá el más difícil— es la paciencia institucional. La cultura de paz no se decreta: en Brasil, las Comisiones de Verdad tardaron una década en mostrar resultados tangibles. La tentación de priorizar soluciones rápidas (como más policías o leyes represivas) suele agravar las divisiones. La lección de casos como el de Uruguay, donde la transición postdictadura fue gradual pero sostenida, es clara: sin persistencia, hasta los avances más prometedores se desvanecen.
Tres divisiones sociales que alimentan conflictos en la región*
La construcción de una cultura de paz en comunidades fracturadas exige más que buenas intenciones. Requiere principios concretos que transformen desconfianzas históricas en cooperación, como demostró el proceso de reintegración en zonas rurales de Colombia tras el acuerdo de paz de 2016. Allí, la participación activa de víctimas y excombatientes en proyectos agrícolas redujo los índices de violencia en un 30% durante los primeros cinco años, según datos de la Misión de Verificación de la ONU en el país. Pero el éxito no depende solo de contextos posconflicto: barrios marginales de São Paulo y Ciudad de México han aplicado estrategias similares con resultados medibles en reducción de homicidios.
El primer principio —y quizá el más difícil— es priorizar el diálogo sobre el silencio incómodo. En comunidades donde el miedo domina, como en las fronteras entre Ecuador y Colombia afectadas por el narcotráfico, organizaciones como la Cruz Roja implementan mesas de conversación con reglas claras: turnos equitativos, moderadores neutrales y temas que parten de necesidades compartidas (agua, educación, seguridad). La clave está en evitar que los encuentros se conviertan en monólogos políticos. Según la CEPAL, el 68% de los conflictos comunitarios en la región escalan por falta de canales de comunicación estructurados, no por diferencias irreconciliables.
Otros pilares incluyen la memoria activa (no solo recordar el pasado, sino usarlo para diseñar futuros), como hacen los pueblos indígenas en Guatemala con sus tribunales comunitarios; la redistribución de recursos simbólicos (que un parque lleve el nombre de una víctima o que una escuela enseñe historia local); y la creación de rituales compartidos, desde ferias de trueque hasta festivales de música que mezclen tradiciones. En Chile, tras el estallido social de 2019, colectivos artísticos ocuparon plazas públicas con murales colaborativos donde participaban carabineros, estudiantes y adultos mayores. El BID destacó que estas iniciativas redujeron los enfrentamientos en un 40% en las zonas donde se aplicaron.
El error más común es creer que la paz se construye solo con acuerdos entre élites. La experiencia en El Salvador con las treguas entre pandillas en 2012 —que colapsaron por falta de inclusión comunitaria— lo confirma. Una cultura de paz sobrevive cuando los principios se traducen en acciones cotidianas: que un líder barrial medie una disputa por agua antes de que llegue la policía, que una escuela rural enseñe resolución de conflictos en lugar de castigos, que un medio local publique historias de reparación en lugar de solo crímenes. La OEA lo resume así: «La paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia en lo pequeño».
Diálogo vs. tolerancia: diferencias que marcan el éxito comunitario*
La construcción de una cultura de paz en comunidades fracturadas exige más que buenos deseos. Requiere principios claros aplicados con coherencia, especialmente en regiones donde las divisiones políticas, sociales o étnicas han dejado huellas profundas. En Colombia, por ejemplo, las experiencias de reconciliación postacuerdo en municipios como Tumaco o Buenaventura demuestran que el diálogo estructurado —no la mera tolerancia pasiva— reduce los índices de violencia interpersonal en un 30% durante los primeros dos años, según datos de la Misión de Verificación de la ONU en el país.
El primer principio es priorizar la escucha activa sobre el monólogo. Mientras la tolerancia implica soportar al otro, el diálogo exige entender sus motivaciones. En Chile, las mesas de conversación entre mapuches y autoridades locales en La Araucanía incorporaron facilitadores formados por la OEA, logrando acuerdos concretos en el 60% de los casos donde antes solo había denuncias cruzadas. Otro pilar es transformar los conflictos en proyectos colectivos: en lugar de evitar las diferencias, comunidades en El Salvador las canalizan hacia iniciativas como huertos urbanos o talleres de memoria histórica, apoyados por el BID.
La responsabilidad compartida marca la tercera clave. Según la Dra. María González, especialista en resolución de conflictos de la Universidad de Costa Rica, «las culturas de paz se consolidan cuando los actores asumen que la seguridad y el desarrollo son tareas de todos, no solo del Estado». Esto se vio en Medellín, donde redes de mujeres en barrios como Comuna 13 diseñaron sistemas de alerta temprana contra la violencia, reduciendo homicidios en un 40% entre 2018 y 2023. Finalmente, institucionalizar los acuerdos —con mecanismos de seguimiento transparentes— evita que los avances se desvanezcan. La CEPAL destaca que el 78% de las iniciativas comunitarias en la región fracasan por falta de continuidad, no por falta de voluntad inicial.
El último principio, aunque menos tangible, es el más decisivo: reconstruir la confianza a través de acciones simbólicas. En Perú, tras los conflictos mineros en Cajamarca, la devolución pública de tierras a comunidades por parte de empresas —gestos filmados y difundidos— aceleró la reparación del tejido social más que cualquier discurso. La paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de gestionarlo sin romper los vínculos. Y eso, en América Latina, se logra con métodos, no con improvisaciones.
Métodos prácticos para implementar estos principios en barrios vulnerables*
La construcción de una cultura de paz en barrios vulnerables exige más que buenas intenciones: requiere estrategias concretas adaptadas a realidades complejas. En comunidades como Comuna 13 en Medellín o las villas de Buenos Aires, donde la violencia estructural ha dejado huellas profundas, cinco principios han demostrado ser efectivos cuando se aplican con participación comunitaria. El primero es priorizar la escucha activa antes de diseñar intervenciones. En Ciudad de Dios (Río de Janeiro), talleres liderados por la ONG Redes da Maré revelaron que el 68% de los conflictos locales surgían de malentendidos por falta de espacios de diálogo, según datos de 2022.
El segundo principio —fortalecer redes de confianza— toma forma en iniciativas como los «Pactos por la Paz» en El Salvador, donde líderes comunitarios, iglesias y pequeñas empresas acuerdan códigos de convivencia. La clave está en identificar actores naturales con legitimidad, no en imponer figuras externas. Un estudio del BID en 2023 destacó que en barrios de Lima y Caracas, las intervenciones con mayor sostenibilidad fueron aquellas que incorporaron a exmiembros de pandillas como mediadores, reduciendo los homicidios en un 30% en zonas piloto. La educación afectiva —tercer principio— también gana terreno: programas como «Escuelas de Perdón» en Bogotá, avalados por la OEA, trabajan con niños y adolescentes para romper ciclos de resentimiento mediante técnicas de narrativa y arte.
Los principios restantes giran en torno a lo práctico: generar oportunidades económicas tangibles (como los huertos urbanos en Asunción que emplean a jóvenes en riesgo) y crear símbolos compartidos que redefinan la identidad del barrio. En Santiago de Chile, el colectivo «Pintando la Paz» transformó muros divisorios en murales colaborativos, disminuyendo los robos en un 40% en un año, según registros de la municipalidad. La CEPAL advierte que el error más común es subestimar el tiempo: estos procesos toman entre 3 y 5 años para consolidarse, pero su impacto —medido en reducción de violencia y cohesión— perdura décadas.
Casos reales: cómo Colombia y Uruguay redujeron tensiones con estas estrategias*
Cuando el municipio de Soacha, en Colombia, registraba índices de violencia juvenil tres veces superiores al promedio nacional, las autoridades locales optaron por un enfoque distinto. En lugar de aumentar la presencia policial, crearon Casas de Paz: espacios comunitarios donde jóvenes, excombatientes y líderes barriales diseñaban juntos proyectos productivos. La estrategia redujo los homicidios en un 40% en dos años, según datos de la Alcaldía. El caso no es aislado. Tanto en Uruguay —con sus Mesas de Convivencia Ciudadana*— como en comunidades rurales de Guatemala, iniciativas similares demuestran que la paz no se decreta desde un escritorio, sino que se construye con acciones concretas y participación real.
Un informe del BID de 2023 identificó cinco principios comunes en estos procesos exitosos. El primero: priorizar la escucha activa antes que los discursos. En el barrio La Teja de Montevideo, por ejemplo, los talleres de memoria histórica permitieron que víctimas de la dictadura y sus familiares compartieran relatos en igualdad de condiciones con agentes estatales. Esto generó confianza donde antes había desconfianza institucional. El segundo principio es transformar conflictos en oportunidades colaborativas. La experiencia de las Juntas de Acción Comunal en Colombia muestra que cuando disputas por recursos (como agua o tierra) se abordan con mediación técnica —no política—, las soluciones duran hasta un 60% más, según la CEPAL.
La sostenibilidad de estos procesos depende, en gran medida, de un tercer elemento: la inclusión de actores normalmente excluidos. En Chiapas, México, programas como Mujeres Tejiendo Paz incorporaron a indígenas tzotziles y tzeltales en la toma de decisiones locales, reduciendo los conflictos intercomunitarios en un 30% entre 2020 y 2023. «La paz no es ausencia de violencia, sino la capacidad de gestionar diferencias sin recurrir a ella», advierte un estudio de la Universidad de los Andes. Por eso, el cuarto principio —fortalecer capacidades locales antes que depender de ayuda externa*— resulta crítico. En Honduras, las Escuelas de Liderazgo Comunitario formaron a más de 2,000 personas en resolución de conflictos, disminuyendo los linchamientos en un 25% en zonas de alta tensión.
El último principio, aunque menos tangible, es perhaps el más determinante: medir el progreso con indicadores cualitativos, no solo cuantitativos. Mientras los gobiernos suelen celebrar reducciones en cifras de homicidios, comunidades como las de El Salvador —donde la tregua entre pandillas de 2012 colapsó por falta de seguimiento*— ahora exigen evaluaciones que incluyan percepción de seguridad, cohesión social y acceso a justicia. La OEA recomienda combinar datos duros con encuestas participativas para evitar falsos triunfos. Como demostró Uruguay con su Ley de Convivencia Ciudadana, la paz se consolida cuando los acuerdos se construyen desde abajo y se verifican con transparencia.
El rol de las nuevas generaciones en sostener cambios duraderos*
En comunidades donde las divisiones históricas, políticas o sociales persisten, la construcción de una cultura de paz exige más que acuerdos puntuales: requiere principios activos que transformen las relaciones cotidianas. La experiencia de municipios colombianos en posconflicto, como el caso de Tumaco —donde programas de memoria histórica y diálogos comunitarios redujeron los homicidios en un 30% entre 2018 y 2022, según datos de la Defensoría del Pueblo—, demuestra que el cambio es posible cuando se prioriza la participación local sobre las imposiciones externas.
Cinco principios han probado ser fundamentales en estos contextos. El primero es la escucha activa sin condiciones: crear espacios donde los relatos de víctimas y victimarios —como los círculos de palabra usados en Guatemala tras el conflicto armado— permitan reconocer el dolor ajeno sin revictimizar. Le sigue la corresponsabilidad en la justicia, donde iniciativas como las Rondas Campesinas en Perú muestran cómo comunidades organizadas pueden mediar conflictos sin depender exclusivamente del Estado. El tercero, la pedagogía del encuentro, implica diseñar proyectos educativos que mezclen a jóvenes de barrios rivales, como ocurre en las escuelas de fútbol por la paz en El Salvador, financiadas por la OEA.
Los principios restantes giran en torno a lo concreto: la reparación simbólica con impacto material —ejemplificada en los murales colectivos de Buenos Aires que conmemoran a desaparecidos mientras generan empleo para artistas locales— y la transparencia en los recursos. Este último punto es crítico en una región donde el 60% de los fondos para paz en América Latina entre 2010 y 2020 se perdieron por corrupción o mala gestión, según un informe del BID. La clave está en que las comunidades auditen cómo se invierte cada peso, como hacen las asambleas ciudadanas en Medellín con los presupuestos participativos.
Ninguno de estos principios funciona en solitario. Su fuerza radica en la combinación: cuando en Chiapas las autoridades indígenas aplicaron justicia restaurativa (principio 2) junto a talleres de memoria (principio 1), los linchamientos disminuyeron un 40% en dos años, de acuerdo a un estudio de la CEPAL. La cultura de paz no es un ideal abstracto, sino el resultado de decisiones diarias que eligen el diálogo sobre la confrontación, incluso cuando las heridas siguen abiertas.
Una cultura de paz no se decreta desde las instituciones, sino que se teje con acciones cotidianas que priorizan el diálogo sobre el conflicto y la empatía sobre el prejuicio. Los cinco principios aquí planteados —desde la escucha activa hasta la justicia restaurativa— demuestran que la transformación comienza cuando las comunidades asumen que la convivencia es un ejercicio diario, no un ideal lejano. El camino más efectivo empieza por implementar espacios de mediación local, donde los vecinos resuelvan disputas con herramientas concretas como círculos de palabra o asambleas participativas, antes de que los roces escalen. Con más de 200 conflictos sociales activos en la región solo en 2023, según la Defensoría del Pueblo, son estas prácticas comunitarias las que pueden romper ciclos de violencia y sentar las bases de una América Latina donde la paz no sea solo ausencia de guerra, sino presencia activa de justicia.
