El año 2023 cerró con un récord alarmante: por primera vez en la historia registrada, la temperatura global superó en 1,48 °C los niveles preindustriales, según datos de la NASA. Pero más allá de las cifras, el impacto se siente en el día a día: desde las olas de calor que azotaron ciudades como Monterrey y Santiago hasta las lluvias torrenciales que devastaron cultivos en Centroamérica, el medio ambiente está enviando señales que ya no pueden ignorarse. La crisis climática dejó de ser un escenario lejano para convertirse en una realidad que altera economías, salud pública y hasta la seguridad alimentaria en la región.
Ante este panorama, la pregunta ya no es si hay que actuar, sino cómo hacerlo de manera efectiva. Mientras gobiernos debaten acuerdos en cumbres internacionales, hay medidas concretas —desde cambios en el consumo energético hasta la protección de ecosistemas clave— que pueden frenar el deterioro del medio ambiente si se implementan con urgencia. La diferencia entre un futuro con crisis recurrentes o con soluciones viables depende, en gran parte, de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Estos son los cinco frentes donde el margen de acción sigue abierto.
Los datos que definen la crisis climática en 2024
El 2024 arrancó con alertas climáticas que exigen respuestas concretas. Según el informe más reciente de la CEPAL, América Latina y el Caribe enfrentan pérdidas anuales equivalentes al 1.7% del PIB regional por desastres relacionados con el clima, una cifra que podría duplicarse para 2030 si no se actúa con rapidez. La sequía prolongada en el Corredor Seco centroamericano, las inundaciones en el sur de Brasil y el retroceso acelerado de glaciares en los Andes no son fenómenos aislados, sino síntomas de un patrón que ya altera economías locales, la seguridad alimentaria y el acceso al agua.
Ante este escenario, cinco medidas urgentes destacan por su potencial de impacto inmediato. La primera, acelerar la transición a energías renovables, tiene en Chile y Uruguay ejemplos claros: ambos países generan más del 60% de su electricidad con fuentes limpias, según datos de la OLAD. La segunda, proteger y restaurar ecosistemas críticos, como los manglares en Colombia y México, que actúan como barreras naturales contra huracanes y almacenan hasta cuatro veces más carbono que los bosques tropicales. La tercera acción clave es reforzar los sistemas de alerta temprana, una lección que dejó el huracán Otis en México: comunidades con planes de evacuación claros redujeron las víctimas fatales en un 40%, de acuerdo con la OEA.
Otras dos prioridades giran en torno a la adaptación. Optimizar el uso del agua en la agricultura —responsable del 70% del consumo en la región— podría evitar crisis como la que enfrenta el lago Poopó en Bolivia, desaparecido en 2015 por la combinación de sequía y sobreexplotación. Finalmente, invertir en infraestructura resiliente no es un gasto, sino un ahorro: el BID calcula que cada dólar invertido en prevención evita siete en reconstrucción. Ciudades como Medellín, con su red de corredores verdes para mitigar el calor extremo, demuestran que las soluciones ya existen. Lo que falta es escala y voluntad política.
Cinco decisiones políticas que están frenando el avance ecológico
El último informe de la CEPAL advierte que América Latina y el Caribe podrían perder hasta el 10% de su PIB para 2050 si no se toman medidas contundentes contra el cambio climático. Pero 2024 sigue siendo un año clave para actuar, y hay cinco acciones concretas que —si se implementan con rapidez— podrían cambiar el rumbo de la región.
La primera prioridad es acelerar la transición energética en los países que aún dependen del carbón y los combustibles fósiles. Colombia, por ejemplo, obtiene el 70% de su electricidad de hidroeléctricas, pero países como México y Argentina mantienen matrices con alto uso de gas natural y petróleo. Según datos del BID, reemplazar solo el 20% de esa energía con fuentes renovables no convencionales (solar, eólica) reduciría las emisiones en 35 millones de toneladas de CO₂ al año. No se trata de abandonar los hidrocarburos de la noche a la mañana, sino de diversificar con proyectos como los parques solares de Atacama en Chile o los complejos eólicos en el istmo de Tehuantepec.
Otra medida urgente es frenar la deforestación en la Amazonía y el Gran Chaco, donde la expansión agropecuaria sigue siendo la principal amenaza. Brasil redujo la tala un 50% en 2023 con políticas de monitoreo satelital y sanciones, pero Bolivia y Paraguay registraron aumentos del 20% en zonas protegidas, de acuerdo con Global Forest Watch. La solución no es solo multar, sino ofrecer alternativas reales: en Costa Rica, el pago por servicios ambientales a comunidades logró recuperar el 60% de sus bosques en dos décadas. Copiar ese modelo —con fondos regionales— podría ser la clave.
El tercer punto crítico es la adaptación urbana. Ciudades como Lima, São Paulo y Ciudad de México ya sufren estrés hídrico, olas de calor extremas e inundaciones. Invertir en infraestructura verde (techos solares, corredores de humedales, sistemas de recolección de lluvia) no es un gasto, sino un ahorro: la OEA calcula que cada dólar invertido en prevención evita siete en daños. Santiago de Chile, con su plan de «barrios resilientes», demostró que es posible reducir un 40% el consumo de agua y energía en zonas vulnerables. El desafío ahora es escalar esas soluciones.
Finalmente, hay dos acciones que no pueden esperar: regular la minería ilegal —responsable del 80% de la contaminación por mercurio en ríos amazónicos— y reformar los subsidios a los combustibles. Ecuador y Perú avanzaron en fiscalizar la extracción aurífera, pero en países como Venezuela y Nicaragua la actividad sigue sin controles. Mientras tanto, eliminar los subsidios a la gasolina (que en algunos casos superan el 15% del presupuesto nacional) liberaría recursos para energías limpias. La cuenta regresiva ya comenzó: según la ONU, la región tiene menos de seis años para evitar efectos irreversibles.
Acciones cotidianas con impacto real: guía para empezar hoy
El 2024 arrancó con alertas climáticas que ya no son proyecciones lejanas, sino realidades que golpean con fuerza en la región. Desde las sequías prolongadas en el Corredor Seco centroamericano —que afectan a más de 2 millones de personas, según la CEPAL— hasta los incendios forestales en la Amazonía brasileña y chilena, los efectos del cambio climático exigen respuestas inmediatas. Pero mientras los gobiernos debaten acuerdos, hay acciones concretas que cualquier persona puede adoptar hoy para reducir su huella ambiental.
Una de las medidas más efectivas sigue siendo la transición hacia una dieta con menor consumo de carne. En países como Argentina y Uruguay, donde el consumo per cápita supera los 50 kilos anuales, reducirlo a la mitad podría disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 15%, de acuerdo con un estudio de la FAO. No se trata de eliminar por completo, sino de priorizar proteínas vegetales como lentejas, quinoa o garbanzos —cultivos que, además, son clave en la agricultura familiar de Perú, Bolivia y Ecuador—. Pequeños cambios, como declarar un «día sin carne» a la semana, ya muestran impacto cuando se adoptan de forma colectiva.
El manejo de residuos también urge revisión. En ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Santiago, menos del 20% de los desechos se recicla, aunque el 60% podría reutilizarse, según datos del BID. Aquí la clave está en separar correctamente desde el hogar: orgánicos para compostaje (que pueden convertirse en abono para huertos urbanos, como los que proliferan en Medellín), plásticos limpios y secos, y materiales como vidrio o aluminio. Iniciativas locales, como los puntos limpios en Lima o las cooperativas de recicladores en São Paulo, demuestran que sistemas comunitarios bien organizados logran tasas de reciclaje superiores al 50%. La diferencia la marca la constancia: un solo error en la separación contamina toneladas de material reciclable.
Otras dos acciones con alto retorno son la movilidad sostenible y el consumo energético inteligente. En ciudades con alto tráfico, como Buenos Aires o San José de Costa Rica, reemplazar aunque sea tres viajes semanales en auto por transporte público, bicicleta o caminata reduce la huella de carbono en un 30%, según la OEA. Y en el hogar, algo tan simple como usar focos LED, desconectar electrodomésticos en standby y aprovechar la luz natural puede bajar el consumo eléctrico hasta un 25% —un alivio para el bolsillo y para redes eléctricas sobrecargadas, como las de República Dominicana o Panamá durante las olas de calor—. El desafío no es la falta de opciones, sino la decisión de priorizarlas.
Mitos sobre el cambio climático que siguen retrasando soluciones
El 2024 llegó con récords preocupantes: enero fue el octavo mes consecutivo en batir marcas históricas de calor global, según datos de la NASA. Mientras los efectos del cambio climático se intensifican en la región —desde las sequías prolongadas en el Corredor Seco centroamericano hasta los incendios forestales en Chile y Argentina—, la ventana para actuar se reduce. Sin embargo, hay medidas concretas con impacto demostrable que países, empresas y ciudadanos pueden implementar este año.
Una prioridad inmediata es acelerar la transición hacia energías limpias en matrices eléctricas aún dependientes de combustibles fósiles. Costa Rica ya genera más del 98% de su electricidad con fuentes renovables, pero naciones como México o Colombia aún destinan entre el 60% y 70% de su producción a gas y carbón, de acuerdo con la CEPAL. Invertir en parques solares y eólicos a escala regional, como el proyecto Cerro Dominador en Chile —que combina energía solar y almacenamiento con sales fundidas—, podría reducir emisiones en un 15% para 2030. La clave está en combinar tecnología existente con políticas que eliminen subsidios a los combustibles contaminantes.
Otra acción crítica es frenar la deforestación en ecosistemas estratégicos. La Amazonía perdió 10 millones de hectáreas entre 2020 y 2023, según el sistema de alertas del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Iniciativas como el fondo Amazonía en Pie, impulsado por Colombia y Brasil con apoyo del BID, demuestran que restaurar áreas degradadas y fortalecer la gobernanza local puede recuperar hasta 30% de la capacidad de captura de carbono en una década. En el ámbito urbano, ciudades como Medellín o Curitiba han reducido su huella con corredores verdes y transporte público eléctrico, modelos replicables en metrópolis con alta contaminación.
El agua y la agricultura también exigen cambios urgentes. Técnicas como la siembra directa —ya adoptada por el 80% de los productores de soja en Argentina— reducen la erosión del suelo y el uso de agua hasta en un 40%. Mientras tanto, sistemas de alerta temprana para sequías, como los implementados por el Centro del Clima de la OMM en Centroamérica, permiten a pequeños agricultores adaptar cultivos y evitar pérdidas de hasta el 60% en temporadas críticas. La combinación de tecnología accesible y educación rural podría transformar una de las industrias más vulnerables al clima.
Por último, la presión ciudadana sigue siendo un motor de cambio. Movimientos como Fridays For Future en Perú o las demandas climáticas presentadas por jóvenes en México han logrado que tribunales exijan a gobiernos cumplir con acuerdos internacionales. En 2024, la participación en consultas públicas —como las abiertas por la Ley de Acción Climática en Chile— o el consumo responsable (priorizando productos con certificación carbono neutral) pueden inclinar la balanza. El informe Global Risks 2024 del Foro Económico Mundial advierte: sin acción colectiva, los costos de la inacción superarán el 10% del PIB regional para 2050. El margen es estrecho, pero las herramientas están sobre la mesa.
Tecnologías verdes en auge: qué funciona y qué no en la región
El último informe de la CEPAL advierte que América Latina y el Caribe enfrentan pérdidas anuales de entre el 1.5% y el 5% del PIB regional para 2050 si no se toman medidas climáticas contundentes. Con sequías prolongadas en el Cono Sur, huracanes más intensos en el Caribe y el retroceso acelerado de glaciares andinos, 2024 exige acciones concretas más allá de los acuerdos internacionales. La buena noticia es que cinco estrategias —ya probadas en la región— podrían reducir emisiones y proteger ecosistemas críticos en menos de una década.
La electromovilidad urbana avanza, pero con desigualdades marcadas. Mientras Santiago de Chile ya supera los 1,500 buses eléctricos (la segunda flota más grande del mundo después de China) y Medellín implementa cables aéreos con energía limpia para barrios vulnerables, ciudades como Lima o Ciudad de México aún dependen en un 90% de combustibles fósiles en el transporte público, según datos del BID. El desafío no es solo tecnológico: requiere políticas de financiamiento accesible para municipalidades y cooperativas de transporte. Colombia dio un paso clave en 2023 al eliminar aranceles para vehículos eléctricos usados, una medida que podría replicarse en Centroamérica.
En el sector agropecuario —responsable del 40% de las emisiones regionales—, la ganadería regenerativa y los sistemas agroforestales demuestran resultados tangibles. En Brasil, fazendas que adoptaron pastoreo rotativo lograron reducir un 30% sus emisiones de metano en cinco años, sin perder productividad. Mientras tanto, en los Andes, comunidades indígenas de Ecuador y Perú recuperan técnicas precolombinas de terrazas y camellones para cultivar sin fertilizantes sintéticos, mejorando la resiliencia ante lluvias extremas. Estos modelos, respaldados por la FAO, requieren escalarse con apoyo técnico y acceso a mercados justos.
La energía solar distribuida emerge como la solución más rápida para zonas no interconectadas. En Argentina, cooperativas eléctricas rurales instalaron 200 microredes solares en 2023, beneficiando a 50,000 familias sin acceso a la red tradicional. El modelo —que combina paneles, baterías de litio y gestión comunitaria— podría extenderse a la Amazonía peruana o al corredor seco centroamericano, donde el 12% de la población aún carece de electricidad. Según la OEA, invertir en estos sistemas genera tres veces más empleos locales que las grandes centrales hidroeléctricas.
Finalmente, la protección de «sumideros naturales» como manglares y turberas evita emisiones a bajo costo. México perdió el 30% de sus manglares desde 1980, pero proyectos como el de la Laguna de Términos —donde se restauraron 5,000 hectáreas con fondos del carbono azul— demuestran que cada dólar invertido en conservación costera reporta hasta 10 dólares en beneficios climáticos y pesqueros. La alianza entre gobiernos, ONGs y comunidades locales, como en los humedales de Uruguay o los páramos colombianos, es clave para frenar la deforestación que aún avanza en la región.
América Latina en 2030: escenarios posibles si actuamos ahora
El 2024 arrancó con señales claras: las olas de calor en el Cono Sur batieron récords en enero, los glaciares andinos perdieron un 30% más de masa que el promedio histórico y las sequías prolongadas en Centroamérica redujeron un 15% la producción de granos básicos, según datos de la CEPAL. No son proyecciones, sino realidades que exigen respuestas inmediatas. La ventana para evitar escenarios catastróficos en 2030 se estrecha, pero cinco acciones concretas —ejecutables ahora— podrían cambiar el rumbo.
La primera prioridad es acelerar la transición a energías limpias en las matrices eléctricas regionales. Mientras Costa Rica ya genera el 99% de su electricidad con fuentes renovables, países como Argentina y México aún dependen en más del 60% de combustibles fósiles, de acuerdo con el BID. La solución no requiere décadas: Chile demostró que, con políticas claras, es posible pasar del 5% al 40% de energías limpias en menos de una década. El reto está en replicar ese modelo con inversiones focalizadas en solar y eólica, aprovechando que Latinoamérica tiene el 30% del potencial global de energías renovables no explotado.
Otra medida crítica es frenar la deforestación en la Amazonía y el Gran Chaco, pulmones que absorben el 15% del CO₂ mundial. Brasil redujo un 50% la tala ilegal en 2023 con satélites de monitoreo en tiempo real y sanciones inmediatas, un sistema que Colombia y Bolivia podrían adoptar. Pero la tecnología no basta: programas como Pago por Servicios Ambientales en Perú, donde comunidades indígenas reciben compensaciones por proteger bosques, han logrado conservar 2 millones de hectáreas. Escalarlo requeriría solo el 0,5% del PIB regional, según estimaciones de la OEA.
El agua —o su escasez— será el termómetro del cambio climático en la región. Ciudades como Santiago de Chile y Monterrey ya racionan el líquido, mientras el 70% de los glaciares tropicales (claves para el suministro) podría desaparecer para 2050, advierte la UNESCO. La solución pasa por modernizar infraestructuras hidráulicas obsoletas —como las de Ecuador, donde se pierden 40% del agua por fugas— y promover técnicas de agricultura resiliente. En Argentina, cooperativas rurales que adoptaron riego por goteo y cultivos resistentes a sequías aumentaron un 30% su productividad sin gastar más agua. El conocimiento existe; falta voluntad política para masificarlo.
La lucha contra el cambio climático en 2024 exige menos discursos y más acciones concretas que escalen desde lo individual hasta lo sistémico. Los datos científicos no dejan margen a la duda: reducir emisiones, proteger ecosistemas clave y repensar el consumo son medidas que ya no pueden esperar, especialmente en una región como Latinoamérica, donde el 70% de la energía aún depende de fuentes contaminantes. El punto de partida está al alcance de todos — desde exigir políticas de transporte público limpio en las ciudades hasta apoyar a productores locales que practiquen agricultura regenerativa, pasando por cortar el uso de plásticos de un solo uso que asfixian ríos y océanos. Con la COP29 en el horizonte y una generación joven que ya moviliza cambios, el año que viene puede ser el parteaguas donde la región deje de ser víctima de la crisis climática para convertirse en líder de soluciones reales.
