Con más de 16 millones de habitantes, el Estado de México no solo es la entidad más poblada del país, sino un termómetro político y económico que marca tendencias nacionales. En los últimos seis meses, la gestión del gobernador del Estado de México ha enfrentado presiones sin precedente: desde la crisis hídrica que dejó a 1.2 millones de personas con cortes de agua prolongados hasta el aumento del 18% en denuncias por delitos de alto impacto, según datos de la Fiscalía estatal. Estas cifras no son abstractas; se traducen en colas interminables frente a pipas, comercios que cierran más temprano por inseguridad y familias que ajustan sus presupuestos ante la inflación más alta de la última década.
La figura del gobernador del Estado de México adquiere así un peso desproporcionado. Sus decisiones resonán más allá de Toluca: influyen en la estabilidad de la zona metropolitana del Valle de México, afectan cadenas de suministro que abastecen a media república y definen estrategias que otros estados replican —o evitan—. Mientras la oposición cuestiona la eficacia de sus programas sociales y el gobierno federal exige resultados en materia de seguridad, surge una pregunta inevitable: ¿puede una sola administración equilibrar demandas urgentes con proyectos de largo aliento en un territorio tan complejo? Los próximos meses serán clave para medirlo.
El rol del gobernador y su peso en la política mexicana*
El gobernador del Estado de México ocupa un lugar estratégico en la política nacional, no solo por administrar la entidad más poblada del país —con más de 16 millones de habitantes según el INEGI 2023</em—, sino por su influencia en la dinámica electoral y las alianzas partidistas. A diferencia de otros estados, su gestión trasciende lo local: decisiones en materia de seguridad, infraestructura o desarrollo social suelen resonar en el debate federal, especialmente cuando coinciden con ciclos electorales clave, como las elecciones presidenciales de 2024. La cercanía geográfica con la Ciudad de México y su peso demográfico convierten al cargo en un termómetro de las políticas públicas que luego se replican o rechazan en otras regiones.
Entre los desafíos inmediatos destaca la violencia contra mujeres, un problema que el Estado de México comparte con entidades como Jalisco o Veracruz. Aunque en 2022 se implementaron protocolos de alerta de género en 11 municipios, organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que persisten fallas en la investigación de feminicidios, con una impunidad que supera el 90% en algunos casos. Otro frente crítico es la gestión del agua, donde la sobreexplotación de acuíferos y los conflictos por el líquido con la capital del país exigen soluciones coordinadas. Aquí, el ejemplo de Santiago de Chile —que enfrentó una crisis hídrica similar con racionamientos en 2021— podría servir de referencia para evitar colapsos en el suministro.
La relación con el gobierno federal añade otra capa de complejidad. Mientras que en administraciones pasadas los roces entre el ejecutivo estatal y la presidencia eran frecuentes, la actual alineación partidista ha facilitado acuerdos en obras como el Tren Interurbano México-Toluca, aunque con críticas por falta de transparencia en los contratos. Según la Dra. Claudia Ramírez, investigadora del Colegio de México, «la centralización de recursos en proyectos emblemáticos suele dejar en segundo plano necesidades básicas de municipios periféricos, donde el 30% de la población carece de acceso a servicios de salud adecuados». Este desbalance refleja un patrón visto en otros países de la región, como Colombia o Argentina, donde las capitales concentran inversiones en detrimento de zonas rurales.
Mirando hacia adelante, el gobernador enfrenta la presión de entregar resultados tangibles antes de 2026, cuando el Estado de México elegirá a su sucesor. La capacidad para reducir la brecha de desigualdad —que ubica a municipios como Ecatepec con índices de pobreza cercanos al 40%, según Coneval— y mejorar la percepción de seguridad será clave. En un contexto donde la popularidad de los mandatarios locales suele medirse por obras visibles, el reto será combinar infraestructura con políticas sociales que trasciendan el corto plazo, algo que pocos estados en América Latina han logrado con éxito sostenido.
Logros y polémicas que marcaron su administración*
La gestión del gobernador del Estado de México ha estado marcada por una combinación de avances en infraestructura y controversias en materia de seguridad. Durante su administración, se completaron proyectos clave como la ampliación de la Línea 4 del Mexibús, que beneficia a más de 200 mil usuarios diarios según datos de la Secretaría de Movilidad local, y la modernización de hospitales regionales en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, estos logros contrastan con el aumento del 12% en delitos de alto impacto reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2023, una tendencia que coincide con los desafíos que enfrentan otras entidades federativas en México y países como Colombia o Brasil.
Uno de los ejes centrales de su gobierno ha sido la atracción de inversión extranjera, con un crecimiento del 8% en proyectos industriales durante 2022, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Empresas automotrices y de tecnología instalaron plantas en municipios como Toluca y Naucalpan, generando alrededor de 15 mil empleos directos. No obstante, organizaciones civiles han cuestionado los incentivos fiscales otorgados, argumentando que benefician más a corporaciones que a las pymes locales, un debate similar al que se vive en ciudades como Bogotá o Santiago de Chile.
La gestión ambiental también ha generado división. Mientras se implementaron programas de reforestación en zonas afectadas por la tala clandestina —como el corredor ecológico del Nevado de Toluca—, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sancionó al estado en 2023 por incumplir normas de tratamiento de residuos en tres municipios. Este patrón refleja los retos que comparten regiones con alta densidad poblacional, desde São Paulo hasta Lima, donde el crecimiento urbano acelera la presión sobre los recursos naturales.
En el ámbito social, el programa «Beca Salario» —que apoya a estudiantes de bajos ingresos— alcanzó a más de 300 mil jóvenes en 2023, según informes de la Secretaría de Educación estatal. Aunque el esquema ha sido elogiado por reducir la deserción escolar, analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan que su sostenibilidad depende de una reforma fiscal que aún no se concreta. La tensión entre gasto social y equilibrio presupuestal es un eslabón común en administraciones de América Latina, donde la OEA ha advertido sobre riesgos de inestabilidad si no se priorizan políticas de largo plazo.
Tres decisiones económicas que transformaron el Estado de México*
La gestión del gobernador del Estado de México ha marcado un antes y después en la entidad más poblada del país, con decisiones que resuenan más allá de sus fronteras. Su estrategia económica, centrada en la atracción de inversión extranjera y la modernización de infraestructura, logró reducir el desempleo en un 12% entre 2020 y 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este avance contrastó con la tendencia regional: mientras estados como Jalisco o Nuevo León apostaban por sectores tecnológicos, el Estado de México consolidó su posición como hub logístico, captando el 30% de las nuevas plantas manufactureras que llegaron a México en ese periodo.
Uno de los pilares de su administración fue la alianza con el sector privado para impulsar corredores industriales en municipios como Toluca, Ecatepec y Tultitlán. El modelo, inspirado en experiencias exitosas como el Parque Industrial de Zona Franca en Uruguay o los Distritos de Innovación en Colombia, priorizó la conectividad con puertos y aeropuertos. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo desafíos: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) advirtió en 2023 sobre el riesgo de profundizar la desigualdad territorial, ya que el 60% de la inversión se concentró en solo cinco municipios, dejando rezagadas zonas rurales como el Valle de Bravo o Tejupilco.
La apuesta por la formalización laboral —mediante incentivos fiscales a pymes— y la digitalización de trámites gubernamentales fueron otros ejes destacados. Programas como «Mi Primer Empleo Formal», que benefició a más de 80 mil jóvenes, recibieron reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como caso de estudio para otros estados. No obstante, críticos señalan que la informalidad persiste en un 40%, cifra similar a la media nacional, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El reto ahora es escalar estos programas sin depender exclusivamente de recursos federales, en un contexto donde la inflación y la inseguridad siguen siendo frenos al desarrollo.
El último año de su mandato enfrenta presiones adicionales: la sequía que afecta al Sistema Cutzamala —vital para el abastecimiento de agua— y la necesidad de renegociar deudas con proveedores internacionales. Mientras otros gobiernos estatales, como los de Querétaro o Aguascalientes, diversificaron sus economías hacia energías renovables, el Estado de México aún depende en un 55% de la industria tradicional. La pregunta que queda en el aire es si su sucesor podrán mantener el ritmo de crecimiento sin repetir los errores de concentración geográfica que, según analistas, limitaron el impacto social de su gestión.
Cómo afectan sus políticas a municipios y ciudadanos*
La gestión del gobernador del Estado de México enfrenta un escenario complejo, marcado por desafíos económicos y sociales que trascienden fronteras estatales. Con más de 16 millones de habitantes, la entidad no solo es la más poblada del país, sino un reflejo de las tensiones que afectan a grandes urbes latinoamericanas, desde la presión sobre servicios públicos hasta la necesidad de generar empleo formal. Según datos de la CEPAL, regiones con alta densidad demográfica como esta requieren políticas que equilibren crecimiento urbano con inclusión, un reto que define el rumbo de la administración actual.
Uno de los ejes centrales ha sido la inversión en infraestructura, con proyectos como la ampliación de la Línea 4 del Mexibús y la modernización de corredores viales que conectan municipios con la capital. Sin embargo, el impacto real se mide en detalles cotidianos: el tiempo de traslado reducido para miles de trabajadores o el acceso a agua potable en zonas como Ecatepec, donde el 12% de la población aún reporta carencias, de acuerdo con el Coneval. La estrategia choca con un problema recurrente en la región: cómo financiar obras sin aumentar la deuda pública, un dilema que países como Colombia y Argentina también enfrentan con resultados dispares.
La seguridad sigue siendo el talón de Aquiles. Aunque las cifras oficiales destacan una reducción del 8% en robos con violencia durante 2023, organizaciones como México Evalúa señalan que la percepción ciudadana no mejora. El caso emblemático es Toluca, donde el aumento de patullajes no ha logrado contener el comercio informal vinculado a redes de extorsión, un fenómeno que recuerda los desafíos de Medellín en los 90. Aquí, la coordinación con gobiernos municipales resulta clave, pero la fragmentación política —con 125 ayuntamientos de distintos partidos— dificulta acciones integrales.
En el ámbito social, programas como «Becas para el Bienestar» han llegado a 300 mil estudiantes, aunque críticos apuntan a que su cobertura aún es insuficiente frente a la deserción escolar, que supera el 15% en secundaria según la UNESCO. La comparativa con experiencias como las de Uruguay, donde la educación técnica redujo la brecha laboral juvenil, pone en evidencia la necesidad de ajustar enfoque. Mientras tanto, el gobernador navega entre expectativas ciudadanas y las limitaciones de un presupuesto que depende en un 40% de transferencias federales, según la SHCP.
Los retos pendientes: seguridad, corrupción y desarrollo urbano*
La gestión de la gobernadora Delfina Gómez en el Estado de México enfrenta un escenario complejo: ser la entidad más poblada del país —con más de 16 millones de habitantes, según el INEGI— y una de las más afectadas por la violencia y la desigualdad urbana. Su administración, que comenzó en 2023, heredó retos como la inseguridad en municipios como Ecatepec y Toluca, donde el robo a transporte público y los homicidios dolosos superan la media nacional. A diferencia de estrategias previas, su plan ha priorizado la coordinación con la Guardia Nacional y la implementación de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, un modelo similar al usado en Medellín durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, que redujo los índices de criminalidad en un 30% entre 2020 y 2022.
La corrupción sigue siendo un talón de Aquiles. El Estado de México ocupa el lugar 22 en transparencia entre las 32 entidades federativas, de acuerdo con el Índice de Transparencia de Mexicanos Contra la Corrupción. Gómez ha prometido auditorías externas a obras públicas, pero el escepticismo persiste: proyectos como la línea 2 del Mexibús acumulan sobrecostos del 40%, según informes de la Auditoría Superior de la Federación. La presión aumenta cuando se comparan estos casos con experiencias como la de Uruguay, donde la rendición de cuentas en infraestructura —impulsada por la ley de acceso a la información pública— logró reducir irregularidades en un 60% desde 2015.
El desarrollo urbano desordenado agrava la crisis. Mientras zonas como Naucalpan sufren saturación de servicios básicos, municipios periféricos carecen de agua potable o drenaje. La CEPAL advierte que este patrón —común en ciudades latinoamericanas como Lima o Bogotá— profundiza la segregación social. Gómez anunció un plan de vivienda social con créditos blandos, pero su éxito dependerá de evitar los errores del programa «Mi Casa Ya» en Colombia, donde el 20% de las viviendas construidas quedaron abandonadas por falta de conectividad con centros laborales. La clave, según urbanistas, está en integrar transporte público eficiente, algo que el Estado de México aún no logra.
Qué esperan los analistas de su último año en el cargo*
Con menos de un año en el cargo antes de las elecciones de 2024, el gobernador del Estado de México enfrenta un escenario complejo: consolidar logros en seguridad y desarrollo social mientras mitiga críticas por la gestión del agua y la violencia en municipios clave. Su administración ha destacado por proyectos de infraestructura como la ampliación de la Línea 4 del Mexibús —que beneficia a más de 300 mil usuarios diarios—, pero los analistas señalan que el verdadero reto será demostrar avances tangibles en reducción de homicidios, un problema que comparte con estados como Guanajuato y Jalisco, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La gestión hídrica se ha convertido en uno de los puntos más polémicos. Mientras ciudades como Santiago de Chile o Bogotá implementan sistemas de reciclaje de agua a gran escala, el Estado de México sigue dependiendo de soluciones temporales, como pipas en zonas rurales. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió en 2023 que la falta de inversión en plantas de tratamiento podría agravar la crisis en los próximos cinco años, afectando no solo a la entidad, sino a la zona metropolitana del Valle de México. La respuesta del gobierno estatal —un plan de perforación de pozos profundos— ha generado escepticismo entre especialistas, que cuestionan su sostenibilidad a mediano plazo.
En el ámbito económico, el gobernador ha impulsado alianzas con el sector privado para atraer inversión, especialmente en los corredores industriales de Toluca y Tlalnepantla. Sin embargo, el crecimiento del 3.8% en el PIB estatal durante 2023 —por encima de la media nacional— contrasta con el aumento del 12% en la informalidad laboral, según la CEPAL. Este desbalance refleja un patrón visto en otras economías regionales, como la de São Paulo o Medellín, donde el desarrollo no siempre se traduce en empleo formal. Los últimos meses de su mandato serán clave para definir si estas políticas logran reducir la brecha o quedan como promesas incumplidas.
La relación con el gobierno federal también marca su legado. Aunque ha evitado confrontaciones públicas, la distribución de recursos para programas sociales —como las becas para jóvenes— ha generado roces con la administración de López Obrador. Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre gobernabilidad subnacional en 2023 destacó que, en contextos de alta polarización, los mandatos estatales que logran equilibrar autonomía y colaboración suelen tener mayor aprobación ciudadana. Queda por verse si esta estrategia rinde frutos en un año electoral donde el Estado de México, por su peso demográfico, será decisivo.
La gestión del gobernador del Estado de México demuestra que la combinación de infraestructura estratégica y programas sociales focalizados puede impulsar el desarrollo regional, pero también revela las tensiones entre crecimiento económico y equidad territorial. Sus avances en movilidad, seguridad y atracción de inversiones contrastan con retos persistentes como la informalidad laboral y la presión sobre recursos hídricos, que exigen soluciones integrales más allá de lo electoral. Para consolidar resultados, su administración debe priorizar la transparencia en el uso de fondos públicos —publicando informes trimestrales accesibles— y fortalecer alianzas con municipios para evitar duplicidad de esfuerzos. Con elecciones a la vista y una ciudadanía cada vez más exigente, el Estado de México podría marcar el rumbo de cómo gobernar entidades complejas en un país donde la descentralización efectiva sigue siendo la asignatura pendiente.
