El informe Libertades en las Américas 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arroja una cifra reveladora: el 42% de los ciudadanos en la región considera que su libertad de expresión se ha reducido en los últimos cinco años, a pesar de los avances constitucionales en varios países. El dato no es abstracto. Se traduce en el comerciante que evita criticar una política pública por temor a represalias, en la estudiante universitaria que censura sus opiniones en redes sociales o en el periodista que elige el silencio ante la amenaza de demandas judiciales. Estos casos cotidianos plantean una pregunta fundamental: ¿qué es la libertad cuando su ejercicio parece condicionado por factores económicos, tecnológicos o políticos?
La respuesta va más allá de la definición clásica de ausencia de coacción. Qué es la libertad hoy implica analizar sus múltiples dimensiones —desde la autonomía individual hasta los límites del poder estatal— y su impacto concreto en sociedades donde la desigualdad y la polarización redefinen su alcance. Mientras algunos gobiernos promueven reformas para ampliar derechos civiles, organizaciones como Amnistía Internacional documentan retrocesos en libertades colectivas, como el derecho a la protesta pacífica o la privacidad digital. Entender este equilibrio, sus tensiones y su valor práctico, permite evaluar no solo el estado de las democracias, sino también las herramientas disponibles para protegerla en el día a día.
Libertad: el concepto que moldea civilizaciones desde la antigüedad*
La libertad no es un concepto abstracto confinado a libros de filosofía, sino la columna vertebral de sociedades que aspiran a progresar. Desde las rebeliones indígenas contra el dominio colonial en el siglo XVI hasta las marchas por derechos civiles en Santiago o Bogotá en el siglo XXI, su esencia ha evolucionado, pero su núcleo sigue intacto: la capacidad de actuar sin coerción arbitraria. Según el Informe sobre Democracia en América Latina 2023 de la OEA, el 68% de los ciudadanos de la región considera que la libertad individual es el valor más amenazado cuando los gobiernos restringen participación política o expresión pública.
Existen al menos tres dimensiones clave que definen su alcance. La libertad positiva —el poder de autodeterminarse— se materializa en políticas como la ley de identidad de género en Argentina o los acuerdos de paz en Colombia, donde comunidades históricamente marginadas ganaron herramientas para decidir su futuro. La libertad negativa, en cambio, se centra en la ausencia de interferencias: que un campesino en Perú pueda vender sus cosechas sin burocracia asfixiante o que una periodista en México publique investigaciones sin temor a represalias. Finalmente, la libertad colectiva emerge cuando grupos —desde pueblos originarios hasta sindicatos— logran incidir en decisiones que los afectan, como ocurrió con la Constitución chilena de 2022, redactada con participación ciudadana sin precedentes.
Su relevancia actual radica en que actúa como termómetro de la salud democrática. Cuando el BID analizó en 2024 los índices de desarrollo humano en la región, encontró una correlación directa: países con mayores libertades civiles —Uruguay, Costa Rica— registraron menor desigualdad y mayor innovación que aquellos con restricciones sistemáticas. El caso de Nicaragua, donde el cierre de medios independientes y la persecución a disidentes redujo en un 40% la inversión extranjera según la CEPAL, ejemplifica cómo su erosión frena el crecimiento. Incluso en lo cotidiano, la libertad se mide en detalles: que una joven en Buenos Aires elija su carrera sin presiones de género o que un emprendedor en Medellín abra un negocio sin sobornos.
El desafío pendiente es traducir su defensa en acciones concretas. Mientras organizaciones como Amnistía Internacional documentan retrocesos —como el aumento de leyes que criminalizan protestas en Ecuador o El Salvador—, también surgen iniciativas como las Veederías Ciudadanas en México, donde observadores civiles monitorean elecciones para garantizar transparencia. La libertad, en última instancia, no se decreta: se ejerce, se protege y, cuando es necesario, se recupera.
Tres dimensiones de la libertad que van más allá de lo político*
La libertad trasciende el simple derecho a elegir gobernantes o expresar opiniones. Es un concepto multidimensional que moldea desde las economías hasta las relaciones personales, con impactos tangibles en el desarrollo social. Según el informe Panorama Social de América Latina 2023 de la CEPAL, los países con mayores índices de libertades civiles registran hasta un 20% menos de desigualdad económica, vinculando directamente autonomía individual con progreso colectivo. Pero ¿qué abarca realmente este término?
En su dimensión jurídica, la libertad se materializa en constituciones y tratados. La Carta Democrática Interamericana la define como «condición esencial para el ejercicio pleno de los derechos humanos», un principio que, por ejemplo, permitió a Colombia desmovilizar grupos armados mediante acuerdos de paz o a Argentina avanzar en leyes de identidad de género. Sin embargo, su alcance va más allá: incluye la libertad económica —como el derecho a emprender sin barreras burocráticas excesivas—, la cultural —preservar lenguas indígenas como el quechua o el náhuatl— y la digital, cada vez más relevante en una región donde el 70% de la población usa internet, según datos del BID.
Un caso concreto ilustra su complejidad: en Chile, las protestas de 2019 comenzaron como demanda por libertad económica (contra el alza del metro) pero evolucionaron hacia reclamos de libertad política (nueva constitución) y social (derechos de pueblos originarios). Este ejemplo refleja cómo las restricciones en un ámbito —económico, en este caso— generan efectos dominó en otras esferas. La libertad, entonces, opera como un sistema interconectado donde el avance en un área fortalece las demás.
Su importancia radica en que actúa como termómetro de salud democrática. Países como Uruguay o Costa Rica, que lideran rankings de libertad de prensa en la región (según Reporteros Sin Fronteras), muestran también menor corrupción y mayor estabilidad. La relación es clara: donde hay libertad para fiscalizar, informar y participar, los sistemas son más transparentes. No se trata de un ideal abstracto, sino de un mecanismo que, bien ejercido, reduce abusos de poder y amplía oportunidades para mayorías históricamente excluidas.
Libertad individual vs. colectiva: conflictos reales en América Latina*
La libertad no es un concepto abstracto, sino un pilar que define cómo viven las sociedades. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se trata de la capacidad de actuar sin coacción, siempre que no se vulneren los derechos ajenos. Esto incluye desde elegir una profesión en Buenos Aires hasta manifestarse pacíficamente en Bogotá o decidir el número de hijos en Ciudad de México. Pero su alcance varía: hay libertades individuales (como la expresión o el movimiento) y colectivas (el derecho a la autodeterminación de pueblos indígenas, reconocido en convenios de la OEA).
En la práctica, estos tipos de libertad chocan con frecuencia. Un ejemplo claro es el conflicto entre el derecho a protestar y la necesidad de orden público. Durante las manifestaciones de 2019 en Chile, el 78% de los encuestados por CEPAL apoyaba las demandas sociales, pero el 62% también pedía límites a los bloqueos de calles que afectaban el comercio local. Aquí surge la tensión: ¿hasta dónde llega la libertad de uno cuando restringe la del otro? La respuesta no es absoluta, sino que depende de marcos legales —como las constituciones de Colombia o Uruguay— que buscan equilibrar ambos extremos.
Que la libertad importe no es una cuestión filosófica, sino de desarrollo. Países con mayor respeto a las libertades civiles tienen, en promedio, un 20% menos de pobreza extrema, según datos del BID. Esto se ve en casos como Costa Rica, donde la estabilidad democrática y la libertad de prensa (ranking 7 en Latinoamérica, según Reporteros Sin Fronteras) coinciden con indicadores sociales más altos. Sin embargo, el desafío persiste: en Nicaragua o Venezuela, la restricción de libertades políticas ha llevado a migraciones masivas, afectando no solo a quienes huyen, sino a las sociedades receptoras en Perú o Ecuador. La libertad, entonces, no es un lujo, sino un motor —o un freno— para el progreso regional.
Cómo ejercer la libertad responsablemente en el día a día*
La libertad se define como la capacidad de actuar, pensar y tomar decisiones sin coerción externa, siempre dentro de los límites que impone el respeto a los derechos ajenos. No es un concepto absoluto, sino un equilibrio entre la autonomía individual y las normas que garantizan la convivencia. En América Latina, donde el 45% de la población vive en contextos de vulnerabilidad social según la CEPAL, este equilibrio adquiere matices particulares: desde la libertad de expresión en países con altos índices de violencia contra periodistas hasta el derecho a elegir en economías con informalidad laboral superior al 50%. La libertad, entonces, no es solo un ideal filosófico, sino una condición práctica que moldea el desarrollo de las sociedades.
Existen al menos tres dimensiones clave. La libertad individual abarca decisiones personales, como la elección de carrera o estilo de vida, pero choca con realidades como el acceso desigual a la educación: en Brasil, solo el 18% de los jóvenes de familias de bajos ingresos logra terminar la universidad (datos del BID). La libertad colectiva se ejerce en espacios públicos, desde manifestaciones hasta la participación en consultas ciudadanas, como el plebiscito por la nueva Constitución en Chile o las consultas populares en Colombia sobre proyectos mineros. Por último, la libertad política —el derecho a votar, a formar partidos o a fiscalizar al poder— enfrenta desafíos como la desconfianza en las instituciones: en 2023, Latinobarómetro registró que el 73% de los latinoamericanos desconfía de sus gobiernos.
Su importancia radica en que es el motor del progreso y la innovación, pero también un termómetro de la salud democrática. Cuando se restringe —ya sea por censura, pobreza extrema o corrupción—, las consecuencias son tangibles. En Nicaragua, el cierre de medios independientes redujo el acceso a información verificada; en Venezuela, la hiperinflación limitó la libertad económica de millones. Pero también hay ejemplos de avance: Uruguay lidera en la región en libertades civiles (Índice de Democracia de The Economist), y países como Costa Rica demuestran que políticas públicas inclusivas amplían las oportunidades reales de elección. La libertad, en definitiva, no se mide solo por lo que el Estado permite, sino por lo que los ciudadanos pueden hacer con ella.
Los límites legales y éticos que nadie debería ignorar*
La libertad se define como la capacidad de actuar, pensar y expresarse sin coacciones externas, siempre que no se vulneren los derechos de otros. Este concepto, central en las democracias modernas, va más allá de la ausencia de esclavitud o prisión: abarca dimensiones políticas, económicas, sociales e individuales. En América Latina, donde el 60% de la población vive en países con democracias consideradas «parciales» según el Índice de Democracia 2023 de The Economist, entender sus matices resulta clave para evaluar el progreso regional.
Existen al menos tres tipos de libertad reconocidos en los marcos legales. La libertad política permite participar en elecciones y criticar al gobierno, como ocurrió en Chile durante el plebiscito constitucional de 2022. La libertad económica facilita emprender negocios o acceder a propiedades, aunque en países como Venezuela o Nicaragua enfrentan restricciones por controles estatales. Por último, la libertad individual —que incluye autonomía corporal y privacidad— ha sido tema de debate en Argentina con la ley de interrupción voluntaria del embarazo o en Colombia con fallos sobre eutanasia.
Su importancia radica en que sociedades con mayores libertades tienden a tener menos conflictos violentos y mayor desarrollo humano, según datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022 del PNUD. Sin embargo, el equilibrio no es absoluto: la libertad de expresión choca a veces con discursos de odio, y la autonomía individual debe convivir con normas colectivas. El desafío para la región, como señalaba la OEA en su Informe sobre Democracia 2023, es garantizar estos derechos sin caer en extremismos que los distorsionen.
Hacia una libertad sostenible: desafíos del siglo XXI en la región*
La libertad se define como la capacidad de actuar, pensar y expresarse sin coacciones externas, siempre dentro de los límites que impone el respeto a los derechos ajenos. No es un concepto abstracto: se materializa en decisiones cotidianas, desde elegir una profesión hasta participar en protestas pacíficas. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2022 del PNUD, el 63% de los latinoamericanos considera que la libertad individual es el pilar más valioso de una democracia, por encima incluso de la estabilidad económica. Sin embargo, su ejercicio pleno sigue siendo un desafío en una región donde persisten desigualdades estructurales y amenazas a la autonomía personal.
Existen al menos tres dimensiones clave. La libertad política —derecho a votar, asociarse o criticar al gobierno— ha avanzado en las últimas décadas, aunque con retrocesos recientes: la CEPAL alertó en 2023 sobre el aumento de restricciones a organizaciones civiles en Nicaragua, El Salvador y Venezuela. La libertad económica, en cambio, se mide por la facilidad para emprender o acceder a recursos; aquí, países como Uruguay y Chile lideran rankings regionales, mientras que economías informales (que representan el 50% del empleo en Perú y Bolivia, según la OIT) limitan opciones reales para millones. Finalmente, la libertad social abarca desde la igualdad de género hasta la identidad cultural: la legalización del matrimonio igualitario en Argentina (2010) o Colombia (2016) marcó hitos, pero comunidades indígenas en la Amazonía aún enfrentan presiones por defender sus territorios.
Su importancia radica en que es el motor del progreso colectivo. Sociedades con mayores libertades tienden a innovar más, resolver conflictos sin violencia y reducir la pobreza a largo plazo. Un estudio del BID reveló que los municipios colombianos con mayor participación ciudadana en presupuestos públicos redujeron la corrupción en un 30%. Pero la libertad también exige responsabilidades: el abuso de la desinformación en redes sociales —que afectó elecciones en Brasil (2022) y México (2024)— demuestra que su ejercicio irreflexivo puede erosionar la convivencia. La tensión entre derechos individuales y bienes comunes sigue siendo el gran debate del siglo XXI en la región.
La libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de elegir con autonomía en un marco que garantice derechos sin oprimir a otros. Su valor radica en ser el cimiento de sociedades justas, donde la diversidad de pensamiento y acción impulse el progreso sin caer en el caos. Para defenderla en lo cotidiano, urge cuestionar leyes que restrinjan sin justificación, apoyar medios independientes y ejercer el voto con información crítica, no con lemas vacíos. América Latina enfrenta hoy el desafío de consolidar libertades ganadas mientras cierra brechas que aún persisten en zonas rurales, comunidades indígenas y grupos históricamente marginados.
