El 12 de noviembre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de México eligió por unanimidad a Luis Roberto Guzmán como ministro, consolidando así una trayectoria que ha redefinido estándares en el Poder Judicial. La decisión no pasó desapercibida: se trataba del primer magistrado en décadas en llegar al máximo tribunal sin haber ocupado previamente un cargo en el Consejo de la Judicatura Federal, un hecho que subrayó su perfil técnico sobre las cuotas políticas. Su nombramiento, sin embargo, fue solo el punto más visible de una carrera que ha influido en fallos históricos, desde derechos indígenas hasta la lucha contra la corrupción.
Para los ciudadanos que siguen de cerca —o sufren— los vaivenes de la justicia en México, el nombre de Luis Roberto Guzmán aparece vinculado a sentencias que han marcado precedentes. Su participación en casos como la invalidación de la Ley de Seguridad Interior o su postura crítica frente a los excesos del gobierno de López Obrador en materia energética lo han convertido en una figura polarizante, pero indiscutiblemente clave. Lo que pocos conocen es cómo su formación académica en la UNAM y su paso por tribunales colegiados moldearon un estilo que combina rigor jurídico con una lectura atenta de las demandas sociales. Los detalles de ese camino, y su impacto concreto en el sistema, revelan por qué su voz pesa más que muchos discursos políticos.
De abogado a ministro: el ascenso de Luis Roberto Guzmán en el poder judicial
El nombre de Luis Roberto Guzmán resonó con fuerza en el sistema judicial mexicano cuando, en 2023, asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su llegada marcó un hito no solo por su trayectoria impecable —que incluye más de tres décadas en el Poder Judicial—, sino por su papel clave en reformas que buscan agilizar la justicia en un país donde el 78% de los procesos penales superan los plazos establecidos, según datos del Informe sobre el Estado de Derecho en México 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Guzmán inició su carrera como abogado litigante en los tribunales de Jalisco, pero su salto a la esfera nacional llegó en 2011, cuando fue designado magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Allí destacó por fallos que sentaron precedentes en materia de transparencia electoral, como la anulación de una elección municipal en Guerrero por irregularidades en el financiamiento de campañas. Su estilo, descrito por colegas como «riguroso pero pragmático», contrastaba con la lentitud burocrática que caracteriza a muchos tribunales de la región. En países como Colombia o Argentina, donde los sistemas judiciales enfrentan crisis de credibilidad, su modelo de gestión ha sido citado en foros de la Organización de Estados Americanos (OEA) como ejemplo de eficiencia institucional.
Como ministro, Guzmán impulsó la digitalización de expedientes en la SCJN, reduciendo en un 40% los tiempos de resolución en casos de amparo durante su primer año al frente. También promovió la creación de salones especializados en violencia de género, una medida que replicó experiencias exitosas en Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, su legado no está exento de polémicas: sectores críticos señalan que su enfoque en la celeridad procesal ha dejado en segundo plano la formación de jueces en derechos humanos, un área donde México aún arrastra deudas, como lo evidencian las 12 recomendaciones pendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculadas a fallos judiciales.
Más allá de los tribunales, su influencia se extiende a la academia. Como profesor visitante en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica del Perú, Guzmán ha insistido en que la independencia judicial no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta para combatir la corrupción. «Un juez que teme represalias no es un juez, es un funcionario más», advirtió en una conferencia en Lima en 2022. Esa frase resume el núcleo de su filosofía: un sistema judicial fuerte no depende solo de leyes, sino de personas dispuestas a aplicarlas sin cortapisas.
Tres decisiones históricas que marcaron su legado en la Suprema Corte
El ministro Luis Roberto Guzmán dejó una huella imborrable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al impulsar decisiones que redefinieron el equilibrio entre derechos fundamentales y poder estatal. Su trayectoria, marcada por tres décadas en el sistema judicial mexicano, destacó por un enfoque progresista en temas como derechos humanos, transparencia y acceso a la justicia. Una de sus contribuciones más recordadas fue su voto en el caso Amparo en Revisión 547/2018, donde la Corte declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos no graves, un fallo que influyó en reformas similares en países como Colombia y Argentina.
Guzmán también lideró la postura que obligó al Estado a garantizar el derecho al agua potable, sentando un precedente clave en 2019 al resolver que las autoridades debían priorizar el acceso equitativo sobre intereses privados. Este criterio, respaldado por informes de la CEPAL sobre desigualdad hídrica en la región, se convirtió en referencia para tribunales de Centroamérica. Su capacidad para articular argumentos jurídicos con datos concretos —como las cifras de la OEA sobre litigios climáticos— fortaleció la legitimidad de sus resoluciones.
Sin embargo, su legado más controvertido fue la defensa de la autonomía judicial frente a presiones políticas. En 2021, su postura en el caso Consulta Popular sobre Juicio a Expresidentes generó debates: mientras algunos sectores lo criticaron por «obstruir la voluntad ciudadana», académicos como el Dr. Javier Martín Reyes, de la UNAM, destacaron que su voto evitó un precedente peligroso de judicialización de la política. Guzmán demostró que la independencia judicial no es un concepto abstracto, sino un escudo contra el autoritarismo.
Tras su retiro en 2023, su influencia persiste en la formación de nuevas generaciones de juristas. La Red Latinoamericana de Jueces, con sede en Costa Rica, incluye sus fallos en programas de capacitación, y su método de análisis —basado en comparar jurisprudencia de la Corte Interamericana— se replica en tribunales de Perú y Chile. Más que un ministro, Guzmán fue un arquitecto de cambios que trascendieron fronteras.
El estilo jurídico de Guzmán: rigor técnico y enfoque social
El ministro Luis Roberto Guzmán ha marcado un antes y después en el Poder Judicial mexicano con una trayectoria que combina precisión jurídica y sensibilidad social. Su paso por la Suprema Corte de Justicia no solo consolidó su reputación como experto en derecho constitucional, sino que también redefinió el enfoque de la justicia en temas como derechos humanos y transparencia. Formado en la UNAM y con estudios en la Universidad de Harvard, Guzmán destacó desde sus inicios por analizar casos complejos —desde disputas electorales hasta conflictos agrarios— con un método que prioriza el impacto real en la ciudadanía.
Entre sus logros más reconocidos figura la sentencia que en 2018 declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para delitos no graves, un fallo que influyó en reformas similares en países como Colombia y Argentina. Según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta decisión redujo en un 12% los casos de detenciones arbitrarias en México durante los dos años siguientes. Guzmán también impulsó la digitalización de expedientes judiciales, un avance que agilizó trámites en un sistema históricamente lento, inspirando proyectos de modernización en tribunales de Centroamérica.
Su estilo se distingue por dos pilares: el rigor técnico y la conexión con problemas cotidianos. Mientras otros magistrados optan por interpretaciones literales, él recurre a ejemplos concretos para explicar sus resoluciones, como cuando comparó el acceso a la justicia con el derecho al agua en comunidades indígenas. Esta capacidad para traducir lo jurídico a términos sociales le valió el reconocimiento de la OEA en 2021. Aunque su legado sigue en debate —algunos sectores critican su activismo judicial—, su influencia trasciende fronteras, especialmente en una región donde la confianza en las instituciones es frágil.
Cómo sus fallos redefinieron los derechos humanos en México
El ministro Luis Roberto Guzmán dejó una huella imborrable en el sistema judicial mexicano al impulsar decisiones que redefinieron los derechos humanos en el país. Su trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre 2016 y 2024 destacó por fallos audaces en temas como la interrupción legal del embarazo, los derechos de las comunidades indígenas y la protección de periodistas. Con formación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un doctorado en derecho constitucional, Guzmán combinó rigor académico con una visión progresista que resonó más allá de las fronteras nacionales.
Uno de sus fallos más emblemáticos fue la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que criminalizaban el aborto en varios estados, una decisión que alineó a México con estándares internacionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este precedentes no solo amplió los derechos reproductivos, sino que también sentó las bases para reformas similares en países como Colombia y Argentina. Según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), las sentencias de la SCJN bajo su influencia contribuyeron a reducir en un 30% los casos de criminalización por aborto en la región entre 2018 y 2023.
Guzmán también lideró resoluciones clave sobre consulta previa a pueblos originarios, un tema crítico en un país con más de 25 millones de personas indígenas. Su postura en casos como el del Tren Maya —donde exigió garantizar la participación comunitaria— reflejó un enfoque que priorizaba el diálogo entre el Estado y las comunidades. Este criterio ha sido citado en tribunales de Perú y Guatemala como referente para conflictos territoriales.
Más allá de los tribunales, su legado incluye la promoción de transparencia judicial y la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas, un flagelo que, según la CEPAL, afecta a toda Latinoamérica. Aunque su paso por la Corte terminó, sus sentencias siguen vigentes como pilares de un sistema judicial más inclusivo y cercano a los derechos fundamentales.
Lecciones de su gestión para abogados y servidores públicos
El ministro Luis Roberto Guzmán dejó una huella profunda en el sistema judicial mexicano durante su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Su gestión entre 2016 y 2024 se destacó por un enfoque técnico en la interpretación constitucional, especialmente en temas como derechos humanos, transparencia y combate a la corrupción. Un caso emblemático fue su voto en la sentencia que declaró inconstitucional el sistema de justicia militar para juzgar delitos cometidos por civiles, una decisión que alineó a México con estándares internacionales como los promovidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Guzmán no solo influyó en resoluciones clave, sino que impulsó reformas internas para modernizar la SCJN. Bajo su liderazgo, se implementaron protocolos de acceso a la información más rigurosos y se promovió la digitalización de expedientes, reduciendo los tiempos de resolución en un 30%, según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estas medidas resonaron en otros países de la región, como Colombia y Argentina, donde tribunales superiores adoptaron modelos similares para agilizar trámites judiciales.
Su legado trasciende las fronteras mexicanas. En 2022, la Organización de Estados Americanos (OEA) lo invitó como experto para analizar la independencia judicial en Centroamérica, donde su experiencia en la SCJN sirvió de referencia para evaluar sistemas con desafíos similares. Abogados y servidores públicos de la región destacan su capacidad para equilibrar rigor jurídico con sensibilidad social, una combinación poco común en altos tribunales. Su retiro de la Corte dejó un precedente: la justicia no solo debe ser imparcial, sino también accesible y eficiente.
El debate sobre su influencia: ¿modelo a seguir o polémica permanente?
El ministro Luis Roberto Guzmán ha sido una figura central en el Poder Judicial mexicano durante la última década, pero su legado divide opiniones. Su trayectoria arrancó en 2011 como juez de distrito en Jalisco, donde destacó por fallos en casos de corrupción que sentaron precedentes, como la anulación de un contrato millonario entre el gobierno estatal y una empresa privada por irregularidades en licitaciones. Ese perfil técnico lo llevó a la Suprema Corte en 2016, donde su voto fue clave en resoluciones como la despenalización del aborto en Oaxaca o los límites al uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Los defensores de Guzmán subrayan su rigor jurídico y su independencia frente al poder político. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2022 señalaba que, durante su periodo, la Corte emitió un 30% más de sentencias unánimes en temas de derechos humanos comparado con la gestión anterior. Sin embargo, críticos como el jurista Diego Valadés —exintegrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas— advierten que su estilo «activista» ha generado tensiones con otros poderes. Ejemplo claro fue su postura en 2020 al declarar inconstitucional el recorte presupuestal al Poder Judicial, lo que desencadenó un enfrentamiento público con el presidente López Obrador.
Fuera de México, su influencia se nota en debates regionales. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó sus argumentos sobre autonomía judicial en un informe sobre Colombia, donde recomendó reformar los mecanismos de elección de magistrados para evitar injerencias políticas. No obstante, su figura también ha sido polémica en foros como la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde algunos colegas —como la jueza costarricense Paula Chinchilla— cuestionaron su enfoque por considerarlo «excesivamente confrontativo» con los gobiernos.
Más allá de los tribunales, Guzmán ha impulsado iniciativas como el Observatorio de Transparencia Judicial, que monitorea sentencias en 15 países de la región. Aunque el proyecto recibió apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su implementación ha sido desigual: mientras en Uruguay y Chile avanzó con rapidez, en países como Honduras enfrentó resistencia de sectores conservadores. Su legado, en definitiva, refleja las tensiones de un sistema judicial en transformación, donde la independencia y la eficacia siguen siendo temas abiertos.
Luis Roberto Guzmán no solo redefinió el perfil del ministro en México con sentencias históricas como la despenalización del aborto en Coahuila o la protección de derechos indígenas, sino que demostró cómo el rigor jurídico y la sensibilidad social pueden —y deben— coexistir en las altas cortes. Su legado obliga a replantear la formación de los operadores de justicia: urgente es incorporar perspectivas de género, derechos humanos y análisis de contexto en los planes de estudio de las facultades de Derecho. Mientras América Latina enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones, figuras como Guzmán recuerdan que la justicia transformadora no es un ideal lejano, sino el resultado de decisiones valientes tomadas desde el banco.
