El último informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) arroja una cifra alarmante: México ha perdido 12 especies en peligro crítico solo en los últimos cinco años, un ritmo de extinción que supera el promedio regional. Entre ellas, el vaquita marina —el cetáceo más pequeño del mundo— y el ajolote, símbolo cultural desde la época prehispánica, enfrentan un colapso inminente. Pero el problema no se limita a los libros de biología: la desaparición de estos animales en peligro de extinción en México altera ecosistemas completos, desde los manglares de Yucatán hasta los bosques de Michoacán, con consecuencias directas en la agricultura, el turismo y hasta la disponibilidad de agua para millones de personas.
Lo más preocupante no es solo la velocidad del declive, sino sus causas: tráfico ilegal, expansión agrícola descontrolada y políticas de conservación con lagunas críticas. Mientras países como Costa Rica logran recuperar especies con modelos de ecoturismo, México pierde animales en peligro de extinción a un ritmo que expertos califican como «evitable». El informe destaca soluciones concretas —desde corredores biológicos hasta fiscalización tecnológica—, pero su implementación choca con intereses económicos y falta de voluntad política. La pregunta ya no es si se puede frenar, sino qué costará no actuar.
Por qué la extinción de especies amenaza más que la biodiversidad mexicana*
La vaquita marina, el jaguar y el ajolote ya no son los únicos símbolos de la crisis de extinción en México. En los últimos cinco años, el país perdió doce especies clasificadas en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un ritmo que supera el promedio regional. Mientras Costa Rica lograba recuperar el 18% de sus poblaciones de anfibios con programas de cría en cautiverio, México enfrenta retrocesos: el 70% de estas pérdidas ocurrieron en ecosistemas costeros, donde la pesca ilegal y el desarrollo turístico sin regulación avanzan más rápido que las políticas de protección.
El caso del perrito llanero mexicano —un roedor endémico de los pastizales de Chihuahua— ejemplifica el patrón. Su población se redujo un 95% desde 2010, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). La causa no es un solo factor, sino la combinación de tres: la expansión agrícola que destruye su hábitat, el uso de pesticidas prohibidos en otros países de la región y la falta de corredores biológicos que conecten las zonas protegidas. «Cuando una especie como esta desaparece, no solo se pierde un eslabón en la cadena trófica, sino también servicios ecosistémicos como la aireación del suelo, clave para la agricultura local», advirtió el informe Biodiversidad en Riesgo 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las soluciones existen, pero requieren velocidad. Colombia demostró que con fiscalización satelital y multas efectivas se puede reducir la deforestación en un 30% en dos años. México podría adaptar ese modelo para sus áreas marinas protegidas, donde el 60% de las embarcaciones pesqueras operan sin permisos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Otra medida urgente es replicar el éxito de los viveros comunitarios en Oaxaca, donde indígenas zapotecas cultivan plantas nativas para restaurar bosques, una iniciativa que ya recuperó 2,000 hectáreas. Sin embargo, el obstáculo sigue siendo el mismo: solo el 12% del presupuesto ambiental federal se destina a conservación in situ, mientras el resto se diluye en burocracia.
El reloj corre en silencio. Si bien la atención mediática se centra en especies carismáticas como el lobo mexicano, son los insectos polinizadores —abejas nativas y mariposas— los que enfrentan el declive más acelerado. Su colapso no solo afectaría la producción de café en Chiapas o de aguacate en Michoacán, sino que desencadenaría crisis alimentarias en cadena, como ya ocurre en partes de Centroamérica. La pregunta ya no es si México puede permitirse perder más especies, sino cuánto costará —en términos económicos y humanos— no actuar ahora.
Las 12 especies críticas que podrían desaparecer en menos de una década*
La vaquita marina, el jaguar y el ajolote no son solo símbolos de la biodiversidad mexicana, sino especies al borde de un colapso irreversible. Según el último informe de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 12 especies endémicas podrían extinguirse antes de 2030 si no se frenan la caza furtiva, la destrucción de hábitats y el cambio climático. El caso más crítico es el de la vaquita marina: en 2023, la organización Sea Shepherd estimó que quedan menos de 10 ejemplares en el Alto Golfo de California, a pesar de los esfuerzos internacionales por protegerla.
Las causas son un cóctel de negligencia y presión humana. La tala ilegal en Chiapas y Oaxaca ha reducido el hábitat del jaguar en un 40% en la última década, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Mientras tanto, la contaminación de los lagos de Xochimilco —donde sobrevive el ajolote— amenaza a esta especie clave para la investigación médica, pues su capacidad de regeneración es estudiada en universidades de México, Colombia y Argentina. La solución no es solo legal: proyectos como el corredor biológico mesoamericano, impulsado por la OEA, demuestran que la cooperación regional puede salvar ecosistemas compartidos.
Existen avances, pero son insuficientes. El programa de cría en cautiverio del lobo mexicano, liderado por la UNAM, logró reintroducir 50 ejemplares en Chihuahua y Sonora desde 2011. Sin embargo, la falta de presupuesto y la corrupción en las áreas naturales protegidas —como denunció la Auditoría Superior de la Federación en 2022— frenan los resultados. La Dra. Elenaázar, bióloga de la Universidad de Costa Rica, advierte: «En Latinoamérica, perdemos especies a un ritmo 500 veces mayor que el natural, y México es el cuarto país con más especies en riesgo. Sin políticas transversales que involucren a comunidades indígenas y gobiernos locales, la extinción será inevitable».
Tres causas humanas que aceleran la crisis: de la deforestación al tráfico ilegal*
La vaquita marina, el jaguar y el ajolote ya no son los únicos símbolos de la crisis de biodiversidad en México. En los últimos cinco años, el país perdió doce especies clasificadas en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un récord que supera al de naciones con mayor superficie selvática como Brasil o Colombia. El informe más reciente de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala que el 80% de estas extinciones locales están vinculadas a tres actividades humanas: la tala ilegal en la Selva Lacandona, el tráfico de especies hacia mercados asiáticos y la expansión agrícola descontrolada en zonas protegidas.
El caso del loro cabeza amarilla es emblemático. Endémico de los bosques húmedos de Veracruz y Oaxaca, su población se redujo un 95% entre 2010 y 2023 debido al comercio clandestino de mascotas. Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cada ejemplar captura puede venderse por hasta 15,000 pesos en plataformas digitales, donde coleccionistas de Singapur y China pagan primas por especies mexicanas. La ruta más usada: puertos del Pacífico como Manzanillo, donde inspectores decomisaron 430 aves en 2022, según registros de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (UNODC).
Pero el tráfico no actúa solo. La deforestación avanza a un ritmo de 150,000 hectáreas anuales en México, equivalente a siete veces la superficie de la Ciudad de Panamá. En la Reserva de la Biósfera Calakmul —hogar del tapir centroamericano—, el 30% de los árboles talados en 2023 se destinó a cultivos de palma africana, según imágenes satelitales analizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La solución, advierten expertos, requiere acciones concretas: 1) fortalecer los corredores biológicos entre reservas, como el proyecto Jaguar 2030 que une selvas de México con Guatemala; 2) implementar tecnologías de bloqueo (blockchain) para rastrear madera legal, ya probadas en Costa Rica; y 3) duplicar las penas por tráfico de especies, hoy inferiores a las de narcotráfico en el Código Penal Federal.
El tiempo apremia. Mientras el gobierno destinó 800 millones de pesos en 2024 para programas de conservación, organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) estiman que se necesitan al menos 3,000 millones anuales para frenar el declive. La diferencia podría marcar la supervivencia de especies como el teporingo, un conejo endémico del volcán Popocatépetl del que quedan menos de 1,200 ejemplares. Sin cambios radicales, México riesgo repetir el caso de la pava cornuda, declarada extinta en 2020 tras décadas de promesas incumplidas.
Estrategias que sí funcionan: conservación comunitaria y corredores biológicos*
La pérdida de 12 especies en peligro crítico en México durante los últimos cinco años no es un dato aislado, sino el reflejo de un patrón que se repite en la región. Entre ellas destacan el vaquita marina —de la que quedan menos de 10 ejemplares—, el ajolote de Xochimilco y el jaguar en zonas como la Selva Lacandona. Según el informe Perspectivas del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe del BID, el 40% de las especies amenazadas en la región comparten una causa común: la fragmentación de hábitats por actividades agrícolas, ganaderas y el crecimiento urbano desordenado.
El caso del corredor biológico Mesoamericano, que abarca desde el sur de México hasta Panamá, demuestra cómo la conexión entre ecosistemas puede frenar la extinción. En Costa Rica, la recuperación del tapir centroamericano en la Reserva de Monteverde —gracias a pasillos forestales que enlazan áreas protegidas— redujo su riesgo de desaparición en un 30% entre 2015 y 2023. Sin embargo, en México la implementación de estos corredores avanza a un ritmo lento. Mientras países como Colombia y Ecuador destinan entre el 1.5% y 2% de su PIB a conservación, México invierte menos del 0.8%, según datos de la CEPAL.
Las soluciones urgentes pasan por tres ejes: financiamiento con enfoque comunitario, aplicación estricta de leyes ambientales y educación local. En Oaxaca, la experiencia de las comunidades zapotecas en la Sierra Norte —que combinan turismo sostenible con vigilancia de especies como el quetzal— logró reducir la caza furtiva en un 60%. Pero el desafío persiste en estados como Veracruz y Chiapas, donde la tala ilegal y los megaproyectos energéticos amenazan el último refugio de especies como el mono aullador y la guacamaya roja. La pregunta ya no es si se puede evitar la extinción, sino qué costos sociales y ecológicos está dispuesto a pagar el país por no actuar.
Qué pueden hacer los ciudadanos para frenar la pérdida de fauna silvestre*
La pérdida de biodiversidad en México alcanzó un punto crítico: 12 especies endémicas —entre ellas el vaquita marina, el jaguar y el ajolote— enfrentan un riesgo inminente de desaparecer, según el último informe de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Las causas son conocidas pero persistentes: la expansión agrícola descontrolada, el tráfico ilegal de fauna y la contaminación de ecosistemas acuáticos, un patrón que se repite en otros países de la región, como el caso del manatí en Colombia o el loro orejiamarillo en Chile.
El problema trasciende fronteras. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que el 40% de las especies en peligro en Latinoamérica comparten amenazas similares: deforestación para ganadería, minería ilegal y cambio climático. En México, la situación se agrava con la sobreexplotación de recursos. La pesca incidental, por ejemplo, ha reducido la población de vaquita marina a menos de 10 ejemplares, pese a las vedas establecidas. Mientras, en el centro del país, la urbanización devora los humedales que albergan al ajolote, un anfibio clave para la investigación médica.
Ante este escenario, las soluciones requieren acción coordinada. La experiencia de Costa Rica con los corredores biológicos —que conectan áreas protegidas para permitir el movimiento de especies— demuestra que es posible frenar el declive. En México, iniciativas como los santuaríos comunitarios en Oaxaca, donde pueblos indígenas protegen territorios, han logrado recuperar poblaciones de guacamayas. Pero se necesita más: fortalecer las leyes contra el tráfico de especies (actualmente con penas mínimas), promover agricultura sostenible y reducir el uso de plaguicidas que envenenan cadenas alimenticias.
La participación ciudadana es decisiva. Reportar avistamientos de fauna en plataformas como Naturalista, apoyar proyectos de ecoturismo responsable o evitar el consumo de productos derivados de especies amenazadas —como pieles de reptil o mascotas exóticas— son acciones concretas. Según la Dra. Elena Rojas, bióloga de la UNAM, «la extinción no es solo un problema ambiental; es una crisis social. Cada especie perdida debilita ecosistemas de los que dependen millones de personas, desde la polinización de cultivos hasta la purificación del agua».
El papel de México en la supervivencia de especies clave para el continente*
La pérdida de 12 especies en peligro crítico en México durante los últimos cinco años no es un dato aislado, sino el reflejo de una crisis ambiental que trasciende fronteras. Entre las más afectadas figuran el vaquita marina —de la que quedan menos de 10 ejemplares—, el jaguar en la selva lacandona y el ajolote, símbolo cultural cuya población silvestre se redujo un 99% desde 2020. Según el informe Estado de la Biodiversidad en América Latina (CEPAL, 2023), México ocupa el segundo lugar en la región con mayor número de especies amenazadas, solo detrás de Brasil, pero con una tasa de extinción acelerada por la fragmentación de ecosistemas únicos, como los humedales de Chiapas o los manglares de Yucatán.
Las causas son un cóctel letal: el 60% de las muertes de especies se vincula al tráfico ilegal hacia mercados asiáticos y europeos, donde animales como la tortuga carey o el loro cabeza amarilla alcanzan precios de hasta 15.000 dólares por ejemplar. La expansión agrícola —especialmente de aguacate y palma africana— y los megaproyectos turísticos en zonas costeras han destruido el 30% de los hábitats críticos en la última década, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). A esto se suma el cambio climático, que altera patrones migratorios y reduce fuentes de alimento, como ocurrió con la mariposa monarca, cuya población disminuyó un 22% en 2023 por las sequías extremas en Michoacán.
Las soluciones requieren acción coordinada. Colombia y Costa Rica demostraron que es posible revertir tendencias: el primero recuperó el 10% de su población de oso andino con corredores biológicos, mientras el segundo logró aumentar un 30% la anidación de tortugas marinas mediante patrulles comunitarias. En México, proyectos como el Fondo para la Conservación del Ajolote —apoyado por la UNAM y la Iniciativa Global para la Naturaleza— han logrado reproducir 2.000 ejemplares en cautiverio, pero urge escalar estos esfuerzos. La Dra. Elena Rojas, bióloga de la Universidad de Guadalajara, advierte: «Sin políticas que integren a las comunidades locales y frenen la corrupción en aduanas, seguiremos perdiendo especies que son clave para los ecosistemas de todo el continente, desde la polinización hasta el control de plagas».
El reloj avanza. Mientras la Unión Europea debate prohibir la importación de productos vinculados a la deforestación, México podría aprovechar su presidencia pro témpore de la Celac en 2024 para impulsar un tratado regional contra el tráfico de fauna, similar al acuerdo firmado por el Mercosur en 2021. La supervivencia de estas 12 especies no depende solo de leyes, sino de entender que su desaparición afectaría cadenas alimentarias compartidas con Centroamérica, desde los arrecifes del Caribe hasta los bosques mesoamericanos.
La desaparición de 12 especies en peligro crítico en México no es un dato aislado, sino el reflejo de un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico sobre la biodiversidad. Cada especie perdida debilita ecosistemas enteros, afectando desde la polinización de cultivos hasta la disponibilidad de agua, con costos que la sociedad pagará en las próximas décadas. La solución exige acciones concretas: fortalecer las áreas naturales protegidas con presupuestos reales —no solo sobre el papel—, castigar con penas ejemplares el tráfico ilegal de fauna y replantear proyectos agroindustriales que devoran hábitats críticos. México aún tiene la oportunidad de liderar en Latinoamérica un giro hacia la conservación, donde el progreso se mida por indicadores ecológicos y no solo por PIB, antes de que el «en peligro crítico» se convierta en «extinto».
