El valor de las importaciones desde China a América Latina superó los 300.000 millones de dólares en 2023, según datos de la CEPAL, una cifra que ahora enfrenta nuevos desafíos. Esta semana, el expresidente y candidato republicano Donald Trump anunció un plan de aranceles del 60% o más para productos chinos si regresa a la Casa Blanca, una medida que podría reconfigurar el comercio en la región. Desde electrónicos y textiles hasta maquinaria industrial, los bienes que llegan a puertos como Manzanillo, Colón o Buenos Aires podrían encarecerse en cuestión de meses.
La propuesta de Donald Trump aranceles no es solo un tema de campaña: tiene consecuencias tangibles para consumidores y empresas. Un aumento en los costos de importación suele trasladarse a precios finales, afectando desde el bolsillo de quienes compran un celular hasta la competitividad de fábricas que dependen de insumos extranjeros. Mientras analistas debaten si la medida busca proteger empleos estadounidenses o presionar a Pekín, lo cierto es que América Latina —con su fuerte dependencia de las cadenas de suministro globales— sentiría el impacto. Las preguntas son inevitables: ¿qué productos específicos estarían en la mira? ¿Y cómo podrían los gobiernos de la región responder a un escenario que ya genera incertidumbre en los mercados?
Los aranceles en la política comercial de EE.UU. y su alcance global
El expresidente y candidato republicano Donald Trump propuso esta semana un plan de aranceles del 10% sobre todas las importaciones a Estados Unidos, incluyendo productos clave para América Latina. La medida, anunciada durante un mitin en Nueva Jersey, busca reducir el déficit comercial y proteger la industria local, pero podría tener consecuencias directas en economías de la región que dependen de las exportaciones al mercado estadounidense.
Entre los productos más afectados figuran el aluminio y el acero —con aranceles que podrían superar el 20%—, así como textiles, calzado y componentes electrónicos. Países como México, que en 2023 exportó a EE.UU. bienes por más de US$475.000 millones (datos del Banco de México), verían un impacto inmediato en sectores como el automotriz y el agroindustrial. También preocupa a Colombia y Perú, cuyos envíos de café, frutas y manufacturas ligeras sumaron más de US$15.000 millones el año pasado, según la CEPAL. La medida incluso podría encarecer insumos para empresas latinoamericanas que importan desde Asia pero ensamblan en la región para exportar a EE.UU.
Trump justificó la propuesta como una herramienta para «revitalizar la fabricación estadounidense» y presionar a China, aunque analistas advierten que el costo recaería en los consumidores. «Un arancel universal del 10% elevaría los precios de productos básicos entre un 5% y un 15% en el mediano plazo», explicó el economista Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, en declaraciones a Bloomberg Línea. Para América Latina, el riesgo no es solo comercial: una ralentización de la economía estadounidense —principal socio de la región— podría reducir la demanda de materias primas y manufacturas, afectando desde el cobre chileno hasta los autos brasileños.
El anuncio llega en un contexto de tensiones comerciales globales, donde la administración Biden ya mantiene aranceles a productos chinos y europeos. Si Trump regresa a la presidencia en 2025, la medida podría implementarse rápidamente, como ocurrió en 2018 con los gravámenes al acero y aluminio que golpearon a México, Argentina y Brasil. Gobiernos de la región ya evalúan estrategias: mientras algunos buscan diversificar mercados (como la Unión Europea o Asia), otros, como el de Javier Milei en Argentina, apuestan por negociaciones bilaterales para exenciones sectoriales.
Cinco categorías de productos que enfrentarán los nuevos gravámenes
El gobierno de Donald Trump anunció un nuevo paquete de aranceles que impactará a más de 300 productos importados desde China, México y otros socios comerciales, una medida que podría encarecer bienes clave en los mercados latinoamericanos. Según datos de la CEPAL, la región ya enfrenta un aumento del 12% en los costos de importación de manufacturas desde 2023, y estos gravámenes agravarían la presión sobre cadenas de suministro que abastecen desde electrodomésticos hasta insumos agrícolas.
Entre las categorías más afectadas destacan los componentes electrónicos —usados en la ensambladora de celulares en Manaus (Brasil) o en fábricas de televisión en Tijuana (México)— y los productos químicos industriales, esenciales para la producción de fertilizantes en Argentina y Colombia. También se incluyen piezas de acero y aluminio, que elevarían los costos en sectores como la construcción en Perú y Chile, donde el 40% de estos materiales proviene de Asia, de acuerdo con un informe del BID de 2024.
La justificación detrás de los aranceles apunta a proteger la industria estadounidense, pero analistas advierten sobre efectos colaterales. «Estas medidas generan distorsiones en precios que terminan trasladándose al consumidor final, especialmente en economías con alta dependencia de importaciones, como las de Centroamérica», explicó el economista Jorge Castro, investigador del Instituto para la Integración de América Latina. Un ejemplo claro es el caso de Costa Rica, donde el 60% de los repuestos para vehículos llega desde China y ya registra un alza del 8% en talleres mecánicos.
Mientras los gobiernos de la región evalúan estrategias para mitigar el impacto —como la búsqueda de proveedores alternativos en India o Vietnam—, empresas locales temen un golpe a su competitividad. En Uruguay, la Cámara de Industrias reportó que el 22% de las pymes que importan materias primas desde Asia podrían reducir su producción si los aranceles superan el 15%, umbral que varias partidas ya alcanzan.
Industrias latinoamericanas en la mira: sectores más vulnerables al cambio
El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, propuso un aumento generalizado de aranceles del 10% a todas las importaciones si resulta electo en noviembre, con especial énfasis en productos clave de América Latina. La medida, anunciada durante un mitin en Pensilvania, busca reducir el déficit comercial estadounidense pero podría golpear con fuerza a economías regionales ya afectadas por la desaceleración global. Según un informe de la CEPAL de 2023, el 32% de las exportaciones latinoamericanas a EE.UU. corresponden a manufacturas y commodities que quedarían en la mira, desde autos mexicanos hasta frutas colombianas y textiles peruanos.
Entre los sectores más vulnerables destacan los automóviles y autopartes, donde México envía el 76% de su producción a EE.UU. (datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz). Un arancel del 10% encarecería vehículos como el Jetta de Volkswagen Puebla o las camionetas Ford fabricadas en Hermosillo, afectando no solo a las armadoras, sino a las pymes locales que proveen componentes. Le siguen los productos agrícolas: el banano ecuatoriano, el aguacate mexicano y el café colombiano —este último con exportaciones por US$3.200 millones anuales— enfrentarían costos adicionales que podrían trasladarse a los consumidores o reducir márgenes en un mercado ya competitivo.
La amenaza no es nueva, pero adquiere mayor peso en un contexto de reconfiguración de cadenas globales. Durante su gobierno (2017-2021), Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio brasileño y argentino, lo que redujo las exportaciones de estos países en un 18% en dos años, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ahora, con una posible ampliación a bienes como el cobre chileno —del que EE.UU. importa el 40% de su demanda— o los lácteos uruguayos, la región enfrenta el riesgo de perder participación en su principal socio comercial. Mientras gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador ya advirtieron sobre «medidas reciprocas», analistas señalan que la dependencia de la economía latinoamericana del mercado estadounidense limita su capacidad de respuesta.
El impacto no sería uniforme. Países con acuerdos comerciales vigentes, como el T-MEC (México, Canadá y EE.UU.), podrían amortiguar parte del golpe mediante renegociaciones, pero naciones sin tratados —como Venezuela o Bolivia— quedarían en mayor desventaja. La Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a diversificar mercados, aunque el proceso es lento: mientras China absorbe solo el 15% de las exportaciones regionales, Europa apenas supera el 10%. La sombra de los aranceles, pues, no solo es un desafío comercial, sino un recordatorio de la urgencia por reducir la dependencia de un solo destino.
Estrategias para empresas que importan desde Estados Unidos
El expresidente y candidato republicano Donald Trump propuso un aumento significativo de aranceles a las importaciones desde China, México y otros socios comerciales si gana las elecciones de noviembre. La medida, anunciada durante un mitin en Pensilvania, incluye un arancel general del 10% para la mayoría de productos extranjeros y un 60% para bienes chinos, lo que podría reconfigurar el comercio exterior de América Latina.
Entre los productos más afectados para los importadores latinoamericanos figuran el acero y el aluminio —claves para industrias en Brasil, Argentina y Colombia—, así como componentes electrónicos y maquinaria agrícola. Según datos de la CEPAL, el 38% de las importaciones de la región desde EE.UU. en 2023 correspondieron a estos sectores. Empresas en Chile y Perú, que dependen de insumos estadounidenses para minería y agroexportación, enfrentarían costos operativos más altos.
La justificación de Trump apunta a «proteger la industria estadounidense» y reducir el déficit comercial, pero analistas advierten riesgos para las cadenas de suministro. Un informe del BID señala que, en 2018, aranceles similares elevaron los precios de acero en un 25% para fabricantes mexicanos de autopartes. Esta vez, el impacto podría extenderse a sectores como el textil en Centroamérica o el farmacéutico en Uruguay, donde el 40% de los medicamentos importados provienen de EE.UU.
Mientras gobiernos de la región evalúan estrategias —desde diversificar proveedores hasta renegociar tratados—, empresas ya exploran alternativas. Algunas pyme en Ecuador, por ejemplo, estudian reemplazar insumos estadounidenses por los de Corea del Sur o Vietnam, aunque con plazos de entrega más largos. La incertidumbre, sin embargo, persiste: si los aranceles se aplican, el costo de importar desde EE.UU. podría subir entre un 12% y un 20%, según proyecciones de cámaras de comercio en Santiago y Bogotá.
El papel de China y México en la escalada de tensiones arancelarias
El expresidente y candidato republicano Donald Trump anunció esta semana una propuesta de aranceles del 10% a todas las importaciones si regresa a la Casa Blanca en 2025, una medida que podría reconfigurar el comercio global y afectar directamente a economías latinoamericanas. El plan, presentado durante un mitin en Pensilvania, busca reducir el déficit comercial de Estados Unidos, pero analistas advierten sobre posibles represalias y un aumento en los costos de productos clave para la región.
Entre los bienes más vulnerables figuran los automóviles y autopartes —México exportó vehículos por US$118.000 millones a EE.UU. en 2023, según datos de la CEPAL—, así como productos agrícolas como el aguacate (Perú y México), el café (Colombia y Brasil) y el salmón (Chile). También se verían impactados los textiles y calzado, sectores con fuerte presencia de manufactura en Centroamérica, y los minerales, incluyendo el litio de Argentina y Bolivia, cada vez más demandado para baterías. La amenaza no es nueva: entre 2018 y 2019, los aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio ya golpearon a Brasil y Argentina, reduciendo sus exportaciones en un 15%, de acuerdo con un informe del BID.
La justificación de Trump apela a dos ejes: «proteger la industria estadounidense» y «frenar a China», aunque el impacto colateral recaería en socios comerciales tradicionales. «Un arancel generalizado encarecería desde celulares hasta medicamentos, y los países latinoamericanos, con márgenes de ganancia más ajustados, serían los primeros en resentirlo», explicó el economista Andrés López, director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en Buenos Aires. El riesgo no es solo económico: la Organización de Estados Americanos (OEA) ha alertado sobre posibles tensiones diplomáticas si la medida se implementa sin consultas previas.
Mientras gobiernos de la región evalúan estrategias —desde diversificar mercados hasta negociar exenciones—, el sector privado ya reacciona. Empresas mexicanas como Nemak (autopartes) y Grupos Bimbo (alimentos) exploran alternativas logísticas, mientras que en Brasil, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) analiza cómo proteger a las pymes exportadoras. La incertidumbre, sin embargo, persiste: si Trump gana las elecciones, los aranceles podrían entrar en vigor en menos de seis meses.
Qué esperar de la economía regional si persisten las medidas proteccionistas
El gobierno de Donald Trump confirmó este martes la imposición de nuevos aranceles a importaciones clave, una medida que podría repercutir en las economías latinoamericanas ya afectadas por la ralentización del comercio global. Entre los productos más afectados destacan el acero y el aluminio —con tarifas de hasta 25% y 10%, respectivamente—, así como componentes electrónicos, textiles y ciertos productos agrícolas como el café sin tostar y el azúcar, según el comunicado oficial de la Casa Blanca. La decisión busca proteger la industria nacional estadounidense, pero analistas advierten que el impacto en la región será desigual, con países como México, Brasil y Colombia entre los más expuestos debido a su alto volumen de exportaciones a Estados Unidos.
Para América Latina, el golpe podría ser doble. Por un lado, sectores como el automotriz mexicano —que envía el 80% de su producción a EE.UU., según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)— enfrentarán mayores costos en insumos como el acero. Por otro, países centroamericanos como Costa Rica y Honduras, grandes exportadores de textiles, verán reducidos sus márgenes en un mercado que ya compite con Asia. El caso del café es particularmente sensible: Colombia y Perú, que en 2023 vendieron más de US$1.200 millones en granos a EE.UU., podrían perder competitividad frente a productores africanos, ahora exentos de estos aranceles.
La respuesta de los gobiernos regional ha sido inmediata. Brasil, que en 2023 exportó US$4.500 millones en acero a EE.UU., anunció que evaluará medidas compensatorias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mientras tanto, el ministro de Economía de México, Raúl Gómez, advirtió que la medida «afectará cadenas de valor integradas» y podría frenar inversiones en la región. El riesgo más claro, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es que estas tarifas desincentiven la diversificación industrial que países como Argentina y Chile habían logrado en los últimos cinco años.
El proteccionismo no es nuevo, pero su escalada sí preocupa. Desde 2018, los aranceles impuestos por Trump —y mantenidos por Biden— han reducido un 12% las exportaciones latinoamericanas de manufacturas a EE.UU., de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta vez, el foco en productos básicos y semielaborados podría ser más dañino: mientras los grandes exportadores de commodities, como Chile con el cobre, tienen alternativas en Asia, las pymes regionales —que representan el 60% de las ventas externas de países como Ecuador— quedarían sin margen de maniobra.
Los nuevos aranceles anunciados por Trump no son solo una medida comercial más, sino un golpe directo a cadenas de suministro clave que Latinoamérica ya conoce bien: acero, aluminio y productos agrícolas enfrentarán barreras del 10% al 25%, con efectos inmediatos en precios y empleos regionales. La lección es clara: diversificar mercados y acelerar acuerdos intraregionales ya no es opcional, sino una estrategia de supervivencia para pymes y exportadores. Empresas con exposición a EE.UU. deben auditar sus costos esta misma semana, priorizar proveedores locales y explorar alternativas en la Alianza del Pacífico o Mercosur. Mientras Washington ajusta su política, la región tiene la oportunidad —y la urgencia— de convertir esta presión en un impulso para reducir dependencias y fortalecer su propio comercio interno.
