Tras la desescalada, toca hacer balance. Según nuestra última encuesta de Odoxa-Backbone Consulting para Le Figaro, una abrumadora mayoría de franceses (84 %) denuncia el estallido de violencia que siguió a la muerte del joven Nahel, asesinado por disparos policiales al margen de un control de tráfico, después de un negativa a cumplir en Nanterre. Durante los disturbios nocturnos que siguieron, y que duraron casi una semana, los funcionarios electos, las empresas y los edificios públicos fueron atacados en todo el territorio, causando daños estimados en varios cientos de millones de euros, incluso mil millones según el Medef. Lo que provoca la “ira” del país (84%) ante estas imágenes de caos, así como el “miedo” (66%).

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Incluso si la calma parece haberse confirmado desde entonces en el frente social, los franceses aún temen una nueva oleada de tensión: el 89% dice estar “preocupado” por el futuro del país. Contrariamente al resto de la población, solo los partidarios de La France Insoumise (60%) dicen que “entienden” esta violencia urbana. Una posición coherente con la actitud de Jean-Luc Mélenchon y sus tropas, que durante mucho tiempo se han negado a pedir “calma”.

Si bien el apoyo popular a las fuerzas del orden sigue siendo alto (64%), no se acompaña de un reflejo legitimista de apoyo al gobierno (27%), como sucede a veces en tiempos de crisis. Por el contrario, los franceses dicen que esperan medidas firmes del ejecutivo, particularmente en lo que respecta a la inmigración: el 59% pide un endurecimiento del proyecto de ley previsto para el otoño. Y con razón, los hechos recientes son percibidos a sus ojos como “la consecuencia de los fracasos de nuestra política migratoria”. Una afirmación que contrasta con el discurso adoptado por Gérald Darmanin, según el cual “había muchos Kevins y Mattéos” entre los detenidos, que eran “en un 90% franceses”. Suficiente para que el Ministro del Interior diga que “la cuestión hoy son los jóvenes infractores, no los extranjeros”.

Sin embargo, una gran mayoría de los encuestados (71%) parecen desvincularse del arrendatario de Beauvau, reclamando la reducción de los flujos migratorios. Y alineándose detrás de dos propuestas realizadas en particular por la derecha de LR y los nacionalistas: la eliminación de la “excusa de la minoría” (78%) y las “sanciones económicas” a los padres de los infractores (77%).