Ocho soldados congoleños, entre ellos cinco oficiales, fueron condenados a muerte por “cobardía” y “huir del enemigo” el viernes por un tribunal militar en Goma, en el este de la República Democrática del Congo, donde la rebelión del M23 está ganando terreno. suelo. La fiscalía había solicitado la pena de muerte contra los 11 militares juzgados en el mismo caso, pero el tribunal absolvió a tres militares, al considerar que los hechos que se les imputaban “no estaban establecidos”. Todos estaban en primera línea de los combates contra la rebelión del M23 (“Movimiento 23 de Marzo”) que, con el apoyo de unidades del ejército de la vecina Ruanda, se apodera desde hace dos años de grandes extensiones de territorio en la provincia del Norte. Kivu, cuya capital es Goma.

Según su defensa, estos hombres “nunca huyeron del enemigo, ni abandonaron su posición, al contrario”. Pero el tribunal dictaminó que los delitos cometidos contra ocho de ellos estaban establecidos “de hecho y de derecho”. Este veredicto se produce cuando el gobierno de la República Democrática del Congo anunció a mediados de marzo su decisión de levantar la moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte que estaba en vigor desde 2003 en el país. Explicó que esta medida se dirige a los militares acusados ​​de traición y a los autores de “bandidaje urbano con resultado de muerte de un hombre”.

La derrota del ejército congoleño y de sus milicias auxiliares ante el avance del M23 ha alimentado sospechas entre las autoridades de infiltración de las fuerzas de seguridad. Desde el inicio de esta rebelión, numerosos militares, incluidos altos oficiales de las FARDC (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo), pero también diputados, senadores y personalidades del mundo económico del este de la República Democrática del Congo, han sido detenidos y acusados ​​de «complicidad». con el enemigo”.

De visita en Kinshasa a mediados de abril, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró «preocupado» por esta decisión de las autoridades de Kinshasa, recordando que Naciones Unidas quería «la abolición de la pena de muerte en todo el mundo». Interrogado por la televisión alemana Deutsche Welle a finales de abril, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, declaró que la República Democrática del Congo había tomado esta decisión para «disuadir» a los cómplices de Ruanda. “Si persisten, se les aplicará la pena de muerte”, aseguró.

Durante más de 20 años, en la República Democrática del Congo se habían dictado periódicamente sentencias de muerte, especialmente en casos que involucraban a soldados o miembros de grupos armados, pero se conmutaban sistemáticamente por cadena perpetua.