CIUDAD DE GUATEMALA . La cobertura internacional de las noticias relacionadas con América Central, es históricamente muy limitado, y en los últimos años parece centrarse en la experiencia de la migración – cuando esto está relacionado con el politche proteccionistas en los estados unidos – y en el espectáculo del tráfico de drogas y de sus protagonistas. La historia de Guatemala en este contexto, casi desaparece y vuelve a la superficie sólo durante el tiempo de la elección, o cuando un cómico de la televisión, Jimmy Morales, se convirtió en el presidente de la República.
La criminalización de los movimientos sociales. la atención hacia El proceso electoral, y de los últimos escándalos que han invertido en la primera ronda es legítima, pero la corrupción y la concentración de poder en manos de una élite ladino y cerca de los militares – en un País con una mayoría indígena – es una constante en la historia de Guatemala. Después de 36 años de régimen militar y el conflicto armado interno – de los 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, el 450.000 refugiados y 422 masacres – la transición democrática que se inicia en el nivel institucional en la raíz de los Acuerdos de Paz en 1996, pero nunca se ha traducido en políticas destinadas a garantizar los derechos humanos de la población y el cese de la violencia política. En estos 23 años, aquellos que han tratado de reivindicar la memoria, la justicia social y los derechos han sido criminalizados, amenazados y asesinados sin recibir una protección completa contra el Estado y sus instituciones.
La exhortación de la ONU. En su informe sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Relator Especial de la Onu Victoria Tauli-Corpuz puesto de manifiesto los graves deficiencias con respecto a la defensa de los activistas de derechos humanos en Guatemala, denunciando la pasividad de las instituciones: «El Estado debe adoptar la política pública sobre la protección de los militantes y activistas de los derechos humanos y fortalecer la intervención en el análisis de los ataques,»y debe «garantizar que la formación interna del Ministerio Público en el campo de las investigaciones sobre los crímenes en contra de los activistas y las activistas de los derechos humanos».
Bajo ataque constante. , se puede decir, sin exageración, que a partir de 1960 hasta la actualidad, para no retroceder en la historia, ninguna persona tiene derecho, dentro de los confines de guatemala, para defender la dignidad y los derechos de la población y de los territorios sin ser procesados y víctimas de la violencia. Entre la primera y la segunda vuelta electoral, prevista para el 11 de agosto, se celebra el aniversario del asesinato de la activista, la indígena maya ixil región de Juana Raymundo, coordinador regional del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), torturado y muerto en Nebaj en el pasado año. Mientras que en septiembre, hace un año, fueron asesinados Juana Ramírez Santiago, integrante de la Junta Directiva de la Red de Mujeres Ixiles y Ana Greisy López, activista, LGBTQI y representante de la organización OTRANS Reinas de la Noche de Coatepeque.
La violencia política. Son 26 asesinatos, 392 agresión, y el 18 de intentos de asesinato en contra de los activistas y las activistas de los registrados en el año 2018 por la Unidad de Protección de un Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), que se suman a los 52 muertes violentas registradas en el año 2017. Un panorama preocupante a la luz de los dos candidatos que competirán en la segunda ronda electoral, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza y Alejandro Gianmattei de la fiesta, Vamos, que no parecen ofrecer margen de mejora en esta grave situación. En los programas electorales de los dos partidos políticos no están incluidos en las políticas específicas en materia de protección integral y orientación para prevenir los ataques y garantizar la incolumitá física y psicológica de los activistas y las activistas por los derechos humanos.
Donde se convierte en la realidad . Otro hallazgo parece confirmar la tendencia de la dramática situación de aquellos que luchan cada día a una vida libre de violencia. Los cambios en el democráticas en el sentido de que han cruzado la sociedad guatemalteca no han encontrado en el Parlamento de una herramienta adecuada para su promoción y aplicación. Aquellos que dieron un aporte fundamental en este sentido, son las organizaciones comunitarias de mujeres, campesinos, activistas de derechos humanos y activistas que han estado trabajando durante años en los territorios bajo la amenaza constante, dedicando – en el sentido literal del término – su vida a la lucha por la dignidad y la justicia social.
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