(Kabul) Las autoridades talibanes participarán en la tercera ronda de conversaciones sobre Afganistán organizada por las Naciones Unidas en Qatar, tras haber rechazado la invitación anterior, anunció el domingo un portavoz del régimen.
“Una delegación del Emirato Islámico participará en la próxima conferencia de Doha. Ella representará a Afganistán allí y expresará la posición de Afganistán”, dijo el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, sobre las conversaciones previstas para el 30 de junio y el 1 de julio.
La delegación talibán -cuya composición aún no se ha anunciado- participará porque la agenda parece «beneficiosa para Afganistán», dijo Mujahid a los medios afganos.
La agenda incluye “temas como la ayuda a Afganistán y la creación de oportunidades para inversores en Afganistán, lo cual es importante”, dijo.
El Gobierno talibán, que tomó las riendas del poder en Afganistán en 2021 y fue excluido de una primera reunión en Doha en mayo de 2023, se negó a participar a menos que sus miembros fueran los únicos representantes del país.
También exigió un tête-à-tête con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Condiciones consideradas “no aceptables” en ese momento.
«Es impensable que los diplomáticos puedan reunirse para discutir sobre Afganistán en medio de una crisis así y hacerlo sin que los derechos de las mujeres sean el tema principal de la agenda y sin que las mujeres afganas participen plenamente en la discusión», respondió Heather Barr, subdirectora. de los derechos de las mujeres para la ONG Human Rights Watch.
Se espera que las reuniones se centren en temas económicos y financieros, así como en los esfuerzos para combatir el narcotráfico, según fuentes diplomáticas.
Varios otros grupos de la sociedad civil también han instado a la ONU a priorizar las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres.
Desde su regreso al poder, las autoridades talibanes no han sido reconocidas oficialmente por ningún país y aplican una interpretación ultrarigurosa del Islam, aumentando las medidas liberticidas contra las mujeres, una política calificada de “apartheid de género” por la ONU.
Muchos gobiernos y organizaciones humanitarias han suspendido o reducido la financiación en este país donde la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza y 15 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, según el Banco Mundial.
