(Numéa) Varios activistas independentistas de Caledonia, entre ellos Christian Tein, líder del movimiento sospechoso por las autoridades francesas de haber orquestado el reciente levantamiento contra la reforma electoral, serán puestos en prisión preventiva en Francia continental (territorio europeo de Francia). Lo anunciaron el sábado sus abogados, quienes dijeron estar “atónitos”.
Estas decisiones fueron tomadas por un juez de libertades y detención (JLD), llamado a pronunciarse sobre la suerte de las 11 personas detenidas el miércoles, entre ellas Tein, considerado el líder de la Unidad de Coordinación de la Acción en el Campo (CCAT).
El fiscal Yves Dupas confirmó a la AFP «misiones en Francia continental», sin más detalles, tras estas comparecencias a puerta cerrada ante el JLD en Numea, capital del archipiélago francés del Pacífico Sur.
Los cargos no fueron especificados. La investigación se centra en particular en actos de conspiración criminal, robo de armas por parte de una banda organizada, complicidad por instigación de asesinato o intento de asesinato de personas que ostentan poderes públicos.
El Sr. Tein debe ser encarcelado en Mulhouse (este de Francia), según su abogado, el Sr. Pierre Ortent, quien expresó su “estupor”.
Otra acusada, Brenda Wanabo, encargada de comunicación de la CCAT, debe ser detenida en Dijon (centro-este), según su abogado, el señor Thomas Gruet, que se declaró «extremadamente consternado».
Madre de tres hijos, el menor de los cuales tiene 4 años, esta activista «que nunca ha llamado a la violencia», será separada de su familia y está «devastada», subrayó.
En cuanto a Frédérique Muliava, jefa de gabinete del presidente del Congreso de Nueva Caledonia, Roch Wamytan, debe ser encarcelada en Riom (centro), según su abogada, Christelle Affoué, que denuncia «una decisión totalmente chocante».
«Si se tratara de convertirlos en mártires de la causa independentista, no lo haríamos de otra manera», comentó Stéphane Bonomo, abogado de otro acusado, Gilles Joredie.
Estas decisiones se producen seis semanas después del inicio de la violencia que sacude el territorio francés, la más grave desde la de los años 1980.
Impulsados por la votación de un proyecto de ley constitucional destinado a ampliar el electorado caledonio para las elecciones provinciales previstas para finales de 2024, estos disturbios dejaron nueve muertos, entre ellos dos gendarmes, centenares de heridos y daños considerables, con un coste estimado en 1.500 millones de euros, según al último informe.
El proyecto de ley que encendió la pólvora fue “suspendido” el 12 de junio por el presidente francés Emmanuel Macron, tras la disolución de la Asamblea Nacional.
