El panorama económico de Panamá está en un momento crítico posterior a la salida de la pandemia del COVID-19, con presiones crediticias pesando sobre el país y una crisis de confianza pública en las finanzas nacionales, todo lo cual requiere de estrategias innovadoras para navegar estas complejidades.
Parte de tales estrategias será la conformación de presupuestos viables y creíbles para corregir la postura de presupuestos recientes, pertenecientes a la administración gubernamental anterior, que fueron acusados por casas calificadoras internacionales de tener arreglos cosméticos y que se habrían basado en proyecciones falaces para avanzar propósitos políticos.
La flexibilidad constitucional incorporada en la ley presupuestaria de Panamá es un activo sub-utilizado. El significado de tal término es el siguiente: la Constitución vigente no establece parámetros sobre cómo debe estructurarse el presupuesto anual del Estado, más allá de decir que el mismo debe tener un carácter anual. Esta noción va directamente en contra de los principios de desarrollo presupuestario de mediano plazo que propuso el pasado ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, pero que no logró implementar a cabalidad.
Hay elementos de gasto que deben ir en todo presupuesto, como las leyes orgánicas de cada ministerio y sus leyes relacionadas. Aunque no hay un formato preestablecido de presupuesto, la Asamblea Nacional y el Consejo de Gabinete son los encargados de determinar el mismo.
Reducir la deuda nacional es crucial para el futuro económico de Panamá. Actualmente, el país tiene una deuda pública total que equivale a más del 60% de su producto interno bruto, lo cual puede limitar la productividad y generar la necesidad de aumentos futuros de impuestos.
Para mejorar la planificación financiera del Estado, se podría adoptar un sistema dual similar al implementado por el Gobierno Británico, que divide el presupuesto en Límites de Gasto Departamentales y Gastos Anualmente Gestionados. Este enfoque proporcionaría mayor flexibilidad y control sobre el gasto público.
Una cultura presupuestaria abierta y participativa, junto con la creación de una Oficina de Responsabilidad Presupuestaria independiente, podrían mejorar la transparencia y la eficacia del gasto público en Panamá.
En resumen, el camino hacia la estabilidad fiscal y la restauración de la confianza pública en Panamá requiere un enfoque matizado y flexible del presupuesto, priorizando la reducción de la deuda, explorando diferentes modelos presupuestarios y fomentando una cultura presupuestaria abierta y fuerte. Estas medidas podrían sentar las bases para un crecimiento económico sostenible y una mayor estabilidad financiera en el país.
