La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá ha aprobado por unanimidad el anteproyecto de ley que regula el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes de la Policía Nacional. Esta medida busca aumentar la transparencia en los procedimientos policiales, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la protección de los ciudadanos, evidenciar posibles actos delictivos, reforzar la confianza en la Policía Nacional y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los propios agentes.
El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, es el impulsor de esta propuesta que ha recibido el respaldo unánime de la comisión con nueve votos a favor. Según Barboni, si la propuesta es aprobada en los tres debates de la Asamblea Nacional, las cámaras corporales tendrán un costo que oscilará entre los $35 y $120, dependiendo de si se adquieren en equipos o a través de licitación.
Estas cámaras serán obligatorias para los agentes de policía y grabarán contenido audiovisual durante actividades como el mantenimiento del orden público, intervenciones en emergencias, operaciones de seguridad y vigilancia, control de tráfico y aplicación de la ley de tránsito, así como en situaciones de mediación y resolución de conflictos. Según la propuesta, todos los usos de la fuerza, interacciones con personas en situaciones delicadas o sospechosas de actividad criminal deberán ser registrados por estas cámaras.
Sin embargo, se establece que hay situaciones en las que no se podrá grabar, como en conversaciones con informantes confidenciales, entrevistas a víctimas de delitos sexuales o registros al desnudo, así como en operaciones sensibles. Además, la propuesta también regula el uso de drones para el patrullaje de la Policía Nacional, siendo todo lo grabado considerado como prueba válida para investigaciones.
El diputado Pérez Barboni propone un plan piloto de 100 cámaras por provincia, lo que significaría que 100 policías por provincia estarían equipados con una cámara corporal. Esta medida se basa en experiencias exitosas de otros cuerpos policiales, como el Departamento de Policía de Nueva York, donde el uso de cámaras corporales ha demostrado reducir la intensidad de encuentros potencialmente peligrosos y proporcionar pruebas importantes en procedimientos judiciales.
En cuanto al almacenamiento de los registros audiovisuales, se establece que estos deberán garantizar la integridad de la información y ser conservados por un período de dos años, salvo que sean requeridos como evidencia en investigaciones en curso. Todos los videos incluirán la fecha, hora y ubicación exacta de la grabación para facilitar su uso en investigaciones administrativas, penales o civiles.
La implementación de cámaras corporales y drones para el patrullaje policial se presenta como una medida que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad tanto de los ciudadanos como de los agentes de policía. Esta iniciativa busca mejorar la confianza en la Policía Nacional y fortalecer la protección de la ciudadanía, al tiempo que proporciona pruebas objetivas en situaciones conflictivas.
