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La Fiscalía Electoral de Panamá ha revelado más de 100 condenas por cambio doloso de residencia en el corregimiento de San Felipe, ubicado en la provincia de Panamá. Este sector, conocido por ser uno de los más históricos y emblemáticos de la capital, se ha visto envuelto en una importante investigación previa a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Investigación por denuncias de inconsistencias en el padrón electoral

Todo comenzó con la presentación de múltiples denuncias por presuntas inconsistencias en el padrón electoral de la zona. Tras una exhaustiva investigación, las autoridades detectaron una serie de irregularidades relacionadas con cambios de residencia dolosos, lo que generó preocupación entre la población sobre la pureza y transparencia del proceso electoral en el área.

Discrepancias censales y apertura de expedientes

El caso salió a la luz luego de la publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020, que revelaron una notable discrepancia entre el número de personas censadas en San Felipe y el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral preliminar. Según el censo, 692 personas estaban habilitadas para votar en el corregimiento; sin embargo, el padrón mostraba una cifra significativamente mayor, ascendiendo a 3,900 personas.

Ante esta situación, la Fiscalía General Electoral abrió una investigación de oficio en 2023, mientras se revisaba el padrón electoral preliminar de los distritos y corregimientos. Marilú Rodríguez Batista, fiscal electoral de Investigación y Seguimiento de Causa y coordinadora de fiscales del Primer Distrito, explicó que se abrieron 448 expedientes relacionados con declaraciones dolosas de residencia en San Felipe.

Acciones legales y audiencias de imputación de cargos

Durante las diligencias, se comprobó que algunas personas efectivamente residían en el corregimiento, lo que llevó al archivo de ciertos casos. Sin embargo, en aquellos donde se verificó que la declaración fue dolosa, las investigaciones continuaron, solicitándose audiencias de imputación de cargos en más del 50% de los casos, logrando hasta la fecha cerca de 100 condenas.

El 22 de septiembre de 2023, la Fiscalía realizó las primeras diligencias en diversas residencias de San Felipe, entrevistando a los habitantes y verificando la presencia de ciudadanos que presuntamente vivían en el corregimiento. Rodríguez Batista confirmó que la declaración dolosa de residencia es el delito electoral de mayor incidencia a nivel nacional, con más de 2,500 procesos abiertos por declaraciones dolosas de cambio de residencia en todo el país.

Desconocimiento del delito y propuestas de reforma electoral

A menudo, quienes son condenados alegan desconocer la gravedad de sus acciones. El Código Electoral, en su artículo 527, establece que una declaración dolosa de residencia puede ocurrir al tramitar la cédula de identidad por primera vez, renovación o duplicado, declarando una residencia donde no se vive realmente; o al actualizar el registro electoral, declarando un cambio de residencia hacia un lugar donde no se reside de manera habitual.

Rodríguez Batista mencionó que Panamá está próximo a un proceso de reformas electorales, y la institución participa en las comisiones encargadas de presentar las propuestas. Actualmente, el cambio de residencia doloso es uno de los delitos electorales con penas más flexibles, sin contemplar prisión ni sanciones accesorias. Se evalúa la implementación de sanciones más severas para disuadir este tipo de delitos.

Educación como herramienta clave para prevenir la reincidencia

La Fiscalía ha implementado amplias jornadas de capacitación en diversos sectores de la sociedad para promover la responsabilidad ciudadana y los valores democráticos. Las capacitaciones se han llevado a cabo en escuelas, empresas privadas, entidades gubernamentales y grupos políticos, considerando que la educación es clave para combatir este tipo de delitos.

El caso de San Felipe sigue bajo investigación, y las autoridades aseguran que continuarán actuando con rigor para proteger la integridad del sistema electoral en Panamá.