En las últimas semanas, el gobierno de José Raúl Mulino ha tomado medidas enérgicas para abordar las denuncias de corrupción que han surgido en distintas entidades gubernamentales. El presidente Mulino ha instado a sus ministros a no quedarse callados y a denunciar cualquier acto irregular que detecten en sus respectivas áreas de responsabilidad.
Acciones contra la corrupción
Dos entidades han respondido a este llamado hasta el momento. El Ministerio de Ambiente, dirigido por Juan Carlos Navarro, presentó una denuncia por irregularidades en el alquiler de locales comerciales que nunca se utilizaron, generando un gasto de $68,580 entre 2021 y 2023. Además, MiAmbiente ha denunciado daños al sistema de Recursos Humanos que resultaron en la pérdida de registros e información de empleados públicos.
Por su parte, el Ministerio de Educación, bajo la dirección de Lucy Molinar, denunció que se estaban pagando salarios a 16 docentes fallecidos desde 2021. Estas acciones ilegales fueron descubiertas gracias a auditorías internas que revelaron la negligencia en la gestión de recursos humanos.
Investigaciones en curso
A pesar de las denuncias presentadas, aún se espera que otras instituciones gubernamentales se pronuncien sobre posibles irregularidades en sus operaciones. La Autoridad Nacional de Descentralización, liderada por Roxana Méndez, ha otorgado un plazo de 60 días a las autoridades locales para presentar informes detallados sobre el uso de los recursos públicos asignados durante la administración anterior.
En el caso del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se espera que se presenten denuncias por excesos en la planilla y la duplicidad de cheques. Asimismo, se ha solicitado la comparecencia del director ante la Asamblea Nacional para abordar estos temas y el programa de bono solidario de vivienda.
Transparencia y rendición de cuentas
El presidente Mulino ha enfatizado que las medidas tomadas no buscan perseguir políticamente a sus oponentes, sino garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de cualquier irregularidad en el uso de fondos públicos. La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Saquina Jaramillo, ha afirmado que cualquier hallazgo que sugiera un posible delito será denunciado ante el Ministerio Público.
La sociedad civil organizada ha expresado su apoyo a estas acciones y ha instado a que todas las denuncias públicas sean presentadas ante las autoridades competentes para su investigación. Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana, ha destacado la importancia de que se haga justicia y se sancione a aquellos que hayan cometido actos de corrupción.
En resumen, el gobierno de Mulino está tomando medidas contundentes para combatir la corrupción en distintas entidades gubernamentales. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar el buen uso de los recursos públicos.
