El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha expresado su preocupación por la gestión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, calificándola de «locura y corrupción». Se refiere a las prácticas en el manejo de las planillas y la concesión de contratos en tiendas y restaurantes dejadas por la administración anterior.
Mulino ha destacado la importancia de deshacer lo que se pueda en cuanto a estas prácticas, ya que el Aeropuerto de Tocumen tiene importantes deudas que cubrir con sus propios recursos, sin financiamiento del gobierno. El mandatario está considerando la concesión de este aeropuerto, junto con los de Río Hato, Colón y David, siguiendo el modelo de operación de muchos países en el mundo.
En su viaje a Francia, Mulino ha mencionado que una empresa ha mostrado interés en el aeropuerto de Colón, por lo que está evaluando la posibilidad de concesionar un paquete que incluya Tocumen y los otros tres aeropuertos del interior. Considera que esta medida podría ser beneficiosa para el Estado y aliviaría problemas actuales.
Además, el presidente ha señalado incongruencias en las terminales 1 y 2 de Tocumen, mencionando la necesidad de tomar decisiones importantes, como la construcción de una tercera pista y la habilitación de salidas adicionales. Mulino considera que la forma en que operan las terminales actualmente es incoherente y poco conveniente para los pasajeros, lo cual experimentó personalmente al tener que desplazarse de una terminal a otra.
En cuanto a la seguridad aérea, Mulino ha mencionado que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha evaluado positivamente el aeropuerto en una auditoría reciente, pero advierte que una degradación en la calificación podría ocasionar problemas con aerolíneas internacionales. También ha resaltado el peligro que representa la reproducción de aves en los manglares cercanos al aeropuerto para la navegación aérea.
En resumen, el presidente Mulino está considerando la concesión del Aeropuerto Internacional de Tocumen y sus terminales asociadas como una medida para mejorar la gestión y rentabilidad de estas instalaciones, al tiempo que aborda problemas de seguridad y operatividad. Su objetivo es asegurar que el aeropuerto sea exitoso y eficiente en beneficio del Estado panameño y los usuarios.
