El gobierno de Panamá se enfrenta a un desafío aún más complejo después de que el Consejo de Gabinete aprobara los ajustes solicitados por la Asamblea Nacional. La Resolución No. 84 de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional elevó el presupuesto para 2025 a $30,111,987,375, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del país.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha advertido que los cambios propuestos en el sector educativo, incluyendo el apoyo a universidades y gobiernos locales, representan un aumento considerable en el gasto público. A pesar de esto, el Consejo aprobó la Resolución de Gabinete N° 99, detallando los gastos e inversiones ajustados en varias entidades.
Los fondos para el aumento presupuestario provendrán de ingresos adicionales y un aumento en el financiamiento. En total, estos ajustes suman $3,276,746,057, elevando el presupuesto total a $30,111,987,375 para el próximo año. Aunque la diferencia con el presupuesto actual de 2024 es de solo $578,407,845 menos, el aumento es significativo en un contexto donde se esperaba un presupuesto conservador.
Las reacciones en la Asamblea y las preocupaciones económicas han surgido en medio de esta discusión presupuestaria. La decisión del Ejecutivo de acoger las recomendaciones ha sido vista como un retorno del control del presupuesto a la Asamblea. Sin embargo, la fuente de estos ingresos adicionales sigue siendo un punto crítico, ya que se cuestiona si la recaudación será suficiente para cubrir los aumentos.
El economista Raúl Moreira ha señalado que esta estrategia genera presión en el MEF para recaudar la mayor parte de los $2 mil millones adicionales, lo que podría resultar en un mayor endeudamiento. Moreira ha advertido sobre el riesgo de utilizar los recursos obtenidos para financiar objetivos políticos y ha destacado la importancia de mejorar la recaudación a través del cobro de impuestos impagos.
Con la aprobación de los ajustes, la Asamblea Nacional parece haber obtenido el control sobre la dirección final del presupuesto, pero las implicaciones financieras aún están por resolverse. La incertidumbre se centra en cómo Panamá podrá costear este presupuesto sin una reforma fiscal integral ni un aumento de la deuda pública.
En un contexto donde el país busca recuperar su grado de inversión y fortalecer su credibilidad en los mercados internacionales, el presupuesto de 2025 se convierte en una apuesta que podría redefinir el futuro económico de Panamá. La responsabilidad recae en la Asamblea, que debe decidir si el país puede permitirse asumir este nivel de gasto.
Se espera que el presupuesto sea aprobado antes del 31 de octubre, cuando finaliza el período de sesiones ordinarias. La aprobación de los ajustes allana el camino para que el presupuesto se apruebe en esa fecha, pero las decisiones financieras cruciales aún están pendientes.
