El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, volvió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para explicar la necesidad de un traslado de fondos para pagar deudas pendientes de los años 2022 y 2023 relacionadas con el servicio de carros cisterna que abastecen a ciertas comunidades en Panamá. Se trata de un total de $1.6 millones que se destinarán a cinco empresas, excluyendo a Zupri S.A., una compañía presuntamente vinculada al exdiputado Edwin Zúñiga, tal como lo solicitaron los diputados de la Comisión la semana anterior.
El pasado jueves, la Comisión de Presupuesto detuvo la aprobación del traslado luego de recibir serias objeciones por parte del diputado de Vamos, Jhonathan Vega, quien presentó documentos que apuntaban a posibles conexiones entre representantes de una de las empresas de carros cisterna y el exdiputado Zúñiga. Como resultado de esta suspensión, las empresas de carros cisterna suspendieron la distribución de agua potable en comunidades como Las Garzas y Paso Blanco, argumentando que el Estado les adeuda una suma millonaria, lo que llevó a los residentes a salir a protestar.
El diputado Vega presentó una denuncia ante el Ministerio Público el lunes contra la empresa supuestamente vinculada al exdiputado. Los fondos que utilizará el Idaan provienen de un traslado interinstitucional de la cuenta de inversión del Ministerio de Educación.
Las empresas a las que se les pagará son las siguientes:
– Víctor Trabajando S.A.: $418,883
– Inversiones Madeira: $435,309
– Servicios Generales Escobar: $160,769
– Servicie Trac: $104,397
– Tanques del Istmo: $279,242
El director del Idaan señaló que solo se está realizando el pago a cinco de las 14 empresas a las que el Estado les debe dinero, mientras que las demás están en proceso de evaluación para determinar los términos de pago. Además, anunció que en las futuras licitaciones del Idaan se implementarán cambios en los controles para las empresas que deseen ofrecer el servicio. Se estima que la deuda del Estado con las empresas que proveen el servicio de suministro de agua a través de carros cisterna ronda los $52 millones.
El traslado de fondos fue aprobado con 11 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.