El subcontralor Elí Felipe Cabeza, acompañado por funcionarios de la Dirección General de Ingresos, llevó a cabo una inspección en las instalaciones de Panama Port Company como parte de una auditoría forense vinculada a la Contraloría General de la República. Estas revisiones buscan garantizar que la empresa haya cumplido con sus obligaciones estipuladas en el contrato de concesión con el Estado panameño.
Auditoría Forense en Panama Port Company: ¿Presión Internacional o Intereses Nacionales?
En un contexto donde se cuestiona desde Estados Unidos la gestión de los puertos panameños, acusándolos de estar bajo control chino y ejercer influencia sobre la ruta canalera, las auditorías forenses adquieren una relevancia crucial. Sin embargo, las autoridades gubernamentales han asegurado que estas inspecciones no responden a presiones externas, sino que son parte de los intereses nacionales para garantizar que la empresa cumpla con sus obligaciones financieras hacia el Estado.
El contralor Anel Flores, en declaraciones previas, afirmó que Panama Port Company no había realizado ningún pago al Estado en tres años, una acusación que la empresa rebatió asegurando que en 2020 adelantaron pagos solicitados por el gobierno de Laurentino Cortizo para hacer frente a la crisis del covid-19. Estas discrepancias han generado un clima de tensión en torno a la transparencia y el cumplimiento de los contratos de concesión portuaria.
Denuncia de Transparencia: El Diputado Jhonathan Vega Presenta una Queja
En medio de estas controversias, el diputado Jhonathan Vega presentó una denuncia formal contra Panama Port Company, alegando falta de transparencia en el contrato de concesión vigente. Según Vega, el acuerdo no ha sufrido modificaciones en beneficio del Estado panameño, lo que podría resultar perjudicial para el país en términos económicos y de soberanía. Esta denuncia pone de manifiesto las tensiones existentes entre las autoridades y la empresa concesionaria, así como la necesidad de una mayor claridad en la gestión de los puertos.
En resumen, la auditoría forense realizada por el subcontralor Elí Felipe Cabeza en Panama Port Company ha desatado una serie de interrogantes sobre la transparencia y el cumplimiento de los compromisos financieros de la empresa con el Estado panameño. Las acusaciones de falta de pago y la presión internacional sobre la gestión de los puertos plantean desafíos importantes para las autoridades y ponen en relieve la importancia de garantizar una adecuada supervisión y control en el sector portuario.
