El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha decidido reanudar las ejecuciones capitales, en particular contra soldados culpables de traición y autores de “bandidaje urbano con resultado de muerte”. Esta decisión, notificada en una circular firmada el miércoles por la ministra de Justicia, Rose Mutombo, y autenticada el viernes por la AFP, levanta la moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte de 2003, precisa el texto. Se produce poco después de nuevas ofensivas de los rebeldes del M23 (“Movimiento 23 de Marzo”), apoyados por unidades del ejército ruandés, en la región de Goma (este).
La pena de muerte, pronunciada periódicamente, en particular en los casos que involucran a soldados o miembros de grupos armados, ya no se aplica desde la firma de la moratoria decidida bajo el régimen del presidente Joseph Kabila (2001-2019). Desde entonces, las penas de muerte han sido conmutadas sistemáticamente por cadena perpetua. El movimiento ciudadano congoleño prodemocracia Lucha (Lucha por el Cambio) condenó el viernes esta decisión, afirmando que «abre un corredor a las ejecuciones sumarias en este país donde el defectuoso funcionamiento de la justicia es reconocido por todos, incluido el propio magistrado supremo». en referencia a las recientes críticas del presidente Félix Tshisekedi al sistema judicial de la República Democrática del Congo.
Desde hace dos años, la República Democrática del Congo se enfrenta a una ofensiva de los rebeldes del M23 que se han apoderado de gran parte de la provincia de Kivu del Norte (este). La derrota del ejército congoleño y de sus milicias auxiliares ante el avance del M23 ha alimentado sospechas entre las autoridades de infiltración de las fuerzas de seguridad. Numerosos militares, incluidos altos oficiales de las FARDC (Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo), pero también diputados, senadores y personalidades económicas del este de la República Democrática del Congo, han sido detenidos y acusados de «complicidad con el enemigo».
Según la circular, los “actos de traición o de espionaje han cobrado un alto precio tanto a la población como a la República dada la inmensidad de los daños sufridos”. El restablecimiento de las ejecuciones tiene como objetivo «liberar al ejército de traidores de nuestro país (…) y frenar el resurgimiento de actos de terrorismo y de bandidaje urbano que provocan muertes humanas», escribe el Ministro de Justicia. Fuentes de seguridad en el este de la República Democrática del Congo, que solicitaron el anonimato, dijeron a la AFP que ya estarían previstas «ejecuciones públicas de soldados» acusados de «colaborar con el enemigo», en particular con los rebeldes del M23 y Ruanda.
