Donald Trump viajó a un tribunal de Florida el jueves para atender la solicitud de sus abogados de retirar los cargos en su contra por su manejo potencialmente casual de documentos clasificados a su salida de la Casa Blanca. La jueza Aileen Cannon, a cargo del caso, está celebrando una audiencia de un día de duración en un tribunal al norte de Miami para escuchar las mociones de desestimación propuestas por los abogados del multimillonario de 77 años.
El candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre está acusado de comprometer la seguridad nacional al conservar documentos clasificados y se declaró inocente en junio.
Entre estos documentos, algunos de ellos son “alto secreto”: planes militares o incluso información sobre armas nucleares. Fueron conservados después de su salida de la Casa Blanca en enero de 2021 en su residencia privada Mar-a-Lago en Florida en lugar de ser entregados a los Archivos Nacionales como exige la ley.
También se le acusa de intentar destruir pruebas en este caso, por el que se enfrenta a un total de 41 cargos. Según sus abogados, Donald Trump tenía derecho a conservar estos documentos según los términos de una ley de registros presidenciales, y su acusación debería ser desestimada por el juez.
Pero el fiscal especial Jack Smith, que presentó la acusación contra el expresidente, rechazó ese argumento en un documento judicial. Donald “Trump no estaba autorizado a poseer ningún documento clasificado (y mucho menos en lugares no seguros en Mar-a-Lago)”, dijo Jack Smith.
El juicio, inicialmente previsto para el 20 de mayo, probablemente se aplazará varios meses, ya que el juez Cannon desea un calendario suficientemente espaciado para permitir «flexibilidad», en particular por la posibilidad de superposición con otros procesos penales contra el ex presidente. Los abogados de Donald Trump argumentan que «no se puede celebrar un juicio justo hasta después de las elecciones presidenciales de 2024». Si fuera elegido nuevamente, Donald Trump podría, una vez que tome posesión en enero de 2025, ordenar el fin de los procedimientos federales en su contra.
