Para apoyar más eficazmente a las víctimas de violencia doméstica, el Senado votó el martes a favor de la creación de una «orden provisional de protección inmediata», una nueva herramienta que permitirá al juez pronunciar medidas de emergencia en un plazo de 24 horas en caso de peligro.
El proyecto de ley de la diputada del Renacimiento Emilie Chandler, aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional, permite completar la actual orden de protección, según la cual el juez de familia dispone de seis días para pronunciar medidas como la prohibición de establecer contactos, de ir a determinados lugares o poseer un arma, incluso sin denuncia de la presunta víctima.
Ante los feminicidios y la violencia contra las mujeres, la ministra de la Familia, Sarah El Haïry, defendió esta “herramienta judicial sin precedentes que permite aprehender todas las situaciones de peligro incluso antes de la intervención del juez penal”. El senador centrista Dominique Vérien, que trabajó en el tema con Chandler en los últimos meses, subrayó la importancia de «garantizar una mejor protección a las víctimas en el corto tiempo que separa la remisión al juez de familia y su decisión sobre la orden de protección». Seis días durante los cuales “el peligro puede ser importante”, advirtió.
El Senado suavizó ligeramente el texto votado en la Asamblea Nacional, en particular dando a la persona en peligro la posibilidad de dirigirse al juez para obtener una orden de protección provisional inmediata, previo consentimiento del fiscal. La ministra El Haïry se opuso a esta ampliación que, según ella, «compleja» el procedimiento «al añadir medidas adicionales que afectarán a la eficacia del sistema».
Otra novedad senatorial es la posibilidad de que el fiscal asigne a los beneficiarios de este nuevo dispositivo un teléfono de grave peligro que le permita, en caso de amenaza, alertar a la policía mediante un botón especial. El texto también amplía de seis a doce meses la duración inicial de las medidas impuestas en una orden de protección tradicional.
Los senadores y diputados ahora tendrán que acordar un texto de compromiso durante un comité conjunto (CMP), antes de la adopción final del texto en el Parlamento. Según cifras oficiales, 118 mujeres fueron asesinadas por su cónyuge o ex en 2022 y 122 en 2021.
