El gobierno de Bangladesh dijo el lunes 7 de agosto que estaba listo para revisar una controvertida ley represiva, los defensores de los derechos humanos temían que solo se tratara de “reformularla” sin cambiarla en lo sustancial.
El opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) y las ONG de derechos humanos acusan a la primera ministra Sheikh Hasina de utilizar una ley de seguridad digital de 2018 para reprimir a los opositores. El BNP ha prometido eliminarlo si gana las elecciones de enero.
La ministra de Justicia, Anisul Huq, subrayó este lunes que el Gobierno acaba de aprobar un proyecto de revisión de esta ley que prevé una reducción de las penas incurridas.
La reducción de penas prevista tiene como objetivo evitar que se “utilice mal” la ley y se cometan “abusos”, argumentó. “Hemos reducido las penas previstas”, dijo el ministro. Amnistía Internacional acogió con satisfacción el anuncio y subrayó que esta «ley draconiana se había utilizado como arma para sofocar las voces disidentes e impedir la libertad de expresión en Internet».
La ONG dijo que era cautelosa, sin embargo, por temor a que el gobierno estuviera tratando de “reformular las mismas medidas represivas”.
Human Rights Watch, por su parte, recordó que la redacción “demasiado vaga y general” de la ley de 2018 había permitido hostigar a la oposición.
Esta ley de seguridad digital fue utilizada para acusar a más de 1.500 personas, incluidos políticos, periodistas y docentes, entre enero de 2020 y septiembre de 2021, según un informe del Centro de Estudios de Gobernanza. El anuncio del gobierno se produce cuando la ONU acaba de expresar su preocupación por la violencia antes de las elecciones previstas para enero y pide a todas las partes «garantizar un entorno pacífico, inclusivo y seguro que permita una votación libre y justa».
