Los eurodiputados adoptaron el miércoles por amplia mayoría normas destinadas a hacer que las baterías sean más duraderas y más fáciles de reciclar, desde las de los smartphones hasta las de los coches o scooters. Por 587 votos a favor, 9 en contra y 20 abstenciones, los eurodiputados aprobaron un acuerdo alcanzado con el Consejo para revisar las normas de la UE.
Estas normas se aplicarán a todo tipo de baterías vendidas en la UE: smartphones, ordenadores, electrodomésticos, coches, baterías industriales hasta las de bicicletas eléctricas y patinetes, medios de transporte cada vez más populares.Los fabricantes deberán, a partir de 2024, proporcionar la huella de carbono total esperada de cada batería, desde la extracción hasta el reciclaje. Y a partir de 2027 solo se podrán comercializar las baterías de los coches eléctricos que no superen un umbral máximo.
Las baterías portátiles de los dispositivos deben poder ser extraídas y reemplazadas más fácilmente por los usuarios. «Por primera vez, tenemos una legislación de economía circular que cubre todo el ciclo de vida de un producto: este enfoque es bueno tanto para el medio ambiente como para la economía», subrayó el ponente Achille.
Se fijan objetivos en materia de recogida y reciclaje de residuos: el 45% de las baterías portátiles deberán recogerse en 2023 y el 73% en 2030. Para las baterías de bicicletas, patinetes y patinetes eléctricos, la tasa mínima de recuperación se elevará al 61% en 2031 .
Todas las baterías recolectadas deben ser recicladas, con altos niveles de recuperación de componentes críticos: para 2027, los procesos empleados deben permitir el reciclaje de al menos el 90% del cobalto y níquel de las baterías, así como el 50% del litio (luego 80 % en 2031). Por último, la composición de las baterías nuevas debe incluir niveles mínimos de metales procedentes de la valorización de residuos: a partir de 2031, las baterías para vehículos eléctricos deberán incorporar un 16 % de cobalto, un 6 % de litio y níquel reciclado.
El Consejo ahora tendrá que aprobar formalmente el texto antes de que se publique en el Diario Oficial de la UE y entre en vigor.
