Uno de los principales presuntos líderes de la red mundial de comunicaciones cifradas EncroChat, ampliamente utilizada por el crimen organizado, en particular por los narcotraficantes y por los patrocinadores y autores de asesinatos, ha sido acusado, anunció el lunes la fiscalía de Lille.
Esta persona fue identificada en República Dominicana y arrestada por las autoridades locales en mayo de 2022, indicó en un comunicado la fiscal de Lille, Carole Étienne. «Bajo arresto domiciliario durante todo el procedimiento de extradición», el individuo «fue entregado a Francia el 2 de febrero», añadió, destacando la «cooperación internacional».
El sospechoso, buscado en virtud de una orden de arresto emitida el 6 de julio de 2021, fue acusado de dieciséis cargos, incluidos “provisión de un medio criptológico que no garantiza exclusivamente funciones de autenticación”, “complicidad en la importación ilegal de productos narcóticos” y “asociación criminal”. Fue puesto en prisión preventiva en Francia.
El desmantelamiento en 2020 de la red mundial de comunicaciones cifradas EncroChat constituyó “un punto de inflexión” en la lucha contra el crimen organizado, según los investigadores.
En junio de 2023, durante una conferencia de prensa, las agencias europeas de cooperación policial, Europol, y las agencias de cooperación judicial, Eurojust, así como los fiscales franceses y holandeses indicaron que habían sido arrestadas 6.658 personas, incluidos 197 “objetivos de alto valor” y que casi Se han incautado o congelado 900 millones de euros en activos delictivos.
La investigación sobre esta red, que prometía a los grupos criminales una ausencia absoluta de trazabilidad, se inició en 2018 en Lille, tras la localización de los servidores de EncroChat en Roubaix. El desmantelamiento de EncroChat fue anunciado en julio de 2020 por las autoridades judiciales y policiales francesas y holandesas, después de que la red detectara, el 13 de junio de 2020, que había sido infiltrada.
EncroChat vendía teléfonos totalmente cifrados por unos 1.000 euros, sin cámara, micrófono, GPS ni puerto USB, con una opción de “código PIN de pánico” que permitía una eliminación rápida. Suficiente para aportar en tres años «unos 200 millones de euros al grupo que lo creó», según Europol.
