La Federación protestante de Francia (FPF) considera este martes que «no conviene legislar» sobre el final de la vida, pero recomienda una «ley programática plurianual» sobre la «vejez». Emmanuel Macron dijo el lunes 3 de abril esperar un proyecto de ley sobre el final de la vida «a finales del verano», luego de haber recibido las conclusiones de la Convención de Ciudadanos que se pronunció por la «asistencia activa para morir» bajo condiciones. El Jefe de Estado, sin embargo, dejó en manos del gobierno y los parlamentarios definir su contenido.
La comisión «Ética y Sociedad» de la FPF hizo público su dictamen en un informe remitido a la Ministra Delegada de Sanidad, Agnès Firmin Le Bodo. “No conviene abrir la ley al suicidio asistido ni, por principio de equidad, a la eutanasia”, escribe allí, tras señalar que “muchos protestantes, todas las sensibilidades combinadas, no son partidarios de consagrar en la ley ninguna posibilidad de poner fin a la vida de otro».
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La Comisión advierte que “siguen existiendo situaciones límite que desafían, particularmente en situaciones de ‘mediano plazo’”, donde “el sufrimiento refractario y duradero (…) desafía la conciencia de todos”. Menciona la «posibilidad» de la «sedación reversible», que puede ser «un respiro» pero «tampoco deja de tener consecuencias: al despertar es la posible reactivación del sufrimiento». Otro argumento esgrimido para no legislar: «no todas las disposiciones anteriores se han puesto en marcha y no se han valorado adecuadamente». En particular “la ley actual, conocida como Claeys-Leonetti de 2016”.
La FPF aboga por la implementación «de una ley de programación plurianual, evaluada y revisada periódicamente, relativa al apoyo a la vejez y al final de la vida». En particular para «la parte de la población que ya no puede realizar actividades sociales (personas mayores y/o que padecen discapacidades, enfermedades dependientes, etc.»). Sin esperar a su implementación, recomienda «apoyar el despliegue y la pedagogía de los cuidados paliativos que todavía es pobre en Francia». Es a través de la «programación financiera», para que el acceso a los cuidados paliativos se convierta en un «derecho exigible».
