Tel Aviv

El caso no podría llegar en peor momento para una población palestina en la bombardeada, hambrienta y sin hogar Franja de Gaza. La supervivencia financiera de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), su única fuente de asistencia de emergencia, está amenazada.

Estados Unidos y Alemania, los dos mayores contribuyentes, junto con otros seis países -Canadá, Australia, Italia, Reino Unido, Finlandia y Países Bajos- han suspendido la ayuda financiera tras la implicación de al menos doce miembros de la agencia de entre 30.000 empleados en Gaza en las masacres cometidas por Hamás el 7 de octubre en el sur de la Franja de Gaza, que dejaron cerca de 1.200 muertos. Francia, al igual que Suiza, declara «no planificar un nuevo pago en el primer trimestre de 2024», pero «decidirá el curso de acción futuro cuando llegue el momento».

La información sobre este asunto fue revelada por los servicios de inteligencia del ejército israelí y luego transmitida a los estadounidenses. Esta información fue luego confirmada por Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA. Así, reveló que la agencia había “rescindido los contratos” de algunos de sus empleados y había iniciado una investigación “independiente y transparente”. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que se declaró «horrorizado» por este asunto, precisó que nueve empleados fueron despedidos, otro fue asesinado y se desconoce la suerte de los dos últimos. Pero, según los servicios israelíes, el número de empleados involucrados en crímenes de sangre es mayor. Tras cometer un mea culpa, Philippe Lazzarini calificó de «impactante» la reacción de los países contribuyentes, mientras la UNRWA desempeña un papel vital para garantizar la supervivencia de 2,2 millones de palestinos en la Franja de Gaza ante una situación humanitaria catastrófica.

Las cifras hablan por sí solas: 25.000 muertos, la mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás, más de un millón y medio de palestinos desplazados que tuvieron que abandonar sus hogares para huir de los combates, el 45% de los edificios residenciales destruido, según un informe del Banco Mundial. La UNRWA, activa en 19 campos de refugiados en la Franja de Gaza, constituye el único salvavidas en tal situación. La agencia garantiza la educación de más de medio millón de niños, sin contar la ayuda alimentaria, que llega a cuentagotas a un enclave donde el 80% de la población ya antes de la guerra vivía por debajo del umbral de pobreza. Esta institución también está activa entre los refugiados en Jordania, Líbano, Siria y Cisjordania. Creada en 1949 tras la expulsión o huida de 700.000 palestinos tras la guerra, que desembocó en la creación del Estado de Israel, es la agencia más importante de la ONU. Otra especificidad: sólo los palestinos se benefician del estatus de refugiado de generación en generación, por lo que el número de palestinos atendidos por la UNRWA alcanza actualmente los 6 millones.

Para Israel, esta perpetuación del estatus de refugiado sólo alimenta el conflicto. Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores, aprovechó la ocasión para dirigir un llamamiento a Philippe Lazzarini –“Dimita, por favor”–, al tiempo que saludó el cese de las contribuciones internacionales. «La UNRWA no tendrá ningún papel que desempeñar el día después (de la guerra), esta agencia perpetúa la cuestión de los refugiados, obstruye la paz y sirve como ejército civil para Hamás», acusó el jefe de la diplomacia. De hecho, la ONU está lejos de tener un olor a santidad en Israel. En diciembre, Eli Cohen, el anterior Ministro de Asuntos Exteriores, denunció a Antonio Guterres – había criticado duramente el impacto de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza sobre la población civil – y pidió su destitución, calificándolo de «peligro para la paz mundial». .

Los llamamientos lanzados el viernes en La Haya por la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de la ONU, no hicieron más que reforzar esta hostilidad contra la ONU. Interrogados a petición de Sudáfrica, que acusa a Israel de haber cometido un “genocidio” contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, los jueces de esta institución no se han pronunciado, en esta fase del procedimiento, sobre esta acusación ni han exigido una el fin inmediato de los combates, como temían los dirigentes israelíes. Pero el tribunal emitió órdenes para que Israel se abstuviera de “cualquier acto de genocidio” y “evitara la incitación directa y pública a cometer genocidio”. El tribunal también pidió al Estado judío que tome “medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión” de la ayuda humanitaria “que los palestinos necesitan con mayor urgencia”.

Benjamín Netanyahu atacó inmediatamente a la Corte negándose a comprometerse a obedecer sus mandatos. “Seguiremos luchando hasta el final contra Hamás, una organización terrorista genocida”, reafirmó el Primer Ministro. Algunos comentaristas han dado valoraciones mixtas sobre esta batalla legal que está lejos de terminar. Como señala Nadav Eyal en el diario Yediot Aharonot: “Lo importante para los palestinos y los sudafricanos era imponer una narrativa según la cual Israel está tratando de matar al pueblo palestino. El simple hecho de que este tribunal haya aceptado examinar estas alegaciones constituye un éxito para ellas. Y agregó: “Mientras dure el procedimiento, nos seguirá pesando esta acusación de genocidio”.