La acumulación de denuncias por irregularidades en la descentralización paralela ha generado un total de 78 casos contra exautoridades de gobiernos locales en Panamá. Todo esto ha surgido a raíz de la falta de sustentación en los informes sobre el uso de los fondos destinados a este programa, según información del Ministerio Público.
Autoridades en la mira: 78 denuncias y contando
La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha dado a conocer que presentará ante la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público un total de 24 informes que no contaban con la debida sustentación. Estos se sumarán a los 54 casos previamente entregados, alcanzando un total de 78 denuncias. La AND transfirió recursos a 663 autoridades locales durante la administración pasada, provenientes de una cuenta no reglamentada bajo la Ley 37 de descentralización en el país.
Informe tras informe: ¿Dónde está la sustentación?
De las 663 autoridades beneficiadas, únicamente 624 han presentado sus informes correspondientes a una suma de $320 millones transferidos. Sin embargo, 39 juntas comunales aún no han cumplido con esta exigencia. El equipo técnico de la AND ha revisado 129 informes en tres meses, encontrando que 54 carecían de sustentación. Por otro lado, 51 superaron las auditorías con éxito y 24 están en proceso de ser denunciados próximamente.
Un programa sin regulaciones: ¿Qué salió mal?
En julio de 2024, Roxana Méndez de la Autoridad Nacional de Descentralización informó a los diputados sobre la existencia de la «descentralización paralela», un programa adicional sin reglamentación ni fiscalización oficial. Creado en 2018 para atender emergencias locales, este fondo discrecional ha manejado sumas considerables en los últimos años, generando preocupación por la falta de transparencia y regulación en su gestión.
En medio de estas revelaciones, se destaca la gestión de autoridades como Ericka González, Francisco Vigil y Edward Mosley Ibarra, quienes estuvieron al mando de la secretaría y posteriormente autoridad de descentralización entre 2018 y 2024. Las decisiones tomadas durante sus mandatos han sido clave en el desarrollo y la eventual crisis de este controvertido programa.
