(Québec) Los ciudadanos que intimiden, acosen u obstruyan “abusivamente” el trabajo de un funcionario electo serán sancionados con una multa de hasta 1.500 dólares. El jueves, la Asamblea Nacional adoptó el proyecto de ley 57, que tiene como objetivo proteger a los funcionarios electos.

La pieza legislativa surge tras una importante oleada de cargos electos municipales que dimitieron en los últimos meses debido al difícil clima en el que debían realizar su trabajo. La precipitada salida del alcalde de Gatineau, France Bélisle, el pasado mes de febrero, provocó una conmoción en la comunidad municipal.

La nueva ley permitirá a un funcionario electo apelar ante el Tribunal Superior para emitir una orden judicial contra un ciudadano que lo amenace, intimide o acose.

El proyecto de ley 57 ha sido objeto de críticas por parte de grupos sociales, sindicatos y empresarios de prensa. Se temía que pudiera socavar la libertad de expresión.

Ante estas críticas, la ministra de Asuntos Municipales, Andrée Laforest, aceptó modificar su documento legislativo. Se precisó que tiene como objetivo proteger a los funcionarios electos “de amenazas, acoso e intimidación, sin restringir el derecho de cualquier persona a participar en los debates públicos”.

El proyecto de ley también indica que el Tribunal deberá evaluar las solicitudes “teniendo en cuenta el interés público” y que no constituye un “impedimento para expresar, por cualquier medio, la propia opinión respecto de los valores democráticos de Quebec”.

Además, inicialmente debería haber sido el Director General de Elecciones quien debería haber iniciado un proceso contra un ciudadano que amenaza u obstruye el trabajo de un miembro electo de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley se enmendó para que esta responsabilidad se confiara al Director de Enjuiciamiento Penal y Penal.