(Washington) La violencia armada es una “crisis de salud pública” que amenaza la “salud y el bienestar” de Estados Unidos, afirmó el martes el cirujano general estadounidense, recomendando una serie de acciones para luchar contra este flagelo.
“Hoy, por primera vez en la historia de esta oficina, declaro una alerta de violencia armada”, dijo Vivek Murthy en un vídeo.
Destaca particularmente que desde 2020 las armas de fuego han sido la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en Estados Unidos, por delante de los accidentes de tráfico y las sobredosis.
Nombrado por el presidente, este alto funcionario federal es responsable de la prevención en cuestiones de salud pública. Sus poderes regulatorios son muy limitados.
Pero señala cifras que subrayan el caso único de Estados Unidos en el mundo desarrollado.
Casi uno de cada cinco estadounidenses ha tenido un miembro de su familia muerto por arma de fuego, incluido el suicidio. Más de la mitad de la población ha vivido, directamente o personas cercanas, un hecho que implique el uso de un arma.
En 2022, 48.204 personas murieron por armas de fuego, incluidos suicidios.
“El costo colectivo de la violencia armada en la salud mental de nuestra nación es inmenso. El trauma y el dolor que tantos estadounidenses experimentan por las lesiones y muertes relacionadas con armas de fuego ya han tenido graves consecuencias para el bienestar de nuestro país”, escribe Vivek Murthy en X Network.
“Es una crisis de salud pública que se puede prevenir”, pero “nuestra incapacidad para afrontarla es una crisis moral”, afirma, pidiendo actuar con “claridad, valentía y urgencia”.
Sus recomendaciones incluyen un almacenamiento de armas más riguroso, verificaciones generalizadas de antecedentes de los compradores, confiscación de armas para personas peligrosas como cónyuges abusivos y una prohibición de rifles de asalto y cargadores de alta capacidad.
Estas medidas, apoyadas desde hace tiempo por el presidente demócrata Joe Biden, requieren un acuerdo político en el Congreso para su implementación a nivel federal.
Los republicanos se oponen en gran medida a estas medidas al amparo de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a portar un arma de fuego.
El país tiene más armas individuales que habitantes: uno de cada tres adultos posee al menos un arma y casi uno de cada dos adultos vive en un hogar donde hay un arma.