La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechaza la petición del Ejecutivo sobre la prima de antigüedad
En una decisión que ha generado controversia en el ámbito jurídico y político, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha rechazado la solicitud del Órgano Ejecutivo de declarar la Ley No. 726 de 2021 como inconstitucional. Esta ley, que crea el Certificado Negociable para el pago de la Prima de Antigüedad de los servidores públicos, ha sido objeto de debate desde su aprobación en abril de 2022.
El magistrado ponente en esta objeción por inconstitucionalidad fue José Ayú Prado, quien admitió la solicitud del Ejecutivo pero señaló que los argumentos presentados carecían de precisión. En su fallo, Ayú Prado instó al Órgano Ejecutivo a presentar de manera clara y concisa las razones jurídicas que respaldaban su objeción, con el fin de facilitar la resolución del problema constitucional en cuestión.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia, tomada por unanimidad, estableció que la Ley No. 726 de 2021 no es inconstitucional en su totalidad, como pretendía el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo. Esta resolución, contenida en el edicto 123 con fecha del 29 de enero de 2025, pone fin a un largo proceso legal que ha mantenido en vilo a los servidores públicos del país.
La inconstitucionalidad de una ley implica que esta se considera contraria a la Constitución y, por lo tanto, no puede convertirse en ley de la República. En este caso, la Ley No. 726 de 2021 había sido aprobada en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional el 27 de abril de 2022, como parte de un marco legal más amplio que reconocía el derecho a la prima de antigüedad de los servidores públicos.
Esta ley complementaba la Ley 241 de 13 de octubre de 2021, que modificaba disposiciones anteriores y establecía el pago de la prima de antigüedad como un derecho adquirido para los servidores públicos que se desvinculaban laboralmente del gobierno, ya sea por despido o pensión de invalidez. Este beneficio se calculaba en base a una semana de salario por cada año de servicio continuo al Estado.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha generado reacciones mixtas entre los distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos celebran el reconocimiento del derecho a la prima de antigüedad para los servidores públicos, otros cuestionan los motivos detrás de la objeción del Ejecutivo y la interpretación de la Constitución por parte de los magistrados.
En un contexto político marcado por la polarización y la lucha de poder, la resolución de la Corte Suprema de Justicia destaca la importancia de un sistema judicial independiente y capaz de salvaguardar los principios constitucionales en medio de disputas partidistas. La protección de los derechos laborales y la garantía de un trato justo para los trabajadores del sector público son aspectos fundamentales para el desarrollo equitativo y sostenible de un país.
En conclusión, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la objeción del Ejecutivo sobre la prima de antigüedad refleja la complejidad de las relaciones entre los poderes del Estado y la necesidad de un análisis riguroso y objetivo de las leyes en disputa. La resolución de este caso sienta un precedente importante para futuras controversias legales y resalta la importancia de un sistema judicial independiente y transparente en la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos.