El Consejo Constitucional validó el jueves 14 de septiembre una disposición legislativa que autoriza el acceso permanente de la policía a las zonas comunes de los edificios residenciales sin el acuerdo de los propietarios, siempre que las intervenciones se realicen en el marco previsto por la ley.
Los Sabios se pronunciaron sobre una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) relativa a una disposición de la ley Matras, adoptada en 2021, según la cual los propietarios deben garantizar que la policía pueda “acceder a las zonas comunes de los edificios con fines de intervención”. .
Durante la audiencia de finales de julio, el abogado del demandante, Éric Plouvier, consideró que este texto constituía un ataque desproporcionado al derecho al respeto de la vida privada, evocando un derecho «incondicional» de acceso a las zonas comunes de un edificio. sin autorización previa de la autoridad judicial.
Explicó que un agente de policía o un gendarme podría así iniciar una investigación previa denominada «de iniciativa», que «no requiere tipificación de delito», realizar controles de identidad en zonas comunes, tomar fotografías o escuchar en las puertas, esto “sin que intervenga el control de un magistrado antes de los seis meses”. Los Sabios no aceptaron este argumento, incluso si expresaron una “reserva”.
Consideran así que las disposiciones impugnadas «no pretenden ni pueden tener el efecto de permitir (a la policía, ndr.) acceder a estos lugares para fines distintos de la realización de los actos que la ley les autoriza a realizar».
Según su decisión, la intervención de la policía sólo puede tener lugar “en el marco de una operación de policía judicial, en particular durante una investigación preliminar”. Los actos de investigación también pueden realizarse “sólo bajo la supervisión de un fiscal a quien corresponde (…) controlar su proporcionalidad respecto de la naturaleza y gravedad de los hechos”.
A la pregunta de si se podría autorizar este acceso en zonas comunes de uso privado, los Sabios responden que la policía no puede acceder a “lugares que puedan constituir un hogar”. Actualmente se está negociando un acuerdo entre el Estado y la asociación Vigik para proporcionar una tarjeta universal de acceso a las fuerzas del orden. Contactado por la AFP, el abogado del demandante no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
