Unos 400 manifestantes se concentraron este sábado en Gironda contra la futura línea ferroviaria de alta velocidad (LGV) Burdeos-Toulouse y Burdeos-Dax, cuyas primeras obras están previstas para finales de 2023.
A la convocatoria de la asociación LGVEA y de los colectivos «LGV Ni ici ni en otra parte» (LGV-NiNa) y «Stop-LGV Bordeaux Métropole», se organizó el sábado a mediodía un «paseo naturalista» para visualizar la línea del futuro en Saint-Médard-d’Eyrans, a unos quince kilómetros al sur de Burdeos.
“Nos opondremos. El valle de Ciron, lo vamos a defender y se endurecerá”, declaró Richard Lavin, integrante del colectivo LGV-NiNa, en presencia de varios parlamentarios y electos.
Este proyecto Grand Sud-Ouest (GPSO), en tramitación desde 1991 y relanzado en los últimos años, tiene como objetivo conectar, en 2032, Toulouse con París en 3h10 y con Burdeos en 1h05, ganando una hora en la ruta actual. Cinco años más tarde, según la presidencia de la GPSO, un tramo que toma prestado el este del bosque de las Landas debería llevar Dax a Burdeos en veinte minutos menos que la ruta existente.
En abril, el prefecto de Occitania Pierre-André Durand, también coordinador de la GPSO, confirmó en France Bleu que la puesta en marcha de la línea de alta velocidad Burdeos-Toulouse aún estaba prevista para 2032 y que la obra comenzaría «en principio en el final del año».
El presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset (PS), y sus otros partidarios defienden un proyecto «verde» que permitiría que los 10.000 camiones que llegan cada día desde España estén «fuera de circulación», liberando las líneas existentes para el transporte de mercancías.
Pero los opositores denuncian un «proyecto mortal» que creen que conduciría a la artificialización de 5.000 hectáreas, en particular cruzando el valle de Ciron, un afluente del Garona, donde hay un hayedo ancestral.
«No podemos aplastar la cuenca de Aquitania cuando vemos las crisis (de sequía) que tenemos», dijo a la AFP Pauline Dupouy, portavoz de LGV-NiNa. «Es el momento adecuado para reaccionar, no es demasiado tarde, el trabajo no ha comenzado».
Los opositores también critican la imposición de un impuesto a los equipos especiales (TSE) en 2.000 municipios cercanos a la ruta para financiar un «proyecto faraónico» valorado en 14.000 millones de euros. Esta dotación debe ser sufragada en un 40% por el Estado, en un 40% por los entes locales y en un 20% por la Unión Europea.
