Sesenta y cinco cuidadores y empleados de hospitales de dieciocho establecimientos de Auvergne-Rhône-Alpes solicitaron, el miércoles, al tribunal administrativo de Lyon, la anulación de su suspensión pronunciada en el momento de la crisis sanitaria por haber rechazado la vacuna contra el Covid-19 .
“No es una pelea antivacunas, es una pelea legal. La ley no fue hecha correctamente, provocó situaciones de discriminación. Estamos pidiendo al tribunal que restablezca los derechos del personal, cuando han sido injustamente condenados al ostracismo”, dijo a la AFP Thomas Benages, un abogado que defendió a cuarenta cuidadores del Loira y Puy-de-Dôme.
El personal afectado fue suspendido a partir de septiembre de 2021, en virtud de la ley del 5 de agosto del mismo año que impone el pase de vacunación a todo el personal sanitario. La duración de su suspensión puede haber variado, las contaminaciones de Covid, en particular, han podido dar a algunos la inmunidad necesaria. Un decreto del 15 de mayo permite ahora su reincorporación.
“No estoy en contra de las vacunas en absoluto. Pero rechacé aquella para la que no teníamos perspectiva, la que se nos impuso de la noche a la mañana, sin explicación. Pedí soluciones, teletrabajo, mi establecimiento no tuvo entendimiento, la suspensión cayó como un castigo. Es muy violento”, testificó Sylvia Coroforo, de 52 años. Dudando en volver a la profesión que ejerció durante dieciocho años, la ex secretaria administrativa del hospital de Villefranche-sur-Saône (Rhône) permanece disponible.
Enfermeras, camilleros, técnicos de laboratorio o guardias de seguridad han expresado un sentimiento de “ira”, “degradación” e “invisibilidad”. “De repente, te cierran la puerta de tu trabajo, no eres nada. Todas mis vacunas están al día, pero esta, quería dar un paso atrás”, cuenta Arianne, de 42 años, que encontró trabajo en una guardería tras su suspensión de veinte meses del centro hospitalario de Forez (Loira).
Para Me Benages, las nociones legales de discriminación y error manifiesto de apreciación deben permitir anular las decisiones de suspensión y, en consecuencia, restablecer los derechos y salarios por los períodos correspondientes. En la audiencia, el relator público se pronunció en contra de la cancelación de las suspensiones, recordó que la ley del 5 de agosto de 2021 había impuesto la obligatoriedad del pase de vacunación «a todo el personal sanitario», y afirmó que no se trataba de una sanción. El juicio se ha reservado, probablemente en aproximadamente un mes y medio.
