Le Figaro Niza

Hace casi un mes, el 12 de octubre, Gérard Manzanares, un agente de la Metrópolis de Niza asignado al servicio de recogida y reciclaje, fue encontrado muerto en su apartamento de Niza después de que los vecinos dieran la alarma. Este hombre soltero y sin hijos, de sólo 60 años, vivía solo y sobre todo lejos de su familia, que no vive en el departamento de Alpes Marítimos. Un primo lo llamaba de vez en cuando pero eso es todo. Desde 2021 está de baja por enfermedad tras un derrame cerebral que le dejó gravemente incapacitado.

Según el médico de Samu enviado al apartamento el 14 de octubre, la muerte se remonta al 3 de agosto, casi tres meses antes del descubrimiento del cuerpo. Como nadie lo había reclamado en el plazo legal de una semana antes del entierro, el ayuntamiento se hizo cargo de los restos del hombre de sesenta años. En tales circunstancias, es habitual que el municipio intente ponerse en contacto con los familiares, incluso si no existe ninguna obligación legal de hacerlo. Pero no aquí. En particular, las hermanas de Gérard Manzanares no fueron informadas.

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“Se llevó a cabo una investigación administrativa, prevista para tal caso, de conformidad con la ley. Sin embargo, los agentes del estado civil no tienen poderes de investigación. Sólo se pueden consultar los expedientes accesibles”, afirma Bertrand Sourrisseau, director de recursos humanos de la ciudad de Niza. El director de recursos humanos precisa que, no obstante, dos miembros de la familia fueron identificados, pero que también habían fallecido. “Sin familiares identificados y según lo previsto por la ley, el municipio se hizo cargo, por tanto, del entierro del difunto”, explica nuevamente.

Al final, la familia del empleado metropolitano no se enteró de su muerte hasta varios días después de que se celebrara su entierro en un lugar del cementerio oriental de Niza. Sus compañeros tampoco fueron advertidos. Según un familiar del fallecido, éste quería descansar en Pradet, en Var, cerca de su hermano gemelo y de su padre. “Si no hay reparación, por tanto cremación en el crematorio y repatriación al cementerio de Pradet, la familia presentará una denuncia. Estamos esperando un retorno adecuado”, especifica. “Obviamente, según lo dispuesto por la ley, la familia ahora puede realizar un funeral y un entierro según sus deseos a expensas de la comunidad. Apoyaremos a la familia lo mejor que podamos y estaremos a su lado”, promete la ciudad.

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Otro problema, la fecha de muerte de Gérard Manzanares. Si el médico de Samu inicialmente había fechado el 3 de agosto en un primer certificado de defunción, un segundo certificado lo trasladó al 15 de septiembre después de que un familiar certificara haber hablado con él por teléfono el 19 de septiembre. Es decir, cuatro días después de su presunta muerte… En cualquier caso, tal modificación de un certificado de defunción debería haberse presentado ante un juez, lo que no fue el caso en este caso. “El funcionario del estado civil puede corregir directamente un error relativo a la fecha de defunción en un acto del estado civil previa presentación de un certificado de defunción. Desde el decreto del 6 de mayo de 2017, el registrador civil es directamente competente para realizarlas, en particular para la fecha de fallecimiento”, justificamos además por parte del Ayuntamiento. Así, la nueva fecha fue objeto de una mención al pie del certificado de defunción del fallecido, titulada “mención correctora”.