El gobierno español anunció que había desclasificado, a petición de los tribunales, documentos relacionados con escuchas telefónicas ilegales contra el actual presidente de Cataluña (noreste del país) utilizando el software espía israelí Pegasus. «El Gobierno, a petición de un juez, ha llevado a cabo una desclasificación parcial en este caso concreto», afirmó Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. .

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentó en 2022 una denuncia contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el espionaje del que había sido víctima utilizando Pegasus, un software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

El asunto estalló en abril de 2022, tras la publicación de un informe de la organización canadiense Citizen Lab, que afirmaba que 60 personas del movimiento separatista catalán habían visto sus teléfonos móviles pirateados mediante este software. Según Aragonès, este espionaje se habría producido entre 2018 y 2020, es decir, habría comenzado el año siguiente del intento de secesión de Cataluña, cuando él era vicepresidente del Gobierno regional.

El caso fue entregado a un juez de Barcelona, ​​ante el que Aragonès prestó declaración el 13 de diciembre. Luego declaró que el gobierno de izquierdas de Sánchez tenía la «obligación ética y moral» de desclasificar los documentos. El partido de Aragonès, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), tiene siete diputados en el Parlament, sin cuyo apoyo Sánchez no puede gobernar.

El juez de Barcelona que investiga el caso imputó a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, que tuvo que dimitir en mayo de 2022 pagando el precio de este asunto. Según se filtró entonces a la prensa, Esteban había admitido, durante una comparecencia a puerta cerrada ante una comisión parlamentaria, que el CNI había espiado a 18 líderes independentistas, entre ellos Aragonès. Sin embargo, habría afirmado que este espionaje se llevó a cabo bajo la supervisión de los tribunales.

La desclasificación de los documentos anunciada el martes dará lugar a que Esteban comparezca a su vez ante el juez. Su aparición fue pospuesta hasta diciembre. Alegría destacó que la desclasificación no afectó “de ninguna manera” la seguridad nacional del país y agregó que el gobierno fue “el primer interesado en que se resuelva este asunto”.