El Gobierno español anunció el viernes el traslado de cinco exmiembros de la organización separatista vasca ETA a prisiones del País Vasco (norte), poniendo fin de facto a su «dispersión» en prisiones remotas de esta región.
Esta política venía siendo aplicada desde los años 80 por gobiernos españoles de derecha e izquierda para evitar vínculos entre miembros de ETA, organización a la que se atribuyen más de 850 muertos en más de 40 años de violencia, y su entorno. Supuso su encarcelamiento en cárceles situadas hasta 900 km del País Vasco.
Desde la llegada al poder en 2018 del socialista Pedro Sánchez, pocas semanas después de la autodisolución de ETA, el Gobierno español ha trasladado paulatinamente a decenas de exetarras a prisiones del País Vasco o de provincias limítrofes. «Las autoridades penitenciarias han coordinado con el Departamento de Justicia del Gobierno (autonómico) vasco el traslado de cinco condenados por terrorismo», dijo el Ministerio del Interior en un comunicado este viernes.
Entre estos cinco detenidos se encuentra Irantzu Gallastegui Sodupe, apodada «Amaia», compañera de «Txapote», uno de los exdirigentes de ETA. Encarcelada desde 2005, fue sentenciada a 30 años de prisión, incluso por varios asesinatos. Estos últimos traslados han enfadado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). “Responsable de aglutinar al 100% de los presos de ETA en las cárceles del País Vasco y Navarra”, el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado “que (estaba) del lado de los terroristas y no de sus víctimas”, ha denunciado esta organización en comunicado de prensa.
Heredero del escaparate político de ETA, el partido separatista vasco EH Bildu, que apoya habitualmente en el Parlamento los textos del Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, saludó el fin de esta política.
«Se cierra un ciclo de política penitenciaria, un ciclo cuya única ganancia ha sido la cruel prolongación del sufrimiento» de las familias de los etarras encarcelados, a los que esta formación sigue considerando «presos políticos», ha declarado su coordinador Arnaldo Otegi. él mismo un ex miembro de ETA.
Principal formación de la oposición de derecha, el Partido Popular (PP), al igual que la AVT, denunciaron esta decisión en voz de su líder en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, quien acusó a Sánchez de «aglutinar a toda ETA criminales” en el País Vasco, para pagar una “factura” a Arnaldo Otegi a cambio del apoyo de EH Bildu a su gobierno.
