El pleno de la Asamblea Nacional retomaría esta tarde la discusión en segundo debate del proyecto de ley 23, que establece medidas de exclusión del pago de indemnizaciones a miembros de juntas directivas y alta gerencia en las empresas estatales o mixtas.
Las millonarias sumas de dinero que se han pagado en el Estado por concepto de indemnizaciones a ejecutivos de empresas estatales han generado gran controversia en Panamá. Es por ello que el proyecto de ley 23 busca frenar este tipo de pagos excesivos, especialmente aquellos realizados a funcionarios de libre remoción y con un tiempo definido en su cargo.
Dicho proyecto ha sido objeto de varias modificaciones que deben ser aprobadas por los diputados antes de su implementación. Sin embargo, la discusión se ha visto detenida en ocasiones debido a los cuestionamientos de algunos legisladores sobre posibles conflictos con otras leyes vigentes, como el Código de Trabajo.
El diputado del Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni, ha expresado su preocupación acerca de la posible incompatibilidad del proyecto con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, el diputado perredista Crispiano Adames ha manifestado su sorpresa al enterarse de la discusión del proyecto y ha pedido la presencia de la ministra del Trabajo y representantes sindicales en el debate.
La diputada panameñista Ariana Coba, proponente del proyecto y presidenta de la Comisión de Comercio, ha aclarado que la iniciativa busca únicamente eliminar el beneficio de indemnizaciones a funcionarios de libre remoción y con un tiempo definido en su cargo, sin afectar las convenciones colectivas de las empresas estatales. Además, ha señalado que el proyecto fue ampliamente discutido en primer debate.
La polémica en torno a las millonarias indemnizaciones otorgadas a ejecutivos de empresas estatales se intensificó al final del gobierno pasado, cuando varios altos funcionarios recibieron pagos exorbitantes mediante acuerdos mutuos. Este hecho generó el rechazo del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien calificó la situación de «juega vivo».
La propuesta de ley incluye modificaciones a cuatro leyes existentes, específicamente la Ley 6 de 1997, la Ley 23 de 2003, la Ley 76 de 2010 y la Ley 109 de 2013. De ser aprobada, la norma sería aplicable a empresas estatales como la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), Tocumen S.A., la Empresa Nacional de Autopistas y el Metro de Panamá.
Las cuantiosas indemnizaciones pagadas por ETESA a funcionarios de alto perfil han sido objeto de críticas y controversias. Sin embargo, la empresa ha defendido dichos pagos asegurando que estaban amparados por la ley y autorizados por la Junta Directiva. Según un comunicado emitido por ETESA, los acuerdos de indemnización estaban contemplados en la Política General de Beneficios para Trabajadores de la empresa.
Las modificaciones propuestas al proyecto de ley 23 buscan establecer normas para la exclusión del pago de indemnizaciones por despidos, renuncias o mutuo acuerdo a miembros de juntas directivas, trabajadores de alta gerencia, personal de confianza y cargos de la cadena de mando de alta gerencia. Estas modificaciones afectarían a empresas como ETESA, Tocumen S.A., la Empresa Nacional de Autopistas y el Metro de Panamá.
En resumen, el proyecto de ley 23 busca poner fin a los pagos excesivos de indemnizaciones a ejecutivos de empresas estatales, garantizando la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos. La discusión en la Asamblea Nacional continúa, con la esperanza de lograr consenso y aprobar una normativa que beneficie a la sociedad panameña en su conjunto.
