La mala noticia, aunque esperada, se hizo oficial el domingo por la tarde. En TF1, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció que la factura eléctrica de los franceses aumentaría el 1 de febrero del 8,6% al 9,8%, en función de los contratos firmados. Si “el 97% de los hogares franceses” experimentan un aumento inferior al 10%, como recordó el jefe de Bercy, la píldora es difícil de pasar. Sobre todo porque la inflación, que se ha desacelerado en los últimos meses, sigue afectando a los hogares, especialmente a los más pobres. En concreto, este nuevo aumento representaría un aumento de 93 euros al año y por hogar, según una nota del gabinete Asterès. Según el nivel de vida, oscilará entre los 74 euros, para los franceses más modestos, y los 120 euros, para los más ricos.
La pérdida de poder adquisitivo se mide en un 0,2% de media. “Las diferencias son, sin embargo, significativas según el nivel de vida de los hogares, porque su renta disponible y el porcentaje de su gasto dedicado a energía son muy diversos: el 10% de los hogares con ingresos más bajos experimentará una pérdida de poder adquisitivo del 0,6%, frente a una pérdida limitada al 0,1% para el 10% más rico”, señala el estudio.
El gobierno está postergando las cosas. E insiste en su compromiso: que la revisión de la tarifa eléctrica regulada, que se realiza cada año el 1 de febrero y el 1 de agosto, se limite a un incremento del 10% como máximo. Por tanto, aumentó un 4% en febrero de 2022, un 15% en febrero de 2023 y un 10% en agosto de 2023. El aumento total en dos años es, por tanto, del orden del 43 al 44%. Y la cosa no ha terminado: se producirá un nuevo aumento a principios de 2025.
