Hace 18 años, en la Ciudad de Panamá, se produjo un trágico envenenamiento masivo por dietilenglicol que dejó una marca imborrable en la historia del país. Lo que comenzó como la distribución de medicamentos para tratar resfriados por parte de la Caja de Seguro Social en 2006, resultó en la muerte de cientos de panameños y en la afectación de miles de personas que todavía luchan por ser reconocidas y recibir el tratamiento adecuado.
En conmemoración de este triste evento, la Coordinadora Nacional de las Víctimas del Envenenamiento Masivo por Dietilenglicol ha intensificado sus esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los pacientes afectados. Su objetivo es modificar la Ley 12 de abril de 2015 para garantizar un cuidado digno y equitativo para aquellos que han sido ignorados durante años por la CSS y el Ministerio de Salud.
Recientemente, el secretario de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, recibió a los miembros de la Coordinadora Nacional para escuchar sus peticiones y se comprometió a revisar el informe que están preparando. La esperanza es que estas solicitudes se conviertan en un proyecto de ley que finalmente haga justicia a los afectados, reconociendo su sufrimiento y cubriendo sus necesidades no satisfechas.
Según la abogada Aminta Quintero, representante de la Coordinadora Nacional y también víctima del envenenamiento, más de 3,000 personas afectadas no están recibiendo la atención médica que necesitan. Además, el alto costo de los medicamentos y las pensiones insuficientes empeoran aún más su situación. La formación de una mesa de trabajo para abordar estas preocupaciones es una de las principales demandas de los afectados, ya que muchos de ellos no pueden acceder a los beneficios que la ley les otorga sin la certificación correspondiente.
El envenenamiento por dietilenglicol salió a la luz en agosto de 2006, cuando se comenzaron a detectar casos de lo que se conocía como “Síndrome de Insuficiencia Renal”. Esta tragedia reveló la falta de controles en la cadena de suministro de medicamentos y la negligencia de las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los productos farmacéuticos.
A pesar de los 18 años transcurridos desde el envenenamiento, las víctimas siguen enfrentando obstáculos para obtener la atención y compensación que merecen. La formación de la mesa de trabajo será fundamental para asegurar que las voces de los afectados sean escuchadas y que las modificaciones a la legislación reflejen sus verdaderas necesidades.
Mientras el país recuerda esta trágica fecha, la lucha de las víctimas por justicia y reconocimiento continúa. La reciente iniciativa de reformar la legislación representa una luz de esperanza para aquellos que, después de tantos años, siguen batallando contra las secuelas del dietilenglicol.