Un tribunal de Kenia bloqueó el viernes (26 de enero) la decisión “inconstitucional, ilegal e inválida” del gobierno de enviar mil agentes de policía a Haití, azotado por la violencia de las pandillas, como parte de una misión respaldada por la ONU.

Esta decisión supone un freno a la tan esperada fuerza multinacional para tratar de frenar el creciente caos en este pequeño estado caribeño, donde la violencia de las pandillas ha dejado casi 5.000 muertos, incluidos más de 2.700 civiles, en 2023, según un informe del martes del secretario de la ONU. -General Antonio Guterres.

Ante los llamamientos cada vez más apremiantes del gobierno haitiano y de la ONU, Kenia aceptó liderar esta fuerza de 2.500 a 2.600 hombres, esperada «durante el primer trimestre de 2024», según el representante especial adjunto de la ONU en Haití. Pero esta decisión, validada por el parlamento keniano el 16 de noviembre, provocó fuertes protestas en este país de África Oriental.

Su oponente, Ekuru Aukot, apeló en particular ante el Tribunal Superior de Nairobi, argumentando que esta misión era inconstitucional porque no se basaba en ninguna ley o tratado. «El Consejo de Seguridad Nacional no tiene mandato para desplegar agentes de policía nacional fuera de Kenia», afirmó el juez Enock Chacha Mwita.

«Semejante decisión contraviene la Constitución y la ley y, por tanto, es inconstitucional, ilegal e inválida», añadió. El jueves, el ministro haitiano de Asuntos Exteriores volvió a instar al rápido envío de refuerzos a la isla. “Cada día que pasa sin este apoyo tan esperado es demasiado para vivir en el infierno de las pandillas”, declaró Jean Victor Généus ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Kenia ya ha participado en varias operaciones de mantenimiento de la paz en países vecinos (RDC, Somalia) y en otras partes del mundo (Liberia, Timor Oriental, antigua Yugoslavia, etc.). Las autoridades de Nairobi han sido duramente criticadas desde que anunciaron su decisión de enviar agentes de policía a Haití, un país muy inestable y peligroso.

La decisión del Tribunal Superior supone un revés para las autoridades kenianas. El presidente William Ruto dijo que este despliegue era una “misión para la humanidad” en un país devastado, según él, por el colonialismo.

Según la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en octubre por 13 votos a favor y 2 abstenciones (China y Rusia) tras difíciles negociaciones, esta “misión multinacional de apoyo a la seguridad” ajena a la ONU estaba prevista para “un período inicial de doce meses”, con una reevaluación después de las nueve.

La resolución también pidió a la futura misión «tomar medidas apropiadas en materia de gestión de aguas residuales» para prevenir la propagación de enfermedades. Una recomendación probablemente destinada a tranquilizar a los haitianos que guardan muy malos recuerdos de la última fuerza internacional desplegada en su territorio.

De hecho, los cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), presente de 2004 a 2017, trajeron el cólera, provocando una epidemia que causó más de 10.000 muertes. Este episodio explica en parte por qué la futura fuerza no se creará bajo la bandera de la ONU. En un contexto de terror, con los residentes obligados a huir o esconderse, el país vive una de las «peores» crisis alimentarias del mundo, deplora el martes el informe de la ONU.