(Bruselas) La Comisión Europea amenazó el miércoles con imponer derechos de aduana adicionales a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China a partir del 4 de julio, acusando a Pekín de favorecer ilegalmente a sus fabricantes de automóviles y al mismo tiempo abrir la puerta a un diálogo.
Alemania, cuyos fabricantes están muy involucrados en China, luchó con Suecia y Hungría para evitar sanciones contra los fabricantes chinos, por temor a represalias. Francia y España, por el contrario, presionaron para que se adoptaran medidas específicas y proporcionadas.
Los vehículos fabricados en fábricas chinas pagaban hasta ahora un impuesto del 10% en la UE. Bruselas prevé, en particular, aumentar estos derechos al 17,4% para los fabricantes chinos BYD, al 20% para Geely y al 38,1% para SAIC, tras casi nueve meses de investigación.
Para los demás fabricantes, debería aplicarse un derecho medio del 21%. Su cuantía variará en función de los niveles de subvenciones públicas recibidas.
Estas tarifas provisionales fueron comunicadas a las distintas empresas afectadas y a las autoridades chinas para «estudiar formas de resolver los problemas identificados», explicó la Comisión en un comunicado.
«Si las conversaciones con las autoridades chinas no desembocan en una solución eficaz, estos derechos compensatorios provisionales se introducirían a partir del 4 de julio», pero «sólo se recaudarían si se imponen derechos definitivos», precisó.
Bruselas tendrá cuatro meses, tras la institución de derechos provisionales, para imponer derechos definitivos. Pero los países miembros podrán rechazarlas si al menos 15 de ellos, que representen al menos el 65% de la población de la UE, se oponen a ellas.
Un portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores advirtió el miércoles por la mañana, incluso antes del anuncio de Bruselas, que un impuesto sobre los vehículos fabricados en China sería «perjudicial» para los intereses europeos, denunciando una actitud proteccionista.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció el 14 de mayo un aumento de los derechos de aduana sobre los vehículos eléctricos chinos hasta el 100%, frente al 25% anterior.
Al igual que Washington, la Unión Europea busca proteger su industria frente a la competencia considerada desleal por parte de la industria automovilística china, que ha tomado la delantera en tecnologías de baterías.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció la apertura de una investigación antisubvenciones en septiembre de 2023.
«Como parte de su investigación en curso, la Comisión ha llegado a la conclusión provisional de que la cadena de valor de los vehículos eléctricos de batería de China se beneficia de subvenciones injustas, lo que supone una amenaza de daño económico a los productores de la UE», explicó el ejecutivo europeo en su comunicado.
“Nuestro objetivo no es cerrar el mercado de la UE a los vehículos eléctricos chinos, sino garantizar que la competencia sea justa”, comentó en la red social el comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis.
