Las fórmulas son técnicas ya veces complejas de descifrar. Pero en el dictamen del Consejo Superior de Finanzas Públicas sobre la ley de programación militar (LPM) presentado este martes en el Consejo de Ministros, aparecen los interrogantes. El presidente del Tribunal de Cuentas, Pierre Moscovici, las transmitió el miércoles durante una audiencia conjunta ante los Comités de Finanzas y Defensa de la Asamblea Nacional, una primera de su tipo. Con precauciones de lenguaje, señaló las “incertidumbres” contenidas en la LPM y las “limitaciones” que impone a los demás gastos del Estado. Si estas no son reservas sobre la sinceridad, las advertencias son claras.

La ley de programación militar 2024 2030, que al gobierno le gustaría ver aprobada por el Parlamento antes del 14 de julio, es el resultado de una arquitectura financiera compleja. Prevé 400.000 millones de euros en créditos repartidos en siete años a los que hay que añadir 13.300 millones de ingresos extrapresupuestarios. Para el Consejo Superior de Finanzas Públicas, la trayectoria de los créditos de la LPM es “compatible” con la de las finanzas públicas, tal como figuraba en el proyecto de ley de septiembre de 2022, para los años 2024 y 2025. Para controlar su gasto en el tiempo, y en particular para cumplir su objetivo de reducción del déficit, el Estado se compromete a desarrollar su presupuesto global.

Para los años 2026 y 2027, la Corte «no pudo asegurar directamente» la compatibilidad con las cuentas públicas. Otorga buena fe al gobierno incluso si los incrementos presupuestarios más sustanciales, de 4.300 millones de euros anuales, están previstos a partir de 2028, tras las próximas elecciones presidenciales.

Las sospechas están en otra parte: en los 13.300 millones de euros adicionales que figuran en la LPM. Su financiamiento estaría asegurado por recursos extrapresupuestarios, tales como transferencias de inmuebles, solidaridad interministerial y la movilización de “margen friccional” que resultan de la ejecución de los presupuestos. Para el Consejo Superior, es «poco realista» que estos 13.000 millones provengan de ventas de inmuebles: el importe total recaudado por estas ventas en 2022 asciende a tan solo 101 millones de euros… «El Gobierno no ha dotado de elementos que permitan verificar si los 13.300 millones de euros de gasto adicional previstos en el PLPM fueron efectivamente tenidos en cuenta en la trayectoria de gasto” del proyecto de ley de programación de las finanzas públicas, señalan los magistrados de Cuentas del Tribunal al cuestionar el impacto de esta “incertidumbre”.

Leer tambiénPresupuesto de los ejércitos: arbitrajes tensos y esperados

Estas recetas “no son inciertas”, replicó el ministro de las Fuerzas Armadas Sébastien Lecornu durante otra audiencia en la Asamblea, refutando una estimación “con el dedo mojado”. Prometió dar detalles. Para los ejércitos, los posibles ajustes futuros no dejarían de tener consecuencias. “No hay nada de más” en la LPM, coincidió el ministro.

Si el LPM es ambicioso para responder a los desafíos de seguridad, pesará mucho en las cuentas de Francia, que está más endeudada que sus vecinos. Los esfuerzos anunciados para la defensa, pero también la seguridad interior o la investigación, que han sido objeto de leyes de programación, suponen «una reducción del volumen de otros gastos del Estado» para hacer frente a sus compromisos financieros, ha señalado Pierre Moscovici. El Consejo Superior ha valorado esta caída en un 1,4% en el resto de ámbitos de actuación pública. Esta ecuación políticamente explosiva se complica con la inflación. El presidente del Tribunal de Cuentas recordó que, desde su punto de vista, la hipótesis adoptada por el Gobierno era «bastante débil». Si el escenario es peor de lo esperado, los márgenes financieros se reducirán aún más.

La necesidad de rearme, que pocos líderes políticos cuestionan, corre el riesgo de forzar elecciones de prioridad política. “Los esfuerzos militares no deben competir con otros esfuerzos, por ejemplo en salud, educación o preservación ambiental”, advirtió el presidente del comité de finanzas Eric Coquerel (LFI). “Señalo el problema”, dijo sin lanzar ninguna polémica. Por el momento.