La propuesta de legalización de invasiones de terrenos y la controversia en la Asamblea Nacional de Panamá
En la Ciudad de Panamá, una iniciativa para legalizar las invasiones de terrenos y frenar los desalojos ha llegado a la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, generando un intenso debate en la sociedad panameña. Esta propuesta surge como respuesta al anuncio realizado en julio pasado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a cargo de Jaime Jované, en el cual se planteaba la penalización de las invasiones tanto en terrenos privados como estatales.
La propuesta ciudadana plantea la suspensión de los lanzamientos o desalojos realizados por invasores, precaristas o asentamientos informales que hayan vivido en un terreno por más de un año. Además, solicita la «legalización» del terreno a favor de los invasores, precaristas y asentamientos informales que hayan residido en la propiedad por un período igualmente prolongado.
Expropiación por razones de interés social
En el caso de terrenos privados, la iniciativa propone la «expropiación» de la propiedad por razones de interés social de vivienda, siempre y cuando se realice una indemnización previa al propietario. Esta medida se ampara en el artículo 48 de la Constitución panameña, el cual establece que «la propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe cumplir. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización».
Según la propuesta, aquellos que actúen como invasores, precaristas o habitantes de asentamientos informales y deseen acceder a este «beneficio» no deben poseer propiedad o terreno registrado a su nombre. El abogado José Luis Galloway, proponente de esta iniciativa, argumenta en la exposición de motivos que las invasiones son consecuencia de políticas públicas deficientes en materia de vivienda, donde la prioridad ha sido fortalecer a inmobiliarias, bancos y amigos, violando así el artículo 117 de la Constitución.
Violación de la Constitución y el Código de la Familia
Galloway también señala que la propuesta del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de elevar a la categoría de delito las invasiones a terrenos es contraria al artículo 626 del Código de la Familia. En su opinión, la política gubernamental no aborda de manera efectiva un problema social, y por tanto, es necesario buscar soluciones que tengan en cuenta el interés de la vivienda como un derecho fundamental.
Por su parte, Jované ha expresado que ante la proliferación de ocupaciones ilegales de tierra que generan conflictos en las comunidades y exposiciones mediáticas por los desalojos, es imperativo impulsar un proyecto de ley que busque una planificación efectiva y una comunicación interinstitucional. El objetivo es detener las invasiones informales y, al mismo tiempo, cumplir con la formalización de los asentamientos que buscan obtener su titulación de propiedad.
Según la Dirección Nacional de Asentamientos Informales del Miviot, las provincias de Panamá Oeste, Panamá Este y Bocas del Toro son las que presentan un mayor número de reportes de asentamientos informales en el país, lo que evidencia la urgencia de abordar esta problemática de manera integral y efectiva.
Impacto en la sociedad panameña
La propuesta de legalización de invasiones de terrenos ha generado opiniones encontradas en la sociedad panameña. Por un lado, hay quienes apoyan la iniciativa como una medida necesaria para proteger a aquellos que carecen de vivienda digna y han ocupado terrenos de forma precaria. Consideran que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la vivienda y buscar soluciones para erradicar la informalidad habitacional en el país.
Por otro lado, existen críticas hacia la propuesta, argumentando que legalizar las invasiones de terrenos podría incentivar la ocupación ilegal de propiedades y desincentivar la inversión en el sector inmobiliario. Además, se plantea que la expropiación de terrenos privados sin consentimiento del propietario podría vulnerar el derecho a la propiedad privada y generar conflictos legales y sociales en el futuro.
En medio de esta polémica, es fundamental que se promueva un diálogo abierto y constructivo entre los diferentes sectores de la sociedad panameña, con el objetivo de encontrar soluciones equitativas y sostenibles para abordar el problema de las invasiones de terrenos y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La Asamblea Nacional de Panamá jugará un papel crucial en la toma de decisiones que impactarán directamente en la vida de miles de familias en el país.
