La Comisión Europea inició el miércoles un procedimiento de infracción contra Hungría, tras la adopción, a mediados de diciembre, de una legislación que crea una autoridad de control que supuestamente impedirá la “injerencia extranjera” en el proceso electoral y “protegerá la soberanía” del país. Este paquete legislativo, que prevé penas de prisión, es denunciado por ONG y críticos del primer ministro nacionalista Viktor Orban, que lo ven como una nueva ofensiva destinada a amordazar a los contrapoderes.

El Ejecutivo europeo precisó, en un comunicado, que había enviado a Budapest una carta de emplazamiento por violaciones del Derecho de la UE. El gobierno húngaro tiene ahora dos meses para responder. Si la Comisión liberó unos 10.000 millones de euros para Hungría a mediados de diciembre, 21.000 millones de fondos europeos destinados a Hungría siguen congelados por la UE en el marco de diversos procedimientos debido a supuestas violaciones del Estado de derecho en Budapest.

Después de “una evaluación en profundidad”, “la Comisión expresa serias preocupaciones sobre la conformidad (de la nueva ley) con la legislación de la UE”, en particular en relación con “el principio de democracia, los derechos electorales, el respeto de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, Protección de datos de la UE y varias normas aplicables al mercado interior”, explica un portavoz. “Además, la creación de una nueva autoridad con amplios poderes y un régimen estricto de seguimiento y sanciones corre el riesgo de dañar gravemente la democracia en Hungría”, añadió en una conferencia de prensa.

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Creada en vísperas de las elecciones europeas y municipales de junio de 2024, esta “oficina independiente para la protección de la soberanía” tendrá la misión de “investigar” los “ataques ilegales” que amenazan la seguridad nacional, incluidas las actividades de las organizaciones que se benefician de financiación extranjera.

El Gobierno húngaro acusa periódicamente a la UE y a “varias organizaciones extranjeras”, en particular estadounidenses, de “distribuir miles de millones de euros” a la oposición para “influir en la elección de los votantes”. Las investigaciones de la autoridad, dirigida por un amigo íntimo de Viktor Orban, podrían conducir a la apertura de investigaciones judiciales, con posibles penas de prisión para cualquier candidato electoral implicado. Otra preocupación: su poder ilimitado e irrecurrible para solicitar datos sensibles e información privada.

Varias ONG de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denunciaron el deseo del gobierno de “silenciar las voces críticas”, creyendo que “periodistas, empresas, sindicatos, iglesias y municipios” podrían ser atacados. Estados Unidos dijo que estaba “preocupado” por una “ley incompatible con nuestros valores compartidos de democracia, libertad individual y estado de derecho” que proporciona al gobierno “herramientas draconianas que pueden usarse para intimidar y castigar a personas cuyas opiniones no son compartidos por el partido gobernante” Fidesz.