El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha tomado la decisión de vetar cinco proyectos de ley durante su mandato. Estos proyectos fueron aprobados en la Asamblea Nacional pero el presidente considera que van en contra de la Constitución y otras leyes del país.
Uno de los proyectos vetados fue el proyecto de ley 61 sobre ciberdelincuencia. Aunque el presidente reconoce la importancia de fortalecer las leyes contra los delitos cibernéticos, considera que este proyecto tiene deficiencias significativas que podrían llevar a la criminalización de actividades legítimas.
Otro proyecto vetado fue el proyecto de ley 15 que garantiza el acceso al agua potable. El presidente argumentó que la regulación del acceso al agua debe basarse en la Constitución y destacó que la Autoridad del Canal de Panamá tiene competencia exclusiva sobre la gestión de los recursos hídricos de la Cuenca del Canal.
Además, el presidente objetó parcialmente el proyecto de ley 23, que excluía del pago de indemnizaciones a ciertos altos ejecutivos en empresas estatales. Consideró que este proyecto vulneraba los derechos fundamentales de los servidores públicos y presentaba incongruencias con otras leyes.
También se vetaron dos proyectos impulsados por la diputada Lilia Batista. Uno de ellos buscaba establecer el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos en Panamá. El presidente consideró que este proyecto transfería erróneamente la responsabilidad de proteger los derechos humanos del Estado a la ciudadanía.
Finalmente, el presidente objetó el proyecto de ley 36, que modificaba la Ley 75 de 2017 para promover la alimentación saludable en los centros educativos. La Constitución establece que si el Ejecutivo devuelve un proyecto con objeciones, la Asamblea Nacional debe revisarlo.
Estos vetos del presidente Mulino muestran su compromiso con el respeto a la Constitución y las leyes panameñas, asegurando que las propuestas legislativas sean coherentes y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
